La honda de León contra Adif

Las cifras hablan de 320 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que sale por los túneles en Asturias, la gran parte la pierde León, pero en su origen pudieron ser diez o cien veces más. El trazo gordo tiene aquí todo el sentido porque quien debería haber vigilado, simplemente miró hacia otro lugar.

Lo hicieron a sabiendas de que una población con una densidad menor a la de la Laponia soriana no tenía demasiada importancia si se comparaba con la obra faraónica que prometía enlazar Madrid con Asturias perforando las montañas y los acuíferos . León era un escollo en el camino y su montaña, esa parte de la cordillera cantábrica que en determinados lugares suma menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado, un simple agujero que había que salvar.

De hecho, en el tapiz que relata la historia desde 2009, hay instituciones que no salen bien paradas. Adif es el personaje principal, pero no el único. La CHD también tuvo protagonismo y no fue menor. De hecho, y según destaca Carlos González-Antón, abogado de la asociación Lacerta y de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, varias denuncias tardaron en tramitarse y, por lo general, desenfocaron el problema real.  «La sanción a Adif por la destrucción causada en los manantiales fue de 60.000 euros y exclusivamente por no atender a sus peticiones de información. En una de las denuncias nos dijeron que había que acreditar los daños, y todo eso cuando los acuíferos ya habían bajado de manera brutal», dice.

Han sido casi 25 años de despropósitos durante los cuales toda la vertiente leonesa de la Montaña Central ha perdido los recursos hídricos necesarios para la supervivencia del territorio. De nada sirvieron las denuncias de Lacerta porque las instituciones encargadas de vigilar abdicaron de su responsabilidad.

Sólo hay una explicación: la obra de la Variante de Pajares era para la administración más importante que la protección del ecosistema y del medio de vida de los habitantes a los que sirve. Además, mientras las autoridades del Principado defendían los intereses de Asturias, las de León no supieron amparar los suyos.

Un ejemplo está en la propia resolución del Miteco que ha declarado la obligación de Adif de corregir los errores que sostuvo y no enmendó. Entre las administraciones y personas que fueron consultadas por el Ministerio de Transición Ecológica para emitir su informe hubo muchas que ni siquiera contestaron. Es el caso del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (aunque sí respondió su superior la Dirección General), del ayuntamiento de La Pola de Gordón, la Diputación de León o la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. 

Y, sin embargo, las prisas por acabar la obra y no revertir la situación secaron en poco tiempo una treintena de fuentes de las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martín, Poladura, La Peral, El Campo, Valdelalaguna, Viadangos, Casares y Cubillas.

 La riqueza hídrica que León desagüa hacia Asturias —en un trasvase ilegal que comunidades de usuarios de Mieres y Lena pidieron incorporar a sus canales de abastecimiento— ha ocasionado una catástrofe medioambiental de dimensiones colosales, con unos efectos que aún no se han revelado en su totalidad.

Hasta tal punto, que la propia Comisión Europea se ha disculpado por no poder intervenir hasta que el asunto no se resolviera en las instituciones españolas. «Los únicos que hemos trabajado para llegar a este final —que es en realidad un principio— hemos sido nosotros», lamenta Carlos González-Antón, que quiere agradecer la subvención de la Consejería de Medio Ambiente para realizar los trabajos de evaluación para trazar las medidas correctoras y compensatorias.

En cualquier caso, los datos son demasiado fríos como para hacer con ellos un análisis a futuro. Hay más de 30 manantiales perdidos pero el problema es que los daños irán aflorando poco a poco.

El propio González-Antón advierte de que si se encadenan dos años de sequía, estaremos perdidos. «La inseguridad hídrica es la mejor manera de que un territorio desaparezca; es una condena a la despoblación, a no tener desarrollo económico. ¿Qué ganadero, qué empresario turístico se va a instalar en Villamanín, por ejemplo?»

Y es que, como él mismo añade la sequía hace que los pastizales se conviertan en matorrales que se acaban quemando y hacen inviable la vida.

Hace dos años, la alcaldesa de Villamanín, Felicidad Romero, desvelaba que la corporación había mantenido una reunión con los enviados de Adif para presentarles la propuesta del Ayuntamiento y hablarles del estudio de daños que habían realizado los técnicos municipales sobre el expolio hídrico. «Lo único que hicieron fue ofrecernos dinero, un millón de euros, para que calláramos, una vergüenza», dice.

