«Es un redactor voluble y vicioso»

«Se trata de persona muy voluble y no muy conceptuado. En su vida pública y privada, su conceptuación es mala, se trata de persona poco formal, es hombre vicioso y, a pesar de su estado, se le ve con frecuencia con mujeres poco morales, amparado en su profesión. Por estas malas cualidades salió del Juzgado Municipal de León, donde estuvo como escribiente». Es sólo parte de la descripción que se realiza sobre la vida personal y profesional de un periodista de la ciudad de León en los años que sucedieron a la Guerra Civil española. El legajo forma parte de un paquete de expedientes mucho más amplio sobre todo el personal del periódico Proa encargado por el entonces gobernador civil de León, Carlos Pinilla Turiño. Fueron fechados en julio de 1940, hace exactamente ahora 70 años. Desde entonces, han permanecido ocultos en la colección personal de este poliédrico político, figura clave del franquismo como jefe del Movimiento en León y Zamora y reciclado después en la democracia como senador.

Los papeles se integran en un paquete documental mucho más amplio que los herederos de Carlos Pinilla vendieron recientemente al Ministerio de Cultura y que hoy ya están disponibles en el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, donde se ha realizado un exhaustivo trabajo de catalogación sobre los más de 600 documentos manuscritos, mecanografiados, fotografías y tarjetas de todo tipo que revisan en su conjunto el clima social y político de la provincia de León en los años de posguerra. Revista publicó hace ahora un año el primer reportaje sobre el archivo de Pinilla. Pero un nuevo repaso a estos profusos ficheros permite sacar hoy a la luz documentos inéditos que revelan de forma rotunda cómo se organizó la depuración de periodistas, uno de los episodios menos explorados por investigadores e historiadores.

Quizá el segmento documental que mejor revele cómo se inició la persecución de la prensa después de la guerra es un grupo de tres papeles fechados el 4 de noviembre de 1939, «año de la victoria», tal y como reza al pie de uno de los legajos. Se admite que la Delegación Provincial de Justicia y Derechos tramitaba en ese momento «ciertos expedientes» relativos a la situación de la prensa en León. Por esa razón, «y por creerlo de verdadero interés para la Organización», se remitió a Madrid un informe detallado del personal del periódico Proa por si se estimaba de urgente necesidad «el poner remedio al estado de anarquía y de antifalangismo en que se encuentra nuestro periódico, dando lugar a constantes críticas». No es de extrañar el uso del posesivo «nuestro», puesto que Proa era en ese momento el único periódico local del Movimiento, tras haber sido fundado por Falange al principio del mismo.

Aquellos sabotajes

«Este periódico -”recoge el citado informe-” nació bajo los mejores auspicios, pero en la actualidad se encuentra en una situación de desmoronamiento tal que el público constantemente se aleja de él y aun los más entusiastas no tienen más remedio que reconocer que su actuación no es la que los tiempos exige». Según se describe en estos papeles, parece ser que había trabajadores en el rotativo que saboteaban las ediciones. Solían producirse averías en la maquinaria que retrasaban indefinidamente la hora de salida del periódico y, cuando salía, había noticias que no podían leerse por defectos de impresión. El director tampoco acataba ciertas órdenes del jefe provincial del Movimiento y había noticias oficiales que no se publicaban u omitían el nombre de las jerarquías que acudían a los actos públicos. Se quejaba el informe que el periódico cambiaba las fechas y horas de los actos deliberadamente para que no acudiera nadie. Y que el director, por negligencia o por error, jamás se sancionaba. «Al existir elementos que constantemente dan lugar a críticas por su actuación es por lo que vamos a hacer un informe detallado de ciertos elementos por si de ellos se pudiera sacar la consecuencia de lo que en el periódico viene sucediendo». Redactaba en primera persona el hombre designado por el entonces gobernador franquista en León, Carlos Pinilla Turiño, para perseguir a todos y cada uno de sus trabajadores, principalmente a los más influyentes, entre los que se encontraba Victoriano Crémer y el que fuera director en esa etapa, Carlos Álvarez Cadórniga. Hay informaciones íntimas que nunca podrán ser difundidas, pero hay aportaciones en estos legajos merecedoras de una exploración más profunda para ampliar los contenidos de la Historia de la Prensa Contemporánea en España.

De Victoriano Crémer Alonso, paradigma de periodista imbatible y del que esta semana se cumplía el primer aniversario de su muerte, lo resume todo la frase final de su expediente. «Es elemento muy significativo de acción y peligroso». Este perfil se matiza en otros documentos asegurando que «también ha colaborado en artículos de verdadero sentimiento religioso» o que «ha estado en el frente durante bastante tiempo y que ha merecido de sus jefes la estimación y buenos informes por actos de servicio también buenos». Pero lo cierto es que, a juzgar por el volumen de documentación relativa a su persona respecto al resto de empleados de Proa , se percibe especial preocupación por este jefe de talleres que en aquel momento tenía 31 años de edad y al que se le consideraba un «un anarquista de acción y de los más significados y capaces por sus dotes de inteligencia y preparación, siendo múltiples los artículos, poesías, discursos y hasta obras teatrales publicadas por él, en las que se difundían sus ideas revolucionarias y disolventes para la sociedad».

