economía
españa ya no puede disimular su cojera
La mala gestión y los errores políticos han venido despilfarrando durante años cientos de millones de euros en subvenciones
Una operaria limpia uno de los últimos trenes AVE del recorrido Toledo-Cuenca-Albacete, una de las inversiones ruinosas.
Hablar del gasto que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos destinan en forma de prestación económica gratuita (subvención), contribución parcial (ayuda) o exenciones fiscales es entrar en una maraña de partidas presupuestarias que resulta prácticamente imposible de cuantificar pues, en muchos casos, la claridad brilla por su ausencia.
Con todo, datos de la Unión Europea concretan que el gasto público social en España solo representa el 74% de la media de la UE-15, el grupo de sus economías más fuertes. Desde el 2008 poco ha variado el total del gasto público, según datos del Ministerio de Hacienda, representa el 33% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 330.000 millones de euros.
Los protagonistas siguen siendo las comunidades autónomas, que utilizan un tercio del mismo (33%), seguido por la Seguridad Social (19%) y los entes locales (12%). Los recortes realizados por ahora apenas suponen una leve variación de esos porcentajes. Es más, según un estudio de la EAE Business School, el gasto público por habitante difiere significativamente entre unas autonomías y otras.
Así, el mayor desembolso social por habitante se da en el País Vasco (12.235 euros), Navarra (11.748 euros), Cataluña (10.642), Aragón (10.636) y La Rioja (10.137), mientras que Asturias (9.611 euros), Galicia (9.435), Andalucía (9.290), Murcia (8.553) y la Comunidad Valenciana (8.455) tienen las cantidades menores.
En España todo es susceptible de ser subvencionado. Empresas, sectores, actos públicos, servicios que se prestan a los ciudadanos… aunque lo que éstos piden ahora es el mantenimiento de los servicios esenciales: atención sanitaria, sistema educativo, pago de las pensiones y prestaciones de protección social.
Se ha gastado mucho dinero y e incluso se ha llegado a ‘tirar’: la Generalitat catalana ha perdido ayudas a empresas como Spanair (345 millones) o La Seda; mientras el AVE a Toledo o el aeropuerto de Ciudad Real, entre otros muchos ejemplos, se han revelado ruinosos.
Despilfarro
Se ha despilfarrado mucho por decisiones políticas erróneas o malos gestores. La cuestión es que ahora toca apretarse el cinturón y decidir dónde se continúa metiendo la tijera. Los Presupuestos del 2012 que se entreguen en Bruselas a finales de marzo tendrán la clave de lo que será el Estado de Bienestar a partir de ahora.
Las cuentas en vigor (2011) contemplan 315.663 millones de euros en políticas de gasto —el 31% del PIB frente al 33% del 2008—, donde destacan los 112.215 millones para el pago de pensiones, incluidas en las actuaciones de protección y promoción social (117.064 millones), y que son las únicas que muestran un crecimiento en las aportaciones con respecto al año anterior, un 3,6% más en un capítulo donde bajaron un 19,3% los recursos para el acceso a la vivienda, un 8,1% los destinados a servicios sociales (dependencia, entre otras cuestiones) y un 5,5% los de fomento del empleo.
También todo el capítulo de gastos en bienes públicos de carácter preferente recibió un tijeretazo del 8,7%, con recortes en sanidad (-8,2%), educación (-8,1%) y cultura (-12,3%), sin olvidar ajustes tan significativos como el 40,7% menos destinado a infraestructuras.
Agricultura, pesca y alimentación; industria y energía; comercio, turismo y PYME; subvenciones al transportes e I+D+i fueron otros sectores que también vieron recortadas las aportaciones estatales.
A ello habría que sumar los beneficios fiscales que otorga el Estado, y que en el presupuesto prorrogado del 2011 representan 40.362 millones, un 15% menos que el año precedente.
Hubo recortes en todas las áreas: pensiones (-36,2%) servicios sociales (-28,9%), fomento del empleo (-16,8%), acceso a la vivienda (-12,8%), sanidad (-3,1%), educación (-9%), industria y energía (-37,2%) e infraestructuras (48,5%).
Pero eso fue en el 2011, y lo que llevemos del 2012 antes de aprobarse los nuevos Presupuestos. En esas cuentas, amén de incluir ajustes (descensos mayores en gasto directo y beneficios fiscales), el Gobierno pretende incluir ya «una profunda reforma de los mecanismos de financiación de los grandes servicios públicos», como sanidad educación o la inversión pública. Claro que en el Ministerio de Hacienda no quieren quedarse solos, y ya han dado instrucciones a comunidades y ayuntamientos para que empiecen a recortar su gasto, poniéndoles un techo por ley, con sanciones para los que incumplan y sus gestores.