Nacional y ahora autonómico

Después de casi seis años de tensa negociación entre las comunidades autónomas en las que se asienta el Parque Nacional de los Picos de Europa, el pasado 14 de diciembre se firmó en Madrid el traspaso de sus competencias, hasta el momento en manos del Estado. De esta manera, Castilla y León, Asturias y Cantabria pasarán a gestionar conjuntamente los recursos de este espacio natural protegido, el primero creado por el Estado español en 1918 bajo el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y el último en ser transferido a las comunidades autónomas. Este traspaso de competencias, él único firmado por Castilla y León en esta última legislatura, tendrá un coste para el Estado de 7,9 millones de euros anuales, y afecta a 82 trabajadores. Con firma materializada en Madrid entre el ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, y los consejeros de Hacienda de las tres comunidades implicadas en el traspaso, se cumple además la sentencia emitida en el 2004 por el Tribunal Constitucional en la que se reconocía el derecho de las autonomías a gestionar sus propios espacios naturales. Desde entonces, los responsables medio ambientales de las tres comunidades autónomas han protagonizado una ardua negociación, que evidenció, en muchas ocasiones, las profundas diferencias entre los tres territorios, especialmente entre Castilla y León y Asturias, cuyas discrepancias en el capítulo económico y en el reparto del personal laboral, llegaron a poner en serio peligro un traspaso conjunto, y con él, la unidad ambiental del parque. Finalmente, llegó el consenso a finales del mes de noviembre, con un acuerdo que, según las partes implicadas en la negociación, «beneficia a todos».

A partir de ahora se abren nuevas posibilidades para el parque, cuyos gestores tienen la dura tarea de dotar a este espacio natural protegido de las leyes que preserven su calidad medio ambiental. Para ello, el consorcio integrado por las tres comunidades tendrá que aprobar en los próximos meses los Planes Rectores de Uso y Gestión del parque, no sin antes consensuar con los municipios, y con los demás agentes implicados, el Real Decreto por el que se apruebe el régimen económico y de compensaciones a los habitantes y municipios que residen dentro de los límites de este espacio natural protegido.

Como primer paso, se deberá constituir, durante el próximo mes de febrero, un nuevo consorcio, y se deberá convocar un nuevo patronato, en el que esté representados todos los agentes sociales del parque.