La odisea de la vivienda

Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una «odisea» social, económica y burocrática para los cubanos, que a partir de este año y, por primera vez en más de medio siglo de revolución, podrán comprar y vender casas de modo legal, al margen del mercado negro.

Antes de que finalice el 2011, el Gobierno del presidente Raúl Castro prevé implantar una ley que levantará la prohibición de la compraventa de viviendas entre particulares y flexibilizará los otros modos de transmisión de la propiedad que existen en Cuba, donde el Estado controla todo el sector.

Pero el largo historial de trámites, dificultades, esfuerzos y hasta trampas para conseguir casa en un país que además tiene un grave déficit de viviendas hacen que los cubanos afronten el anuncio con buenas dosis de escepticismo.

Hasta ahora, la legislación y las prohibiciones limitaron las opciones para acceder a una vivienda: básicamente solo se podía conseguir mediante permiso estatal de construcción, permutas, herencias o compra ilegal.

En La Habana, donde vive casi el 20 por ciento de los cubanos, el perfil de la ciudad ha sido modificado a lo largo de años con «ampliaciones» en jardines, azoteas, garajes y patios; «barbacoas» o divisiones de la altura interior de un inmueble para aprovechar espacio o la apertura de ventanas para ventilar espacios que originalmente no fueron diseñados para vivir.

Por la escasez de viviendas no es raro que cuatro generaciones convivan en un mismo hogar, que ex cónyuges «dividan» y compartan sus apartamentos, o que algunos busquen cuidar a ancianos sin herederos para aspirar a la propiedad.

La necesidad de «resolver» (uno de los verbos más usados en la isla) para sortear las prohibiciones creó un mercado negro con construcciones clandestinas, falsificación de documentos, funcionarios corruptos y estafas.

Abel, de 47 años, aseguraque en los noventa «resolvió» su problema de vivienda al comprar una casa en el barrio habanero de Santos Suárez por 16.000 dólares, una acción «enmascarada» dentro de una «permuta múltiple» (el intercambio de varias casas en una misma operación).

En esa década de grave crisis, tras la caída del bloque soviético, la compraventa ilegal proliferó en Cuba con la participación de intermediarios («permuteros», notarios, abogados) y, aunque el Estado la persigue y ha confiscado inmuebles tras operaciones ilícitas, la práctica se mantiene.

Abel, quien prefirió ocultar su identidad real, indicó que actualmente hace gestiones para comprar en La Habana una casa para sus familiares exiliados en Miami (EE.UU.), una vez que entre en vigor la nueva ley.

Sin embargo, ya se ha anunciado que esa normativa sólo beneficiará a cubanos y extranjeros residentes permanentes y que cada ciudadano sólo podrá tener una propiedad.

«Hay cubanos en el extranjero que están pendientes de la ley para asegurar casa en Cuba. No importa que esté prohibido, ya se buscarán la forma de hacer las cosas», asegura Mayté, una abogada que no confía en que la legalización de la compraventa elimine las irregularidades.

Muchos de esos exiliados tuvieron que dejar sus inmuebles y bienes al Estado al salir de la isla, donde la ley dispuso que sólo los familiares que hubiesen convivido con ellos durante 10 años tendrían derecho a su casa.

Ese período obligado se reducirá ahora a cinco años, relajando las regulaciones particulares para los emigrantes que el Gobierno dictó en los años noventa con el objetivo de evitar «subterfugios y actos fraudulentos» en el destino de sus bienes.

A inicios de la década del 2000 y de manera excepcional, Cuba vendió a extranjeros residencias construidas en La Habana por una inmobiliaria hispano-cubana, pero luego decidió «congelar» esa modalidad.

Para muchos cubanos la idea de que se construyan casas para extranjeros en barrios residenciales es poco menos que «insultante», cuando el problema de la vivienda es uno de los más cruciales del país, junto al del transporte y la alimentación.

Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tenía hasta el 2010 un déficit reconocido de unas 600.000 casas, en parte por los destrozos que causaron tres huracanes en el 2008.

Según datos oficiales, más del 50 por ciento de las construcciones en la isla están en mal estado y unos 8,5 de cada 10 edificios necesita reparaciones, a lo que se suman incumplimientos en los planes estatales de construcción.

El Gobierno de Raúl Castro decidió en el 2010 abrir la concesión de licencias de construcción y optó por liberar la venta de materiales.