Seguridad social deficitaria
La doble recesión que ha supuesto la más grave crisis económica de la democracia ha quedado técnicamente atrás, aunque permanezcan numerosas y dolorosas secuelas en el cuerpo social. Crecemos a un ritmo cercano al 4% del PIB, estamos en vías de la convergencia fiscal a que nos obliga el pacto de estabilidad (este año el déficit será del 4,2% y del 2,8% en 2016), se crean puestos de trabajo a buen ritmo aunque la mayor parte sean de mala calidad, etc. Sin embargo, la Seguridad Social, que ha debido recurrir con reiteración al Fondo de Reserva en los últimos años, continúa agravando su déficit, lo que lanza una sorda amenaza de insostenibilidad
Estamos, desde hace muchos meses, «en vísperas electorales». La secuencia inaudita de elecciones a lo largo de 2015 impide una reflexión pausada y serena de los representantes populares, de las instituciones. Y es curioso que sólo la prensa haya abordado este molesto e intempestivo problema en este periodo del calendario político en que nadie quiere ser portavoz de malas noticias ni augur de contrariedades. Pero lo cierto es que la conjunción de este calendario irracional con la coyuntura —surgimiento de nuevos partidos, generalizado malestar social, estallido del conflicto catalán— ha sumido al país en una inacción preocupante. El Gobierno, apoyado por una mayoría absoluta, tomó medidas para llevar a cabo un doloroso plan de estabilización, pero no ha mostrado preocupación por mantener otros equilibrios relevantes ni por plantear y resolver problemas perentorios que no deberían demorarse
El caso de la Seguridad Social es un ejemplo de dejadez que clama al cielo. En junio de este año, la afiliación a la Seguridad Social ha sido de 17.256.000 personas, prácticamente las mismas -26.000 más en realidad- que cuando el PP llegó al gobierno en diciembre de 2011. Y, sin embargo, los ingresos mensuales de la SS han descendido de 8.700 millones al mes entonces a 8.300 millones mensuales en junio pasado
Las razones de esta situación, que ahonda el déficit de la Seguridad Social, son fundamentalmente dos: la vertiginosa caída de los salarios y la mala calidad de los empleos.
No deja de ser curioso que, no sólo esté en silencio el Gobierno sin también la oposición y los sindicatos, que deberían ser los primeros interesados en asegurar la sostenibilidad del modelo. No tanto porque la crisis haya menguado las reservas (lo que podría llegar a ser grave si volviéramos a otra situación crítica) cuanto por la insensatez que revela no cuidar la financiación de una partida tan vital para el estado de bienestar. Tampoco hay inconveniente en que una parte de las pensiones sea sufragada por los presupuestos generales del Estado, pero cualquier decisión que se adopte a respecto tiene que ser pública y debatida y pasar a formar parte del acervo normativo del Pacto de Toledo. Pero, como se ve, no sólo la política ha perdido calidad sino que sus actores olvidan mantener la atención en las grandes cuestiones vitales del país.