protección social
La crisis ahoga la ley de dependencia
Su deficiente modelo de financiación amenaza la sostenibilidad del sistema. Su viabilidad, que supone un incremento del 1% del PIB, se sustenta en teoría en el superávit del Estado, ahora inexistente
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Lapad), que entró en vigor el 1 de enero del 2007, atraviesa momentos críticos apenas cinco años después de su nacimiento. Y es que la falta de financiación ahoga un servicio llamado en inicio a convertirse en el cuarto pilar del Estado del bienestar, tal y como desmenuza la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Margarita León en uno de los capítulos del informe La atención a la dependencia: aspectos económicos y sociales , publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Este estudio señala que, a 1 de diciembre del 2010, un millón y medio de personas habían solicitado la ayuda por dependencia, y un año más tarde, en noviembre del 2011, apenas la mitad, 739.949, la están recibiendo, según los datos del Ministerio Sanidad.
La normativa establece que la aportación económica correrá a cargo de tres partes: el Estado, las comunidades autónomas y el usuario. En base a un complejo sistema de financiación transitorio vigente hasta el 2015, la ley introdujo el derecho universal de acceso a atención para las personas en situación de dependencia, al margen del nivel de rentas de los individuos. El aumento del gasto público motivado por ello, correspondiente a cerca de un punto del PIB (desde el 0,24 al 1,2), debería compensarse, según estimó el Gobierno en el momento de la aprobación, por las vías del superávit del Estado —existente en aquel momento y desaparecido a raíz de la recesión— y el copago, es decir la contribución de los usuarios para financiar el coste de las prestaciones.
Según valora León, este modelo de financiación condena al sistema a una «inestabilidad permanente». La realidad arroja «una progresiva disminución de la aportación de recursos por parte del Estado junto al endeudamiento actual de las comunidades autónomas, lo que plantea un gran signo de interrogación sobre la viabilidad del sistema».
Otro de los graves problemas que ha presentado la ley en sus primeros años de existencia ha sido su diferente implantación en el territorio nacional. Así, Andalucía cuenta con el 30% de los dependientes de toda España, mientras que en regiones de la importancia de Madrid o Valencia este porcentaje se reduce al 5,4 y 5,2%, respectivamente. Por último, la autora del estudio señala como «la intención inicial de dar prioridad a los servicios por encima de las prestaciones económicas parece haberse desvanecido» ya que, según datos de febrero del 2011, las segundas supusieron el 65% de las prestaciones concedidas. En este sentido, la falta de financiación implica, a su vez, la imposibilidad de crear una red de servicios, tanto profesionales como materiales, que puedan hacer frente a la nueva demanda.
Poca colaboración
El problema económico se agrava, en muchos casos, por la deficiente colaboración entre las administraciones central y autonómica. Algo que se corrobora con los datos contradictorios ofrecidos desde una y otra parte. A modo de ejemplo, en el último informe presentado por el Ministerio de Sanidad figura que el Estado ha aportado el 76% de los fondos a la dependencia en la Comunidad de Madrid, cifra desmentida por el Ejecutivo dirigido por Esperanza Aguirre, que asegura que el 70% del dinero ha corrido a cargo de los presupuestos regionales.
«Esta iniciativa política tiene el mérito de poner fin a una historia de olvido del Estado del bienestar español en relación con quienes precisan apoyo para vivir una vida autónoma e independiente», afirma la profesora León en su estudio. Sin embargo, «todo parece indicar que la preparación de la ley no anticipó los derroteros que finalmente se han seguido».
El futuro y la sostenibilidad de la ley de Dependencia dependerán, en opinión de León, de «cómo se articulen los desafíos en tres ejes principales: político, económico y social». El político dependerá del consenso entre las fuerzas políticas y las propias administraciones: «En ausencia de un compromiso claro que se traduzca en una gestión pragmática y transparente, el futuro del sistema de atención a la dependencia estará peligrosamente sometido a los cambios de rumbo en el escenario político español». En el aspecto social la viabilidad de la normativa exigirá «una reflexión sobre la organización colectiva del cuidado», y eso demandará ir más allá de las soluciones tradicionales —como es contar con ayuda familiar— «cada vez más insuficientes, cuando no ausentes».