Mujeres víctimas del matrimonio

Miles de mujeres en el mundo contraen un matrimonio forzoso, es decir, son obligadas a casarse en contra de su voluntad con hombres que en muchos casos no han visto nunca. Esos enlaces concertados por los familiares, que afectan tanto a mujeres adultas como a niñas, se producen al amparo de tradiciones culturales que en realidad esconden una vida plagada de amenazas, agresiones y violaciones. En Europa estas prácticas son vistas tanto por la sociedad como por las administraciones como algo lejano y propio de países musulmanes anclados en el pasado. Sin embargo, la inmigración ha traído consigo estas «bodas por honor» al viejo continente. Ahora, el Reino Unido ha decidido unirse al exiguo grupo de países que tipifica esas uniones como delitos penales. España no está, de momento, entre ellos.

Un estudio de Unicef señala que hay 60 millones de niñas que son víctimas potenciales de estos matrimonios, que todavía son costumbre en unos 100 países. En el Reino Unido, los duros testimonios de algunas jóvenes paquistaníes relatando el calvario vivido en estos matrimonios forzados ha obligado al Gobierno de David Cameron a mover ficha contra lo que han calificado como «una esclavitud». El proyecto de ley se espera que sea aprobado a finales de año o a comienzos del 2013. Se aplicará en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En Escocia ya existe una legislación al respecto que castiga a dos años de cárcel.

La situación en España es bien distinta. El Código Penal no recoge este delito de manera específica. Los casos de este tipo se persiguen a través de otros delitos de ‘cobertura’ como la coacción, violación, malos tratos, etcétera. Los expertos aseguran que el perfil de la víctima es una chica magrebí de entre 14 y 21 años que vive en comunidades de inmigrantes muy cerradas. Para atacar el problema desde las organizaciones de mujeres piden que se incluya en el Código Penal. «Cuando se obliga a una mujer, y más si es una niña, a casarse está más que justificado que sea considerado un delito específico», explica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

«En la población musulmana tiene gran incidencia y a veces realizan prácticas culturales contrarias a los principios constitucionales de España. En los matrimonios forzosos el maltrato está encubierto», asegura Ángela Cerrillos, presidenta del colectivo de mujeres juristas Themis. Aunque reconoce que ya se puede perseguir a través de la coacción, considera que si se recogiese de manera específica en el Código Penal supondría un agravamiento del delito.

En cualquier caso, estas peticiones no son nuevas. El Congreso de los Diputados ya instó al Gobierno en mayo del año pasado a incluir el matrimonio forzado como delito en el Código Penal. La enmienda fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, un año después, la petición ha caído en el olvido.

También la UE se ha pronunciado sobre estos dramáticos casos. En el 2011 elaboró un informe en el que recomendó que fuese tipificado como delito. En Francia, Noruega, Bélgica y más recientemente en Alemania, obligar a una persona a casarse contra su voluntad se considera delito y se castiga con penas de entre dos y seis años de cárcel.

El modelo de Cataluña

Cataluña es la comunidad autónoma que más ha avanzado en España para detectar estos matrimonios forzados y ayudar a las víctimas después de denunciar. Aunque no hay datos oficiales, las autoridades calculan que existen unos 300 casos solo en la región. La Generalitat ha elaborado un protocolo policial para prevenir estos enlaces no consentidos. Cuando detectan uno informan al juzgado de instrucción y a la Fiscalía si hay riesgo inminente.

Casos como el de Fahmida, una veinteañera de origen paquistaní que creció en Barcelona y cuyos padres concertaron su boda con un primo que vivía en Punjab, una región del país asiático. Fahmida viajó engañada pero cuando descubrió la intención de sus padres, se negó. Milagrosamente logró evitar el enlace, algo que no pueden decir otras muchas jóvenes que se encuentran en el mismo caso.