¿Quién es el dueño?
Hace ya cien años que el explorador estadounidense Hiram Bingham catapultó a la fama Machu Picchu, pero a esta maravilla del mundo todavía le queda una cuestión pendiente por resolver: determinar su dueño. Dos familias de la sureña ciudad del Cuzco, región en la que se ubica el santuario inca, están inmersas desde hace varios años en una rocambolesca disputa judicial contra el Estado peruano para dirimir la situación legal del santuario y del terreno sobre el que se asienta.
Los clanes de los Zavaleta y Abrill dicen poseer unos documentos que los acreditan como los propietarios legítimos de Machu Picchu y que contradicen la postura del Estado peruano, quien se atribuye la titularidad del complejo amparándose en la ley vigente. En sendas entrevistas con la Agencia Efe, Roxana Abrill y Jose Zavaleta contaron que nada les hacía presagiar a sus ancestros, un político de la época y un importante agricultor cuzqueño, que un acuerdo privado derivaría en un «gran problema legal» casi interminable y con «poca» o «nula» voluntad política para resolverse.
Fue en 1944 cuando sus ascendientes se repartieron el espacio, pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de uno quedaron las ruinas, y en manos del otro, el terreno. La transferencia logró, sorprendentemente, el beneplácito de un notario y el documento oficial es ahora la mejor baza de defensa de las familias y el mayor quebradero de cabeza del Estado peruano.
La inconcreción sobre la titularidad del terreno y de las ruinas lleva décadas perjudicando a las familias, y, por ejemplo, los Zavaleta, agricultores a pequeña escala, tienen prohibido hacer circular maquinaria agrícola por el terreno por tratarse de área natural protegida.
Los dos clanes acudieron por separado entre 2000 y 2006 a los juzgados para presentar sus respectivas denuncias contra el Estado peruano y exigir así una expropiación en condiciones. Tampoco faltó la exigencia de una jugosa indemnización de cien millones de dólares en el caso de los Abrill.