Europa paga sus infraestructuras

En casi todos los países europeos los ciudadanos pagan por el uso y el mantenimiento de sus infraestructuras viarias, mientras que el transporte por ferrocarril suele estar en manos de sociedades estatales. En España, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció que el Ejecutivo baraja la posibilidad de liberalizar varios servicios vinculados a las infraestructuras y el transporte, que podrían afectar a la red de autovías del Estado.

Francia dispone de autopistas de peaje y las compañías que las explotan fueron privatizadas en el 2005. En el 2010, el Gobierno francés realizó un estudio para imponer peajes a los camiones que utilizan los 12.000 kilómetros de vías nacionales (carreteras y autovías) y eventualmente otros 2.000 kilómetros de vías locales, una medida que debe aplicarse a partir del 2013. El coste se situaría entre 0,08 y 0,14 euros por kilómetro y los ingresos servirían para financiar nuevos proyectos de infraestructuras de transporte.

En los aeropuertos de París, la empresa que reúne a los tres existentes (Charles de Gaulle, Orly y Le Bourget) salió a Bolsa en junio del 2006. El Estado mantiene el control directo con el 52,1 % del capital, y es el que determina la evolución de las tasas, sobre la base de la propuesta de la empresa.

En el caso del ferrocarril, la compañía estatal SNCF tiene que pagar peajes por la utilización de las vías al operador de infraestructuras, RFF, también estatal y fruto de la segregación de la primera.

En Alemania, la circulación por los 12.000 kilómetros de autopistas está libre de peaje para los turismos, mientras que los vehículos pesados y camiones de más de doce toneladas tienen que pagar una cuota por kilómetro recorrido. La medida fue introducida en el 2005 y se aplica tanto a los vehículos pesados alemanes como a los extranjeros de tránsito por el país, y la cuota varía según el número de ejes del vehículo y el tipo de combustible.

Respecto a Italia, la red ferroviaria está gestionada por la sociedad estatal Ferrovie dello Stato, pero desde el pasado 28 de abril se iniciaron de forma regular los viajes del tren de alta velocidad de concesión privada Italo, que rompe con el monopolio estatal.

Las autopistas italianas están gestionadas por empresas privadas que se encargan de mantenerlas e invertir en ellas, a cambio de los beneficios que les reportan los peajes, que se abonan por tramos; mientras que los aeropuertos, de construcción pública, han ido privatizando sus servicios en los últimos años.

En el Reino Unido, el Gobierno conservador de John Major abrió la puerta en 1993 a la privatización de la red ferroviaria británica, un proceso gradual que concluyó cuatro años después. Bajo la marca National Rail operan en la actualidad 24 compañías privadas que gestionan el servicio ferroviario en los distintos puntos del Reino Unido.

Las autopistas británicas están gestionadas por una agencia pública y mantienen solamente un peaje en la ruta M6, que une ciudades industriales como Manchester y Birmingham, de 5,50 libras para los turismos (6,5 euros) y 11 libras para el transporte pesado (13 euros).

Los conductores deben pagar además para cruzar ciertos puentes y túneles, así como un impuesto para circular por el centro de Londres de lunes a viernes en horario comercial, de 10 libras (12 euros).

En Irlanda, los servicios de ferrocarril y autobuses están gestionados por las compañías estatales, y los aeropuertos también dependen del Estado, todos ellos gestionados por la Autoridad del Aeropuerto de Dublín (DAA), mientras que casi todas las autopistas que unen las principales ciudades de la isla, incluida Belfast, tienen tramos de peaje.

En cuanto a Bélgica, la empresa Infrabel (sociedad anónima de derecho público) tiene un contrato con el Estado por el que asume la gestión de la infraestructura ferroviaria.

En autopistas y autovías, la gestión es regional y sin peajes, pero las regiones de Bruselas, Flandes y Valonia preparan un acuerdo por el que, a partir de 2013 o 2014, todos los vehículos y el transporte pesado tendrán que pagar por el mantenimiento de las carreteras.

Los aeropuertos tienen una gestión regional, salvo en el caso del aeropuerto nacional de Zaventem (Bruselas), gestionado por «The Brussels Airport Company», empresa a la que el Estado belga ha otorgado una licencia de operación.