Natalia Kidd
La tensión va en aumento
Argentina y el Reino Unido han elevado el tono de sus acusaciones en vísperas del trigésimo aniversario del inicio de la guerra que les enfrentó en 1982 por la soberanía de las islas Malvinas.
El nuevo «round» en esta histórica disputa comenzó en diciembre pasado, cuando el respaldo suramericano al reclamo argentino de soberanía pasó de meras declaraciones al terreno de lo concreto.
Los países suramericanos decidieron impedir el ingreso a sus puertos de barcos con bandera de Malvinas, medida a la que se plegaron luego otras naciones latinoamericanas y caribeñas.
El Reino Unido, por su parte, envió a Malvinas al destructor más moderno de la Marina Real y al príncipe Guillermo para tareas de formación militar.
Buenos Aires denunció entonces a Londres ante Naciones Unidas por la militarización del Atlántico Sur y le acusó, además, de depredar los recursos pesqueros y petroleros de las islas.
«Esta escalada dialéctica tiene que ver con los 30 años del conflicto bélico, algo que remueve pasiones y sentimientos ligados al nacionalismo tanto en Argentina como en Gran Bretaña», dijo Bruno Tondini, miembro del Centro Argentino de Estudios Internacionales.
Como parte de su estrategia para que Londres cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas que conminan a ambos países a negociar sobre la soberanía de Malvinas, Argentina ha lanzado además una ofensiva internacional, judicial y administrativa, en contra de las cinco petroleras que, a su juicio, exploran «ilegalmente» crudo en las islas.
Además, Buenos Aires ha solicitado a grandes empresas que importan productos británicos que reemplacen sus compras por operaciones con países que apoyan el reclamo de soberanía argentino.
Para sumar a la tensión en el terreno económico, la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego —que considera a Malvinas como parte de su territorio— impidió en febrero el amarre en el puerto de Ushuaia de dos cruceros turísticos procedentes de las islas.
Londres asegura que, por más «ruido» que haga Argentina, no habrá negociaciones por la soberanía «hasta que así lo decidan» los 2.913 isleños, que «no hay duda que quieren seguir siendo británicos».