aviación
200 controladores siguen imputados
Los jueces les acusan de delitos que alcanzarían los ocho años de prisión y más de 5.300 afectados reclaman daños y perjuicios por la huelga de hace un año
Un avión comercial despega desde el aeropuerto de Manises (Valencia), tras la huelga de controladores de hace un año.
Ocho juzgados de instrucción de toda España mantienen abiertas causas penales contra más de 200 controladores un año después de la huelga salvaje que provocó el cierre del espacio aéreo. La mayoría de los procesos se siguen en Madrid, Barcelona y Mallorca, foco del motín que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma por vez primera en democracia.
Los jueces les imputan delitos de sedición por el abandono injustificado de su puesto de trabajo, con el perjuicio que ello provocó a decenas de miles de viajeros, coacciones y, en los casos más graves, detención ilegal por retener a los pasajeros de un avión comercial en el aeropuerto Madrid-Barajas. Las penas más altas alcanzarían los ocho años de prisión.
La acción penal contra los controladores que «instigaron, dirigieron y secundaron» los paros del 3 y 4 de diciembre del 2010, que ocasionó el cierre el espacio aéreo español durante 24 horas, la promovió la Fiscalía General del Estado horas después del caos aeroportuario. El Ministerio Público dio orden a las fiscalías provinciales para que abrieran diligencias previas allí donde los implicados abandonaron su puesto o no acudieron a las torres de control alegando motivos médicos.
Los funcionarios de Aena se negaron a declarar, pero los fiscales vieron suficientes indicios criminales y las semanas siguientes derivaron la mayoría de las denuncias a los juzgados de instrucción.
Como un lento goteo, una decena de jueces de Madrid, Barcelona, Girona, Mallorca, Ibiza, Canarias, Santiago de Compostela, Bilbao, Sevilla y Málaga abrieron causa penales. Recibieron la documentación de las fiscalías y las pesquisas policiales, permitieron la personación de los perjudicados y comenzaron a interrogar a los imputados.
Por el camino, los juzgados de Sevilla y Málaga archivaron la causa contra 30 acusados, al considerar que los partes de baja estaban justificados. Los médicos avalaron las secuelas psicológicas sufridas por estos controladores debido a la militarización de las torres de control.
Se busca a los instigadores
En el resto de juzgados las investigaciones continúan doce meses después. En Madrid, el juzgado de instrucción número 3 es el que mayor volumen ocupa. Mantiene imputados a 90 controladores, entre ellos la cúpula del sindicato del gremio, Usca, a la que acusan de «promover» el paro general con acciones previas en el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde comenzó a gestarse los primeros cierres parciales la mañana del 27 de noviembre del 2010. La juez María del Sagrario Herrero citó a los primeros acusados el pasado septiembre y continuará en diciembre. Estos alegaron «estrés» para abandonar su puesto de trabajo y citaron su temor por la presencia de militares armados en las torres de control. Pero para las acusaciones particulares, que representan a más de 5.300 perjudicados, esta estrategia de defensa hace aguas. Señalan que la huelga salvaje comenzó horas después de que el Gobierno aprobara la regulación del horario laboral de los controladores, un decreto que ponía fin a sus «históricos privilegios».
La mayoría de los afectados están representados por un bufete de abogados madrileño (más de 5.000), aunque también están personados en el juzgado de instrucción la Agencia Española de Agencias de Viaje (Aedave), la organización de consumidores OCU, el Grupo Europa de viajes y decenas de particulares de diversa procedencia geográfica, a los que la juez ha ido remitiendo exhortos para proponerles el inicio de acciones penales o fijar su declaración judicial como «perjudicados».
Por el juzgado de Madrid también han pasado testigos que intentan aclarar las circunstancias del paro. Son es su mayoría miembros de Aena que han revelado a la juez que días antes del motín había «rumores» de que el sindicato de controladores podía convocar una asamblea general para «hacer algo» como consecuencia de la aprobación del decreto. No hubo asamblea, pero a las 16:30 horas del pasado 3 de diciembre 66 de los 68 controladores aéreos que empezaban su turno en el aeropuesto de Barajas y Torrejón presentaron sus partes de baja. El motín de los controladores se extendió luego a Barcelona, Girona, Mallorca, Ibiza, Las Palmas, Santiago y Bilbao.