banco de españa

Desde que hace dos semanas concluyera —por ahora, pues se avecinan nuevas exigencias— el proceso de recapitalización del sistema financiero español, han sido muchas las críticas dirigidas a la actuación del Banco de España (BdE) y al papel de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como Mafo, cuya dimisión incluso han llegado a reclamar algunos partidos. ¿Se ha equivocado el regulador del sistema financiero? ¿Y qué pasa cuando eso ocurre?

Una cronología de la crisis sería la radiografía más adecuada para ver lo ocurrido. Los principales países del mundo han visto tocado su sistema financiero. Aunque, en la actualidad los problemas de fondo no son los mismos, lo cierto es que muchos actuaron con rapidez y contundencia para evitar males mayores. Éste es el caso de Estados Unidos, con cerca de un centenar de entidades intervenidas entre finales del 2008 y principios del 2009, tras la gran sorpresa de la quiebra de Lehman Brothers. En Europa, Alemania o Reunido Unido no tuvieron dudas en hacer lo mismo.

En el caso de España, pese a que ya había estallado la burbuja inmobiliaria, las orejas del lobo se han visto más tarde, cuando el acceso al dinero era ya más que difícil y la única salida es la ayuda a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). No hay que olvidar que el sistema financiero español fue puesto hace no mucho de ejemplo por el G-20 o los principales estadistas europeos. El problema ha sido que las provisiones exigidas a las entidades financieras españolas en la época de bonanza no han sido suficientes para tapar un agujero que cada vez se está haciendo más grande.

Casi tres años después, los problemas son bien diferentes. En EE.UU. o Europa ya no se mira a los bonos basura sino a la deuda soberana comprada por muchos bancos a países apestados como Grecia, Irlanda o Portugal. Y en esto España sigue marcando la diferencia. Sus entidades siguen teniendo como problema los activos del sector inmobiliario, que suponen más de 320.000 millones de euros en sus balances. Pero, ¿están preparadas todas las entidades para aguantar este tirón? Por los requisitos que parece que va a exigir Bruselas sobre el capital básico (entre el 7% y el 9%), solo siete bancos y cajas superarían la prueba. El resto (14) precisará de ayuda pública.

Dimisión

Ante estos hechos, las críticas vertidas por los políticos sobre la actuación del Banco de España y su gobernador no parecen coincidir con las de los expertos. Aunque no todos los partidos tienen la misma opinión. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha llegado a pedir públicamente su dimisión por «vergüenza torera», al permitir que las cajas intervenidas hayan incurrido en «malversación» de fondos públicos. Más exaltado, el candidato de ICV-EUiA, Joan Coscubiela, le tacha de «irresponsable e incompetente», y exige que responda ante la Justicia.

En el PP, una de sus críticas —según fuentes del partido— es su declaración contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuando el gobernador dijo que era «lo peor de lo peor», una licencia que, en teoría, su cargo no le permite —aunque la Fiscalía Anticorrupción haya abierto una investigación—, como tampoco que haya consentido las elevadas indemnizaciones y jubilaciones a los directivos de las cajas intervenidas (100 millones de euros solo a bote pronto).

Esta permisividad tampoco ha gustado en Ferraz, donde los socialistas critican los «sueldazos» de las cajas (en palabras de su candidato electoral). No obstante, en las filas del PSOE le quedan algunos defensores, aunque ya pocos. En el Gobierno aún le es fiel la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien considera que el gobernador «ha hecho bien su tarea».

Y entre los expertos, la coincidencia es generalizada. El plan de reestructuración de la banca española ha sido el «adecuado», si bien todos critican la tardanza en ponerlo en marcha. Así, el profesor del Iese, Juan José Toribio, llama la atención sobre la profundidad y calado del proceso, aunque echa en falta que fuera «más enérgico». Recuerda, asimismo, que el problema de las cajas es anterior a la crisis, por lo que el BdE debería haber hecho la reestructuración antes, «no eludirla». No es partidario de que Fernández Ordóñez dimita. En apenas ocho meses finaliza su mandato, y mientras tanto cree que sería bueno que los dos principales partidos alcanzaran un consenso sobre quién debe ser su sustituto. «Las dimisiones, además, no son buenas» en el ámbito financiero —apunta—, donde se requiere de tranquilidad y previsibilidad.