El perfil del maestro Crémer

Las autoridades del Movimiento en Madrid recibieron un perfil político-social de Crémer -”hay veces que es Kremer, con K-” que le dibujaba como «organizador y principal puntal» del partido sindicalista de Pestaña tras la escisión del anarquismo en 1936. En la reunión celebrada en el domicilio social de dicho partido dijo que «había que exigir al Gobierno que armase al pueblo para defender la República». Se asegura en su informe que «al día siguiente del asesinato del glorioso mártir de la patria Calvo Sotelo, el Victoriano Crémer fue al café Central y allí dijo al camarero: -˜No tengo por norma el salir de noche, pero hoy para celebrar la caída de este elemento lo he hecho y sírvame café, copa y puro-™».

Sólo es la versión oficial

Hay que dar a estos papeles una validez relativa, puesto que se trata única y exclusivamente de la versión oficial de los represores. Sin embargo, se insiste en esta documentación en la extraordinaria influencia de Crémer a todos los niveles. «Por su carácter ambicioso y su inteligencia despierta es fundado el creerle afiliado a la logia de esta capital en la que se ignora su nombre y grado simbólico, tanto más cuanto que tenía la confianza de Pestaña y de todos es conocido el ingreso en la secta de los Hijos de la Viuda». El camarada Carlos Álvarez Cadórniga, director de Proa desde septiembre de 1937, también fue intensamente investigado. Entre la documentación referida a él, hay un informe que podría ser un pliego de descargo contra las acusaciones realizadas contra su persona y su equipo por parte del jefe del Movimiento en León, Carlos Pinilla. Precisamente cita a Crémer y dice de él: «Este hombre ha sido juzgado ya por los tribunales de Justicia Militar que le instruyeron tres sumarios en los primeros meses del Movimiento y otro con posterioridad [-¦]. Estos sumarios fueron todos ellos sobreseídos libremente. Además ha estado en el frente de primera línea y tiene en su poder magníficos certificados de felicitación». Agrega el director de Crémer en su escrito de defensa: «Tiene una rara habilidad para ajustar las planas en un plazo brevísimo de tiempo cada noche y su vasta cultura le permite tener un criterio de valoración muy estimable que desgraciadamente falta en muchos que tienen el carnet de periodistas profesionales». En este sentido, las circunstancias para conseguir ese carné suponían asumir un pasado y un más que probable castigo.

En los primeros años sucesivos al golpe militar del 18 de julio de 1936, Franco empieza a asentar las bases del regimen jurídico que legitima su dictadura durante casi cuatro decenios. El 22 de abril de 1938 aprueba la Ley de Prensa, que establece, entre otras órdenes, la censura previa. Su objetivo es «transmitir al Estado las voces de la nación», ámbito en el que la prensa es contemplada como «un órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva». Esta ley crea un Registro Oficial de Periodistas que permite conocer todos los datos personales, familiares y profesionales de aquellos que pretendan ejercer la profesión a partir de 1939. El ingreso da derecho a obtener un carné de prensa, por otro lado obligatorio para ejercer. El requisito para obtenerlo era firmar una declaración jurada en la que constaban los antecedentes políticos del periodista y el lugar donde trabajaba antes del golpe, lo que sirvió después para depurar la profesión.

Salvador de periodistas

El papel que se le otorga a Carlos Álvarez Cadórniga, abogado de profesión, es el de un hombre clave en el mantenimiento de la libertad de prensa en León durante la Guerra Civil. Se encargó de reclutar a aquellos periodistas sometidos a consejos de guerra o a otro tipo de procesos cuando quedaban en libertad. Eso hizo con Crémer, al que nombró jefe de talleres y colaborador del periódico. Eso le valió una dura reprimenda del entonces gobernador civil y, como tal, jefe provincial de Prensa, quien prohibió a Álvarez Cadórniga «que dicho individuo volviera a escribir ni un solo artículo» por su ideología marxista. También se adjuntaba un informe sobre Julio Aller Pavia, a quien consignó el cargo de administrador tras ser puesto en libertad, y de su hermano Ricardo, al que Cadórniga consiguió que militarizaran en el periódico tras ser llamado a filas como quinto. El director de Proa fue acusado, según los citados documentos, de defender y representar a cuantos llegaban a su casa pidiendo justicia. «Por ello, ha defendido, principalmente ante el Tribunal de Urgencia de la provincia, no sólo a afiliados de CNT, sino a camaradas de la organización y a militantes de partidos de derecha». Ante esto se defendió y alegó que era «falso, tendencioso y canallesco» todo lo que se le atribuía.

«Incapaces, vagos...»

