Calmar el tráfico para beneficiar al medio

León elevó el sintagma del «calmado del tráfico» a categoría. Sobre este concepto, el Ayuntamiento ha ejecutado cinco reurbanizaciones de calles con el objetivo de atenuar la circulación para que, como consecuencia, se reduzca el uso del vehículo privado en beneficio del público y los itinerarios a pie. Al final, parte de ellas han acabado en peatonalizaciones, amparadas en las peticiones vecinales y en contra de lo que se anunció antes de las elecciones municipales, como sucedió en de Alfonso V, Gil Carrasco y Ramiro Valbuena; mientras que otras, como el último tramo de Padre Isla, y José María Fernández se mantuvo el guion previsto, que pasaba por subir la calzada al nivel de las aceras, reducir los carriles de tránsito y colocar nuevo mobiliario urbano para estimular el disfrute de los ciudadanos.

La estrategia, al rebufo de la peatonalización de Ordoño II, incide en la necesidad de reducir la contaminación provocada por el tráfico viario. Las intervenciones, cifradas en 7,3 millones de euros, de los cuales 5 los aporta la Unión Europea, buscan una menor circulación, sobre todo en la zona centro de la ciudad, sin que se haya decidido limitar la marca a una zona de bajas emisiones como la de Madrid y otras capitales. No la habrá «en principio», según comprometió al alcalde, José Antonio Diez, antes del inicio de los trabajos.

Pero sí que se han empezado a colocar medidores de calidad atmosférica para que, en caso de que se superen unos niveles, se pueda adoptar la decisión de restringir el tránsito, en algunos momentos, para que sólo puedan pasar los residentes, servicios y determinados vehículos en función de su catalogación ambiental. Las limitaciones se circunscribirían dentro de un primer anillo que, en el borrador, dibujaba su contorno por Padre Isla hasta Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, Roma, avenida de la Facultad, Lancia, Independencia y Santo Domingo.

Esta fase aún no está asentada. No tiene plazo de puesta en funcionamiento, sino que se fía a ese horizonte indefinido de «en principio» y sin condiciones establecidas todavía que esbozó el alcalde antes de las elecciones municipales para espantar los perjuicios que sufrieron otros regidores por el cierre de una zona de exclusión, como sucedió en Gijón.

Aunque para poder activar un entorno de estas características, el Ayuntamiento ya adjudicó un contrato de 1.919.089,8 euros para la instalación de los equipos de medición, de los cuales 1.427.422,17 euros derivan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a los fondos Next Generation de la UE. Junto con los 52 sensores de calidad del aire fijos y 10 móviles que medirán el ruido ambiente, la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica, el encargo a la empresa Kapsch, la misma que tiene los semáforos de foto rojo y el radar fijo, incluye hasta un centenar de cámaras de lectura de matrículas. Estos dispositivos permitirán no sólo atender la vigilancia del control de qué tipo de vehículos entran dentro de la zona definida como crítica, sino también la posible imposición de multas a los que no cuenten con permiso por su antigüedad o catalogación ambiental, en el caso de que se determine el cierre puntual.