Diputaciones: renovarse o morir

El debate no es nuevo, pero el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha vuelto a poner en el candelero hace unos días. ¿Tienen sentido las Diputaciones Provinciales en la estructura territorial del Estado? ¿Es necesaria una cuarta administración? ¿Son sostenibles en una situación de crisis?

Previstas en el artículo 141 de la Constitución y a punto de cumplir doscientos años, estas instituciones ejercen una labor de la que nadie duda: la prestación de servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos. ¿Deberían, por tanto, suprimirse? En esa discusión se han enzarzado estos días los partidos, aunque ya el año pasado el ministro de Fomento, José Blanco, abrió el melón al preguntarse si tenía sentido la existencia de estas instituciones en un momento de crisis.

Son 41 las diputaciones que existen en España, aunque tres de ellas —las forales vascas— se han quedado fuera de este debate dado su particular régimen. Tampoco se cuestiona la permanencia de los siete cabildos canarios ni de los tres consejos insulares de Baleares, comunidades en las que este cuarto nivel de la administración no se organiza en provincias sino en islas.

El debate se centra en las 38 diputaciones de régimen común que funcionan en las comunidades pluriprovinciales, ya que en las uniprovinciales —Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja— esa administración fue absorbida por la autonómica.

Las cifras del debate

Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, ha echado cuentas y dice que renovar las diputaciones supondría un ahorro de mil millones de euros y de mil cargos políticos. Hay otras cuentas que ya están echadas, como la de los presupuestos de esas 38 administraciones que, según los datos del 2010, gestionan casi 6.500 millones de euros, de los que unos 2.000 millones (algo más de un 30 por ciento) son gastos de personal. Aunque están fuera de debate, las tres diputaciones vascas, con amplias competencias en materia fiscal, contaron el pasado año con un presupuesto de 13.325 millones y los cabildos y consejos insulares de 634 millones.

Según datos también del 2010, los últimos oficiales disponibles, las diputaciones, cabildos y consejos cuentan con 76.151 trabajadores públicos, lo que supone sólo el 2,8 por ciento del total de empleados al servicio de las distintas administraciones públicas. De ese total, 30.406 son funcionarios, 36.733 personal laboral y 9.012 otro personal. En cualquier caso, en los últimos cuatro años el número de empleados al servicio de las entidades provinciales ha descendido un 7,5 por ciento.

Y más cifras. Según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, las diputaciones, cabildos y consejos acumulan una deuda de 7.194 millones de euros, de los que 4.168 millones corresponden a las de régimen común, 2.040 a las forales y 986 a las entidades insulares. Un endeudamiento que ha ido creciendo paulatinamente, en concreto un 35 por ciento en el último decenio en el caso de las de régimen común, un 52 en las forales y un 61 en las administraciones canarias y baleares. En su conjunto, el aumento ha sido del 43,4 por ciento.

De todos modos, la situación de las arcas no es igual en todas las diputaciones. La de Ciudad Real, por ejemplo, las tiene muy saneadas y cerró el pasado ejercicio con déficit cero. Con todo ese dinero las diputaciones gestionan servicios tan imprescindibles para los pequeños pueblos como el agua, los residuos y los bomberos y reparten fondos estatales para arreglar caminos, carreteras y otras infraestructuras.

De color azul

Las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.

El batacazo electoral del PSOE en los comicios del pasado 22 de mayo también ha teñido de azul el mapa provincial. Así, el PP, que antes de las elecciones gobernaba en 14 diputaciones, lo hace ahora en casi el doble (26). A los socialistas le han quedado 8 de las 21 que dirigía (Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Huesca, Jaén, Lugo y Sevilla). Las otras cuatro, las catalanas, las preside CiU.

Hay quien dice que los socialistas han abierto el debate sobre el futuro de estas instituciones precisamente porque han perdido poder en ellas. Esta es la opinión de la directora de la campaña del PP, Ana Mato, para quien el PSOE quiere que las diputaciones «no funcionen» porque «piensa sólo en su interés particular».

No obstante, los populares son partidarios de afrontar la reforma y modernización de estas entidades y, de hecho, aprobaron el pasado 18 de julio una resolución en la que critican al PSOE por proponer la supresión ahora que han perdido «cotas importantes de gobierno». La propuesta del PSOE «carece de rigor», a juicio del PP, y se ha lanzado «simplemente porque no gobiernan» esas instituciones.

Junto a estas críticas, el PP enumera una serie de medidas para modernizar y racionalizar las diputaciones que van desde la reforma de su financiación hasta la posibilidad de modificar su sistema de elección. Todo ello siempre su destino vaya unido «de forma inequívoca a una clara vocación de ayuda y apoyo a los pequeños y medianos municipios».

De las acusaciones de los populares se ha defendido la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, que las ha calificado de lamentables y ha recordado que este asunto lleva mucho tiempo en discusión. En cualquier caso, los socialistas no han lanzado todavía una propuesta concreta para reformar la administración, pero lo harán cuando la tenga definitivamente elaborada.