Diario de León
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León

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Ayer fue jornada de votación y sería magnífica si los ciudadanos acuden hoy masivamente a votar participando en la fiesta democrática que son las elecciones. Pero ayer fue una jornada rara. Por primera vez la famosa reflexión se hizo, en muchas ciudades españolas, de forma comunitaria; en enormes asambleas no autorizadas por la Junta Electoral Central.

Si los ciudadanos han decidido que reflexionar consigo mismo no les sirve, cámbiese la Ley Electoral. Pero hágase de forma inmediata porque los organismos jurídicos encargados de velar por las normas que regulan los comicios, las Juntas Electorales, han quedado absolutamente deslegitimados.

Cuando hace escasas fechas se modificó en el Congreso la Ley Electoral a ninguno de los partidos se le ocurrió, porque no molestaba a sus intereses, plantear la utilidad de seguir manteniendo una «jornada de reflexión» que no existe en muchos países con mayor tradición democrática. Ningún dirigente se cuestionó porqué se prohíbe difundir encuestas con tanta antelación. Porqué, si los carteles siguen en la calle, se prohíben manifestaciones contra la carestía de la vida.

Es cierto, como dicen todos los expertos, que ordenar el desalojo de todas las plazas donde «los indignados» se han concentrado y dormido, hubiera provocado un tremendo conflicto social, con el riesgo gravísimo de provocar heridos, avalanchas y severas perturbaciones del orden público.

Pero, que la policía comunique a los reunidos (por cierto ¿a quien?) que están cometiendo una ilegalidad y se quede a vigilar, suena a chufla. Más aún cuando el Supremo había rechazado el oportunista recurso presentado por IU, al considerar que no representaba a los acampados. Si es verdad, como dijo Zapatero, que se va a escuchar a los ciudadanos que no se sienten representados por las formaciones políticas mayoritarias, deberá hacerlo teniendo en cuenta que lo primero que reclaman es un cambio de la Ley Electoral. Esa es la única solución para evitar futuros problemas. Porque el Estado de derecho consiste en acatar las leyes del Parlamento. Y hay que acatarlas todas.

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