La corrupción se paga
No; no está claro que se pague en las urnas y prueba de ello es la cantidad de candidatos imputados o implicados que figuran en las listas. Las municipales y autonómicas van a ser un test sobre la capacidad de los españoles de tolerar la corrupción.
Pero si se paga en Bruselas. Por ejemplo, la UE ha cortado el grifo de la línea de ayudas a Andalucía, o sea, interrumpe los pagos del Fondo Social Europeo al descubrir el fraude masivo en las subvenciones de empleo. En este caso no se trata del escándalo del ERE sino de los cursos de formación para desempleados.
El Tribunal de Cuentas Europeo detectó los fraudes en el otoño del curso pasado y, hace un mes y medio, comunicó a la Junta de Andalucía que los casi seis millones de euros del Programa Operativo 2001-2013 quedaban pendientes de que los responsables andaluces fueran capaces de subsanar las irregularidades. De no hacerlo serían suspendidos.
No están las arcas andaluzas como para perder seis millones de euros pero, desde Bruselas, se asegura que a día de hoy todavía no se han dado explicaciones.
¿Qué coste electoral va a tener este y otros casos que afectan al socialismo andaluz en los comicios de mayo?
Eso lo decidirán los votantes que también habrán de pensarse si siguen confiando en el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. El código ético andaluz de su formación exige que un imputado no pueda ir en una lista electoral pero, como ya es sabido por la experiencia de otras formaciones, los códigos contra la corrupción están para pasárselos por el forro cuando conviene, porque son propios, y para publicitarlos cuando interesa, porque son ajenos.
Torrijos, actual concejal del Ayuntamiento sevillano, está imputado en el «caso Mercasevilla» por adjudicar suelo público a una empresa, Sanma, que ofrecía 106 millones, cuando había otra, Noga, que daba 158.
También los valencianos tendrán que decidir si es tolerable que un partido, el PP, presente imputados. Votar en blanco es una forma de castigo.