Bloqueo en venezuela

Cruzar de Ecuador a Perú era hasta el año pasado un trámite de minuto y medio. El carné de identidad era suficiente para los ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercosur. El paso más seguro y transitado era el de Huaquilla y Tumbes, a razón de 500 personas al día. Pero el éxodo de venezolanos ha trastocado la logística. Desde esta semana Perú les exige pasaporte. Y en Ecuador, el Gobierno y la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, mantienen un pulso sobre las facilidades de acceso a los emigrantes.

Para frenar la avalancha de familias que buscan refugio allí huyendo a la escasez y la inflación el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, impuso el pasaporte el 18 de agosto. Benavides apeló a la Justicia, que el viernes de la semana pasada dio una moratoria de 45 días mientras el ministerio de Exteriores prepara un plan de contingencia humanitaria. De inmediato, un comunicado del Gobierno explicó que no ya hacía falta pasaporte, pero sí «un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno de Ecuador o emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado».

Un trámite engorroso para los miles de venezolanos que agarran lo que pueden cargar en el coche familiar, si lo tienen, o en la espalda y en las maletas que llevan en sus manos, si huyen en autobús o a pie de las medidas económicas de Nicolás Maduro. La suerte de los cerca de 3.000 que llegan diariamente a la frontera colombo-ecuatoriana estará ligada a la respuesta de la Justicia a un nuevo recurso que la Defensora interpondrá esta próxima semana. Para Benavides, a estas personas «se les colocó en situación de irregularidad al momento en que el Estado no aceptó la cédula como documento de ingreso».

Y se multiplican las imágenes de familias enteras, con rostros cansados, abrigados contra el frío de esta época del año en esa parte de Sudamérica, apelotonados en los puentes fronterizos que cruzan a pie, con temor por la incertidumbre y la xenofobia, conscientes de que, aunque sean profesionales, los trabajos que les esperan serán no cualificados. Pese a todo, la mayoría prefiere quedarse en esos nuevos destinos de acogida que regresar para intentarlo de nuevo en su país, donde las nuevas medidas económicas contra la crisis se aplican con determinación e inciertos resultados.

Subidas astronómicas

Estos días, en varias localidades había colas delante de los supermercados y de los cajeros para sacar dinero y comprar alimentos. Nicolás Maduro, evitando los actos multitudinarios, había anunciado la víspera por televisión los nuevos precios de medicinas y ropa y calificaba de «regalito» que el precio del transporte público sea 0,50 bolívares soberanos y 1 en los privados, aunque en realidad representa una subida de 1.000.000%, ya que de 4 bolívares ha pasado a 50.000.

Los medios oficialistas no muestran el éxodo, tampoco la protesta del opositor Frente Amplio contra las medidas económicas. En cambio, mostraron al presidente recibiendo al primer ministro de Trinidad y Tobago, bien arropado por la guardia de honor del Palacio de Miraflores. Y a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, invocando a la confianza y al regreso de sus compatriotas porque las medidas, aunque tomará un tiempo, «pronto empezarán a dar frutos»

También a Diosdado Cabello dirigiendo el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que evalúa este fin de semana la nueva política económica. El ‘número dos’ del chavismo no dudó en afirmar: «¿No les parece sospechoso que hay fotos de venezolanos en Perú, Ecuador y Colombia caminando por la orilla de la carretera? Parece que eso fuera luces, cámara y acción. Los bajan de los autobuses y esa es la toma, esa es la campaña que hay contra nosotros», dijo a los militantes.

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves la fijación de más controles de precios y mayores impuestos al sector más boyante del país, en el marco del «plan de recuperación económica» del presidente Nicolás Maduro para sacarlo de la severa crisis que padece. El vicepresidente económico, Tareck el Aissami, informó de que el Gobierno y 17 industrias nacionales e internacionales «acordaron fijar los precios de ocho productos de higiene personal» para fortalecer la estabilidad de los costos de estos artículos, generalmente escasos. Entre los productos cuyos precios fueron acordados se cuentan detergentes, desodorantes, cloro, crema dental y jabón de tocador, que producen trasnacionales como Procter & Gamble y Colgate-Palmolive, así como la venezolana Empresas Polar.