Cuatro años de la ley mordaza

L a ‘ley mordaza’ de la última mayoría absoluta del Partido Popular, aquella normativa que recibió una contestación social sin precedentes por el supuesto recorte de derechos fundamentales como el de manifestación, cumplió hace unos días cuatro años de vida. Cuatro años ya desde que entrara en vigor aquel julio de 2015, a pesar de que llevan vaticinando su muerte desde poco después de su nacimiento, sobre todo cuando en diciembre de 2015 los populares perdieron la mayoría absoluta. Aquellos comicios alumbraron un nuevo Parlamento con una fuerza y una voluntad más que suficiente para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del exministro Jorge Fernández, un texto que ni siquiera convencía ya al propio Partido Popular ni a su sucesor, Juan Ignacio Zoido.

La desaparición de la ‘ley mordaza’ fue una de las promesas electorales estrella de Pedro Sánchez tanto en los comicios generales de 2015 como en los de junio de 2016. Es más, en septiembre del pasado año, en su discurso de los cien días, vaticinó su inminente fin. Pero la ley sigue vivita y coleando.

¿Qué ha ocurrido entonces para que esa ‘ley mordaza’ odiada por la mayoría del Parlamento siga intacta dos elecciones generales después de aquellas de 2015 y una moción de censura que hace ya más de un año que sacó del poder al PP? La respuesta es que la reforma de esta normativa parece estar maldecida. Pocas veces la tramitación de un proyecto legislativo ha sido tan accidentada. Y es que ha pasado de todo: contratiempos, solapamientos, elecciones anticipadas, crisis políticas, dimisiones...

Dos textos

El tema ya arrancó de manera extraña cuando se presentaron dos textos alternativos a la actual normativa a finales de 2015 y principios de 2016 por parte del PSOE y del PNV, lo que obligó a los letrados a emitir informes que finalmente avalaron la refundición de ambos articulados tras un intenso debate. Los socialistas presentaron en principio una propuesta poco aceptable para nadie pues proponía directamente resucitar la «ley Corcuera».

Aquel texto del PSOE —y ahí radica otro de los retrasos— fue presentado por la gestora socialista, ya que Sánchez había sido defenestrado en octubre de 2016. De hecho, uno de los más enconados antisanchistas, el ahora exdiputado Antonio Trevín, a la sazón portavoz de Interior, fue el «padrino» de esa propuesta, que no convencía para nada a los partidarios del ahora presidente.

Con un PSOE en crisis y un PP al que no le interesaba acelerar la caída de su propio texto, la reforma fue retrasada con ampliaciones de plazos para presentar enmiendas durante todo 2017. La propuesta socialista sufrió 30 demoras. La del PNV, otras 30. En febrero de 2018, con Sánchez de nuevo al frente del PSOE, y con un acuerdo amplio de toda la cámara para ponerse las pilas, incluso con la anuencia del PP entonces en el Gobierno, los trabajos arrancaron, pero para frenarse de golpe porque en junio el cambio de Ejecutivo de la moción volvió a arrinconar la ‘ley mordaza’. Avalancha de enmiendas Tras el terremoto provocado por la llegada de Sánchez a Moncloa, en otoño de 2018 el Congreso se conjuró para aprobar cuanto antes la asignatura pendiente de la reforma. Con novedades en la comisión de Interior provocadas por el cambio de Gobierno, sus señorías se pusieron manos a la obra de nuevo. Aunque casi se excedieron: los grupos presentaron 216 páginas de correcciones a las propuestas del PSOE y el PNV. En total, 101 enmiendas al texto de los socialistas y 183 al de los nacionalistas.

Acuerdo con Podemos

Con ese volumen de trabajo, el Parlamento ya tenía que pisar el acelerador para aprobar la reforma antes de verano de 2020, cuando hubiera acabado la legislatura. Los socialistas se pusieron las pilas y para octubre tenían un acuerdo con Podemos para que los de Pablo Iglesias apoyaran la modificación de la polémica normativa basándose en el texto presentado en enero de 2017 por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Todo parecía ir sobre ruedas. El Gobierno tenía incluso la comprensión del resto de los grupos para aparcar la reforma las expulsiones en caliente de los inmigrantes (introducidas con calzador por el Gobierno de Rajoy en la ley de seguridad ciudadana) hasta que el Tribunal de Estrasburgo se manifestara sobre su legalidad. Pacto histórico En febrero de este año el optimismo se apoderó de la Comisión de Interior. Parecía increíble, pero todos los grupos, incluido el PP en muchos de los aspectos, habían alcanzado en ponencia un preacuerdo que suponía el fin de algunas de las medidas más contestadas de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Así, según ese pacto histórico que quedaría en nada, dejaban de ser infracciones la grabación o difusión de agentes de las fuerzas de seguridad o la convocatoria exprés de manifestaciones. También había una mayoría para no castigar las concentraciones pacíficas en los alrededores de las cámaras parlamentarias. Pero todo quedó en papel mojado solo días después. El martes 5 de marzo, cuando el BOE publicó el decreto con el que Pedro Sánchez disolvía las Cortes y convocaba elecciones generales para el 28 de abril, decayeron en el Congreso 302 iniciativas legislativas. Una de ellas era la ‘ley mordaza’. A día de hoy, con un Gobierno en funciones y una investidura incierta, nadie se atreve a vaticinar de nuevo la muerte de esta polémica normativa por mucho acuerdo que se alcanzara hace solo cinco meses. Y menos aún con un Parlamento con una composición diferente con respecto a la pasada legislatura, donde los pactos parecen cada vez más difícil y en el que ha irrumpido Vox, cuya posición con respecto a la actual ley es una incógnita.

Frente a estos argumentos el PP, que asume que se mejore el texto, no comparte el diagnóstico de los otros tres partidos. «No se ha puesto la mordaza a nadie», deja claro el diputado del PP José Alberto Martín Toledano.

Como muestra recuerda que el día de la investidura de Mariano Rajoy cientos de personas se concentraron frente al Congreso o cómo medios de comunicación y ciudadanos anónimos han grabado actuaciones policiales sin problema estos últimos días en el barrio de Vallecas.

«El PSOE ha sido más sensato desde el Gobierno que desde la oposición. Esperemos que estos trabajos puedan servir de base», dice Martín-Toledano antes de apuntar que los cambios que se habían planteado en la ponencia no eran «revolucionarios» ni daban en absoluto un giro a la ley. Desde el PSOE, también el portavoz en la Comisión de Interior, David Serrada, confía en que en la siguiente legislatura inicie «desde el minuto uno» los trabajos de nuevo.

Con todo, Serrada recuerda a Efe que en febrero el Ministerio del Interior dio «un paso importante» con la redacción de una instrucción a las fuerzas de seguridad para unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias como los cacheos, y en la interpretación de una de las infracciones más cuestionadas como es la toma de imágenes de los agentes. Interior deja claro que la mera toma de imágenes o tratamiento de datos de los agentes no supondrá una infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos o sus familias, en sintonía con uno de los acuerdos que alcanzaron los grupos en la ponencia.