Por el desarrollo económico de León

El sábado, 3 de febrero de 1906, salió a la calle el primer número de DIARIO DE LEÓN, uniéndose a los tres periódicos que en aquel momento se publicaban en la ciudad: El Porvenir de León , León de España y La Democracia . Todos ellos de marcado carácter político partidista y vinculados a otros tantos importantes personalidades de la historia de León del primer tercio del siglo XX. DIARIO DE LEÓN surgió para promover valores sociales sin vinculación directa con ningún partido político

En la primera década del siglo XX la provincia de León contaba casi con cuatrocientos mil habitantes (el 2% del total nacional), y se situaba en la posición vigésimo primera entre las provincias más pobladas. En un país todavía escasamente urbanizado, León presentaba un perfil muy rural pues el 86,4% de sus habitantes residía en municipios con población inferior a los 5.000 habitantes. Esta localización poblacional respondía a una actividad productiva dependiente del sector agrícola como lo demuestra el hecho de que el 84% de su población ocupada trabajaba en este sector, frente al 64% de media nacional. A esta preeminencia del sector agrario pronto se añadió la actividad minera atrayendo población y actividades complementarias, fundamentalmente servicios (comercio, hostelería y diversos servicios para empresas y personas) a los municipios mineros.

Durante las siguientes décadas la población leonesa creció constantemente hasta llegar a los 584.594 habitantes en 1960, lo que suponía estar en la décimo octava posición entre las provincias más pobladas. A partir de aquí se produce un descenso continuado que nos ha llevado a la trigésimo segunda posición en 2020. Ello se ha debido a la pérdida de población tanto en los municipios rurales como en los mineros, que no ha podido ser compensado por el crecimiento de los municipios urbanos. En concreto, los municipios rurales han pasado de tener 378.000 habitantes en 1950 a 162.863 en 2020. Por su parte, los municipios mineros que en 1910 representaban el 13% de la población provincial total en 2020 han bajado al 10,9%, alcanzando sus mayores pérdidas en las tres últimas décadas en donde se han perdido 32.000 habitantes. La contrapartida a esta negativa evolución, aunque insuficiente para compensarla, está en el incremento del peso de los municipios urbanos que ahora representan el 56,7% de la población total provincial. Esta evolución demográfica ha sido el reflejo de la evolución de la economía provincial.

Desde la aparición del modelo económico establecido en España a partir del Plan de Estabilización de 1959, León no se ha podido beneficiar de las medidas establecidas en la década de los sesenta con el establecimiento de los llamados polos de desarrollo y promoción industrial, ni del proceso de reconversión industrial desarrollado en los ochenta, ni de las expectativas generadas por el establecimiento de las autonomías. En el régimen anterior quedamos fuera de las localidades elegidas como polos y en el Estado de las autonomías, defendido como medio para eliminar el centralismo y reducir los desequilibrios territoriales, no se han preocupado por diversificar territorialmente el desarrollo regional. El resultado ha sido la sustitución de un centro único por un centralismo multifocal y el incremento de las desigualdades entre los diferentes territorios de España e incluso dentro de la mayoría de sus comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, la evolución de la franja oeste es ejemplar en este proceso: desde 1980 León, Zamora y Salamanca han perdido 165.945 habitantes, más de 51.000 empleos y el peso de su PIB sobre el total nacional pasó del 2,4% en 1980 al 1,7% en 2018, sin que ello haya sido suficiente para establecer un plan de desarrollo específico de este territorio.

En la década de los noventa la población leonesa se manifestó masivamente en varias ocasiones (1991, 1992 y 1996) denunciando el retroceso económico y la ausencia de medidas efectivas para revertir su situación. La única respuesta obtenida fue el establecimiento de una plataforma unitaria (Pacto por León) que no obtuve ningún resultado y se diluyó al poco tiempo. Desde este momento asistimos periódicamente a actuaciones puntuales que solo buscan evitar el impacto social del cierre de alguna industria concreta. Mientras tanto, los datos económicos y demográficos año tras año continúan su trayectoria descendente.

El modelo productivo leonés se ha basado en la explotación de recursos naturales (agricultura, ganadería, minería, energía eléctrica y capital humano cualificado) que eran enviados fuera de la provincia para su aprovechamiento por el sector industrial obteniendo productos de mayor valor añadido lejos de nuestro territorio. Actualmente León se encuentra en un momento decisivo para afrontar su futuro y darle la vuelta a esta situación. Pero para ello se necesitan inversiones foráneas de carácter industrial porque con las fuerzas locales es insuficiente. Estas inversiones productivas no se van a producir solo con bonitas palabras, discursos de unidad y pronunciamientos unánimes. Lo que un inversor foráneo o extranjero demanda es estabilidad laboral, mano de obra formada, facilidades de instalación, suelo industrial disponible, infraestructuras adecuadas y unas condiciones económicas, fiscales y financieras que hagan nuestra localización más atractiva que quedarse en la gran capital, donde hay más población, más empresas, mejores y mayores comercios y servicios, clientes más cerca y mejores ayudas directas. En definitiva, necesitamos un plan de desarrollo que establezca un marco normativo diferenciado para nuestro territorio con el objetivo de impulsar el crecimiento económico a través de la incorporación de nuevas actividades productivas. Esto precisa el compromiso concreto de las administraciones nacional y autonómica, y para lograrlo resultan imprescindibles los medios de comunicación. Ellos cuentan con los medios y el lenguaje adecuado para llegar a la opinión pública, influir en nuestros dirigentes, y reclamar una política activa en el desarrollo económico, y en la lucha por la reducción de las desigualdades territoriales, como demanda la Constitución española.