Cadórniga también incluyó en su equipo a Jesús Cantalapiedra Bares, redactor del periódico desde su fundación. Era el encargado de la sección de Espectáculos y había sido sancionado con 200 pesetas por la publicación de un artículo. «No tiene el carnet de periodista y es persona bastante inteligente pero su información ha de ser vigilada constantemente por su marcada intención tendenciosa». Había estado en el frente, donde fue locutor de trincheras y era de rumor público que «al ser tomada la emisora Radio León por las fuerzas Nacionales, éste se negó a colaborar y a transmitir noticias, haciéndolo un oficial del Ejército. «Se le considera con aptitudes para desempeñar cargos públicos, si bien por lo que se deja expuesto no se le deben confiar». Sólo el informe sobre Alfredo Carvajal López se asemeja en contenido a los anteriores. El resto, se trata de breves anotaciones sobre personal de menor influencia dentro del periódico, como las repartidoras, todas mujeres, o trabajadores del área técnica. De Carvajal se aseguraba que no tenía carné de periodista y que «era incapaz de redactar una noticia». «Por su falta de fidelidad y falsedad en los informes y disidente dentro de la Falange fue destituido del cargo de secretario provincial de Investigación y expulsado del servicio. [-¦] Su vida pública es buena, si bien es considerado en esta capital como verdadero sembrador de discordias, aunque siempre para facilitar el logro de sus ambiciones personales».

Los papeles citan a otros muchos trabajadores de Proa . De Luis Pérez Lozano, meritorio de redacción, se dice que es «un chico inteligente y de gran espíritu falangista»; a Santiago Berjón Millán, contable del periódico, se le define como «competente y de absoluta garantía»; Dorotea Tascón Alonso, mecanógrafa y auxiliar administrativo, por pertencer a la Sección Femenina de Falange, cuenta con total confianza por parte del Movimiento, al igual que Óscar Benito Serrano, auxiliar administrativo y encargado de publicidad. El informe sobre Jesús Estébanez García, encargado de las suscripciones, asegura que descuidaba su misión y carecía de «amor al trabajo». Del conserje, Manuel Álvarez Ordás, mutilado, sólo se comenta que «cumple con su obligación y afecto al Glorioso Movimiento Nacional».

Mecánicos, linotipistas...

La carpeta que el gobernador franquista Carlos Pinilla guardó en su archivo, también recoge breves informes sobre el mecánico Fernando del Valle Rivero, los linotipistas Tomás López Díez, Isidro González Gil, Francisco González Álvarez y José González Godos, el mozo de rotativa José Alonso Colinas -“«poco trabajador, como todos los tipógrafos de izquierdas»-, el periodista Carmelo Hernández Moro Lamparilla y el redactor jefe hasta el 1 de julio de 1940, Jesús Huarte Maritorena, «de tendencia liberal y sin criterio fijo».

Estos informes, algunos insultantes hasta la náusea, comenta que un caballero mutilado esperaba a saber leer y escribir para pasar de ser ordenanza a cobrar recibos; al distribuidor Ángel Alonso González se le califica como «poco inteligente, pero de absoluta garantía y trabajador»; Nicolás Gil, ajustador cabecero, tenía una conceptuación «buena» en todos los campos, al igual que el ayudante paquetero, Gerardo Izquierdo Rodríguez; José Gómez Pascual, encargado de cierre, tenía un expediente policial regular y sus ideas religiosas eran malas; Dimas Fernández Zapico era valorado como ayudante de estereotipia y por haber sido «prisionero de los rojos y maltratado por ellos»; su «meticuloso» maestro, Antonio Luis González, había prestado servicio en las milicias clandestinas, por lo que su actuación era calificada como mala; no así Graciano Alonso León, ayudante de rotativa, un tipo «trabajador y con capacidad para desempeñar algún cargo»; el cargo de cabecero, en manos de Ricardo Fernández Castro, tenía mala conceptuación policial, mientras que su vida pública social y privada eran impecables; Cecilio González Sánchez «trabaja lo menos que puede y es persona que no merece garantía alguna» y, por último, el expediente de Epifanio Sánchez Espino habla de un maquinista de rotativa «competente y de garantía».

Hasta las repartidoras

El archivo también incluye a la legión de mujeres que se encargaba de repartir el periódico y el único caso de una mujer plegadora del periódico que después se quedó como empaquetadora, Pilar Álvarez Posada, de la que se dice que al estallar el Movimiento «hablaba muy mal del Régimen, diciendo que vengaría la muerte de su marido, desaparecido en los primeros momentos del Alzamiento Nacional». Con más o menos quejas de los suscriptores, hay informes sobre diez repartidoras. En algunos de ellos se habla sobre la conducta moral de éstas o sobre su vida familiar. Se trata de los expedientes de Amalia Gil García, Elena Morán Chamorro, Angelina Ruano González, Carmen Alonso de la Fuente, Teresa Rodríguez Getino, Mercedes González Domínguez, Enriqueta Barrientos Rodríguez, Magdalena Capilla Ortega, Benjamina Cachero Falcón y Basilia Gil Montiel. Hasta Manuela Martínez Vega, la limpiadora, tiene su propio informe.