educación
Regresa la confrontación
sectores educativos e ideológicos vuelven a enfrentarse, como en anteriores ocasiones, por la octava reforma del sistema educativo
La reforma afecta a la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio.
La reforma que ha puesto sobre la mesa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha devuelto a la educación a la primera línea de la confrontación política, y, como las siete reformas anteriores que se han realizado en la democracia, ha vuelto a enfrentar a los sectores educativos e ideológicos.
La reforma afecta a varios de los ciclos educativos más importantes (a la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio) aunque las reacciones más enfrentadas han sido las referidas a la futura desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su sustitución por la de Educación Cívica y Constitucional.
Así, desde las comunidades gobernadas por el PP se ha aplaudido la intención del Ejecutivo de poner fin a una asignatura que han tachado de «doctrinaria», tesis que han secundado muchas organizaciones educativas, frente a las autonomías dirigidas por el PSOE, que instan al departamento que dirige Wert a aclarar por qué está mal enfocada o por qué la nueva asignatura no va a ser sectaria. Los cambios planteados por Wert supondrán también una reducción a tres años de la ESO (ahora son cuatro), y la ampliación a tres años (ahora son dos) de los ciclos de Bachillerato y de FP de grado medio.
Desde el PSOE, el portavoz parlamentario de Educación, Mario Bedera, ha asegurado que serán «beligerantes» ante cualquier ataque a la igualdad de oportunidades, y el candidato a la secretaria general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido contra los «pasos atrás» que está dando el Gobierno en algunas materias. Rubalcaba ha lamentado que el argumento para eliminar la Educación para la Ciudadanía sea el del adoctrinamiento, «cuando se está pensando en eso».
En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, ha defendido la Educación para la Ciudadanía (EpC) y ha instado al Gobierno a aclarar en qué está mal enfocada, mientras que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ve una «involución» y las Juventudes Socialistas creen que es el PP el que pretende «adoctrinar» a los jóvenes.
Unos y otros
La reforma anunciada ha sido calificada de «vendetta» por el vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez (PSOE), que ha instado al Gobierno a frenarla.
Pero las reformas planteadas por el ministro de Educación sí han sido favorablemente acogidas por las comunidades gobernadas por el PP, y entre ellas Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, ha calificado de «muy acertada» la medida se suprimir la EpC, que ha tachado de «asignatura de adoctrinamiento».
También la consellera de Educación valenciana, María José Catalá, ha expresado su «sintonía» con las reformas, y ha valorado entre éstas el reforzamiento de la autoridad del profesores, y en Castilla y León, su consejero de Educación, Juan José Mateos, está seguro que la aplicación de las reformas no va a suponer ningún problema.
Los cambios van a poner fin a una polémica «que dividió a la sociedad» y que hizo que se «judicializara el sistema educativo», según el consejero de Educación de Murcia, Constantino Sotoca, y el portavoz del Gobierno navarro, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha celebrado el «cambio de enfoque».
También han sido celebrados los cambios anunciados por Wert en las comunidades de Aragón, Galicia o La Rioja, cuyos responsables de Educación han valorado las medidas y consideran que contribuirán a reducir las tasas de fracaso escolar y abandono temprano.
Desde los colectivos gais se ha tachado de «frivolidad» la forma en la que, en su opinión, el ministro trata la EpC y señalan que no muestra «rigor» en su justificación para eliminar esa asignatura, y el Consejo de la Juventud de España (CJE) se ha mostrado «sorprendido» por esa decisión.
Las principales organizaciones sindicales del sector de la enseñanza han coincidido al valorar la posibilidad de prolongar a tres años el Bachillerato, y aunque con diferentes matices, todos han expresado su confianza en que la nueva hoja de ruta marcada por el ministro alcance el máximo consenso posible.
Más encontradas están las posturas de las asociaciones de padres, ya que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) cree que EpC ha sido eliminada para satisfacer las demandas de los sectores «fundamentalistas» religiosos.