La también presidenta de Lacerta subraya que mantuvieron una entrevista con el presidente de Adif el 13 de febrero de 2018 que este trató de zanjar con la excusa de que el gobierno había restituido la traída de los pueblos que la habían perdido (Rodiezmo, Casares) y que «poco más iban a poder hacer». «Ahora, con el nuevo Gobierno del PSOE se ha insistido a los diputados de León, pero seguimos sin conocer los resultados del estudio y menos aún de las posibles soluciones a un problema de esta envergadura», explicaba con desaliento. Y es que, a día de hoy, no hay agua en una de las zonas de más riqueza hídrica de España. Rodiezmo es uno de los casos más simbólicos.

Adif sabía que la montaña se desecaba y el Ministerio de Transición Ecológica, que tenía que presentar cada seis meses informes de vigilancia medioambiental, no cumplió con su obligación. De hecho, no se hizo hasta 2018-2019 pese a lo cual, cuatro años después, no se han tomado medidas correctoras. «Aquí ha desaparecido el agua de manera global y se han gastado barbaridades de dinero para hacer parches», lamenta González-Antón, que se pregunta de qué se habla cuando se habla de luchar contra la despoblación. «Esto no va de gastar dinero para poner un tramo de calzada y al año siguiente, otro, esto tiene que estar basado en luchar por el territorio, como en este caso, en el de Pinos o en Somiedo», subraya.

En el informe del ministerio, se recoge que tanto la CHD como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta coinciden en que existen pruebas suficientes de la ineficacia e insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas por Adif.

La decisión del Miteco es el primer paso para encauzar la situación, pero aún no se ha decidido cuál será el plan elegido. Hay dos alternativas de bombeo y entre una y otra, casi 20 millones de euros de diferencia. Ambas se plantean en superficie porque si se hiciera a través de los túneles el agua saldría a través de una de las entradas de seguridad y no podría llegar a las cotas altas. La primera de ellas es la más directa hacia el embalse de Casares. La otra iría en paralelo por la rampa de Pajares y pasaría a León a través del puerto con una conducción hacia Rodiezmo. Esta segunda plantea problemas con el almacenaje pero permite ampliar el caudal ellas

Pero, incluso así, tanto la CHD como la del Cantábrico manifiestan que no hay suficientes evidencias de que las medidas solicitadas por la parte denunciante sean suficientes y eficaces para la recuperación de los sistemas acuíferos afectados.

Erre que erre

Desde la CHC defienden que no existen evidencias que demuestren que los volúmenes de drenaje vertidos al Huerna procedan en un cien por cien de la subcuenca del Bernesga mientras que la CHD añade que los caudales rebombeados servirían para incrementar los caudales circulantes en ríos y arroyos de la subcuenca del Bernesga pero no para recargar los acuíferos afectados por lo que se limitan a pedir el sellado de todo lo destruido. 

Frente a esta posibilidad, la entidad de entidades menores y Lacerta defienden que la única posibilidad es la construcción de bombas eléctricas que devuelvan el agua a León desde la depuradora del Huerna. «Esto solo se soluciona con un proyecto de recuperación integral, que no sólo implica la infraestructura que haga manar el agua de nuevo hacia la vertiente leonesa», reconoce Carlos González-Antón, que recalca las medidas correctoras han de perdurar durante el funcionamiento del túnel.

El gasto energético del bombeo puede oscilar entre los 2,6 y los 4,4 millones de euros al año que el administrador de infraestructuras ferroviarias tendrá que asumir. «Esto es un punto de no retorno. Si no lo cumplen la resolución del Ministerio, iremos a los tribunales. Además, la resolución obliga a que estemos en la Comisión de seguimiento encargada del desarrollo». González Antón añade además que «lo que ha hecho el Miteco en una resolución técnicamente intachable, aunque tardía, es repartir juego entre las diferentes administraciones». 

La pretensión de la federación leonesa de concejos es, además, ayudar en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, tanto el daño emergente como el lucro cesante además de la puesta en marcha de regadíos modernos, ayuda para una ganadería del siglo XXI, balsas para el ganado o abrevaderos para la fauna salvaje, entre otros planes. «Tengo esperanzas en el proyecto de restauración que merece León, para que España pueda presumir como país de esta obra de ingeniería».».