Adiós al reino de las fotocopias

¿Seríamos capaces de recordar cuántas fotocopias de nuestro DNI hemos entregado en el Ayuntamiento, la escuela, la universidad o en la delegación de hacienda? Sin duda, muchas. Vivimos en el reino de las fotocopias, pero cada vez menos.

Llegará el día en que desde una apartada playa podamos votar en las elecciones, modificar nuestra inscripción en el padrón municipal o poner al día todos nuestros impuestos…. Todo eso son cosas de la administración electrónica.

El contexto actual, en que todos los ámbitos parecen llamados a una evolución que garantice la viabilidad de productos, modelos de uso y consumo, podría ser el ideal para propiciar un impulso definitivo a la administración electrónica.

La mejora en eficiencia y eficacia que supone la implantación de medios electrónicos en cualquier tipo de servicio ha quedado perfectamente demostrada en todos los sectores y, junto al papel de la administración como motor de impulso, forma parte de un debate ya superado.

Pero, ¿qué significa la verdadera administración electrónica? En pocas palabras, un beneficio directo para toda la sociedad. Algunos argumentos de peso: la eficiencia que supone en tanto que implica una obligada responsabilidad en la utilización de unos recursos que son de todos y el impacto directo a través de la oportunidad de percibir y disfrutar la simplificación y ventajas que nos proporciona como clientes. Se acabó el tener que pedir permiso en el trabajo para ausentarnos para una consulta en la delegación de la Junta; bastará con disponer de unos minutos y una conexión a Internet.

El esfuerzo de las administraciones públicas españolas para garantizar a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones se reflejan en resultados como el último informe eReadiness de la Organización de las Naciones Unidas, que sitúa a nuestro país en el noveno puesto del ranking mundial y en el quinto del europeo. España ha recibido un premio especial de la ONU por estos avances.

El uso de la administración electrónica en España aumenta cada año, sirva como ejemplo que en el 2011, un 49,7% del total de declaraciones de IRPF presentadas (9,5 millones) se tramitaron por medios telemáticos (Internet, teléfono o SMS), experimentando un crecimiento del 15% en relación al año anterior.

Por otra parte, la implantación de los medios electrónicos en la administración es imprescindible para hacer realidad, por ejemplo, el derecho del ciudadano a «no presentar documentos [...], que ya se encuentren en poder de la Administración actuante», reconocido ya en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pero que continúa sin ser una realidad global en todos los niveles de la administración.

Además de la orientación al cliente o la sencillez de los trámites, parece lógico pensar que, para asegurar una fiabilidad de la documentación, se recurra a la fuente de dicha información, sin necesidad de implicar al ciudadano como portador. A través de los medios electrónicos, este intercambio de información es una opción real y permite responder a esta problemática de una manera eficiente y segura.

En respuesta a lo anterior, los esfuerzos dedicados a lo largo de los últimos años han dado lugar a un sistema de intercambio de datos entre administraciones que permite actualmente la sustitución de los certificados administrativos en soporte papel por el envío, a través de medios telemáticos y con los requisitos de seguridad previstos, de aquellos datos que sean necesarios para el ejercicio, por un organismo, de sus competencias en el marco de un procedimiento administrativo. Este sistema de intercambio constituye un ejemplo de mecanismos de éxito disponibles y que, como tales, han sido objeto de regulación, vía Resolución en nuestro Boletín Oficial del Estado, y serán utilizados por todos los niveles de la administración desde pequeños ayuntamientos a todos los ministerios, a través del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

El desarrollo del ENI, establecido en el apartado 1 del artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, constituye la base común para el diseño, implementación y prestación de servicios de administración electrónica eficaces y eficientes, y, dado su ámbito de aplicación, juega un papel fundamental para la homogeneización, reutilización y optimización de todos los servicios de la administración electrónica y por tanto, para su verdadera implantación.

En este marco, la disponibilidad de trámites administrativos a través de la red ha provocado ya que la oferta de servicios supere a la demanda, sobre todo a nivel de Administración General del Estado con entidades como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social ocupando lugares destacados.

Aunque todavía quedan muchos deberes por hacer, sobre todo en los niveles más bajos de administración, la maquinaria está en marcha. Ahora nos toca a los ciudadanos explotar nuestra administración electrónica, veinticuatro horas al día a nuestra disposición, y sin fotocopias.