Banderas de nuestros padres

Ni siquiera el fascismo de Falange —familia, municipio, sindicato— pudo acabar con ellas y fueron el tejido de hombres libres que, con la expresión de sus derechos de manera democrática, lograron conformar un imperio basado en la libertad. Son una de las esencias que hace que León sea León pero su supervivencia se tambalea y en esta ocasión no hay que mirar ni hacia Madrid ni a Valladolid para buscar al culpable.

Al ya conocido de la despoblación hay que unir la soledad para resolver problemas legales y burocráticos cuando no la voracidad de los ayuntamientos. Es el caso de Boñar, que en 1967 retiró el estatus de entidad menor a Adrados, Barrio de las Ollas, Las Bodas, Cerededo, Colle, Felechas,Grandoso, Llama de Colle, Oville, Veneros, Valdecastillo, Vozmediano y Voznuevo.

Por supuesto se quedó con los pastos y la gestión de la caza. Ahora, y después de casi 30 años de lucha en las instituciones y los tribunales, están a la espera de que la Junta de Castilla y León les revierta su derecho a regresar a la vida.

La provincia atesora un tercio de las juntas vecinales de toda España, 1.226 de un total de 3.679, con su patrimonio —y aquí está parte del quid de la cuestión— en forma de recursos naturales y potencialidad para el futuro. El descenso de los últimos años no es acusado pero es preocupante.

El miércoles, sin ir más lejos, doce entidades menores se quedaban sin candidato mientras que en otras once solo había un aspirante. Y, sin embargo, según se conforme la ordenación territorial de la provincia depende la pervivencia de su economía y, por ende, de sus pobladores.

La lucha por la supervivencia ha vuelto a poner el foco en una figura con la que intentó acabar la ley Montoro pero para la que se echa de menos más apoyo por parte de Diputación y de partidos políticos.

Las juntas vecinales hunden sus raíces en la esencia misma de León. «Hay una acumulación de situaciones que marcan ese pretérito acumulado donde la leonesidad se explica como una hazaña, como un ansia de libertad, y siempre se ha singularizado ahí», destaca Rogelio Blanco y lo ejemplifica en las asambleas de los astures, los conventos vecinorum, los concilios, los sínodos, las curias plenas, las curias regias, y ya las Cortes, los concejos . Estas entidades menores que hoy se desprecian desde cualquier poder fueron las que lograron crear la España actual, cuando durante la llamada reconquista grupos de hombres libres ocupaban territorios hacia el Sur que iban disputando al Califato.

Todos los proyectos que se han desarrollado hasta ahora para la ordenación del Territorio se basan en el mantenimiento de ayuntamientos débiles y la multiplicación de mancomunidades mientras la propia Diputación da limosna —cinco mil euros al año— a los pueblos condenándoles al subsidio y la despoblación. Y eso a pesar de que son los únicos capaces de resistir al invasor, que ahora se presenta revestido por el brillo de la energía limpia.

En este sentido, Carlos González-Antón recuerda que si se pusiera en marcha una planificación adecuada de la implantación de los proyectos en el medio rural se abriría una oportunidad para la provincia que ahora se está perdiendo debido a la debilidad de estas entidades. «¿Qué ocurre con el desarrollo de las energías renovables en la provincia?» se pregunta, y contesta que con el apoyo adecuado se podría lograr que las juntas vecinales participaran en las ganancias integrándose en las sociedades promotoras o a través de la creación de comunidades energéticas con las que la población pudiera recibir un porcentaje de las ganancias o una cuota energética.

La alcaldesa pedánea de Villaestrigo, Nieves Fernández Llamera, no se esconde al hablar de la soledad con la que se ven obligados a sobrevivir. Perteneciente al municipio de Zotes, Villaestrigo es una localidad de 90 habitantes en el que la ‘juventud’ sobrepasa los 60 años de edad. «Al final, nosotros tenemos suerte porque el pueblo cuenta con patrimonio, pero hay muchos que sólo sobreviven gracias al ayuntamiento», confiesa. Y es que las juntas vecinales no cuentan ni siquiera con un secretario al que acudir para resolver problemas legales imprescindibles para su pervivencia.

Durante los últimos veinte años Villaestrigo paga a una asesoría para enfrentarse a la maraña legal del funcionamiento corriente. «Piense que si nuestros terrenos comunales nos aportan 20.000 euros anuales, al menos ocho mil se nos van en pagar asesores y abogados», lamenta Nieves, que reconoce que hay otros pueblos con menos suerte. La alcaldesa explica que hasta el momento no han sido capaces siquiera de aprobar las nuevas ordenanzas. Villaestrigo sigue con las de 1996, un detalle imprescindible para algo tan poco banal como la solicitud de subvenciones o la petición de un crédito. 

Se queja de que cada vez que acude a la Diputación se siente desprotegida: «No tienes dónde acudir y te enfrentas a la burocracia de todos: la del ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta», dice. Asume no obstante que todas las subvenciones que han solicitado a la institución provincial han sido concedidas, pero enfatiza que las juntas vecinales son las grandes olvidadas. «Todo lo que logramos es gracias a un trabajo ímprobo que no se nos reconoce», añade. Critica además que los servicios son cada vez peores y pone como ejemplo el médico: «Antes de la pandemia teníamos doctor, pero ahora sólo viene una vez a la semana y eso siempre que no tenga guardia en Santa María porque entonces, no viene». 

Las juntas vecinales no tienen sentido sin la población, pero ¿Qué es primero: la gallina o el huevo? Porque sin la capacidad de gestión de los recursos los habitantes se irán. Y es que si bien el descenso de juntas vecinales no es acusado sí que es preocupante por la falta de capacidad de adaptación a la situación actual y a los requisitos que necesitan y de los que no disponen para funcionar como administraciones. 

Más ayuda de la Diputación

Carlos González-Antón, secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, destaca que ni la normativa, ni la ordenación del territorio se están adecuando a esta realidad. «No se las ayuda y un ejemplo de esto lo tenemos en la administración electrónica», explica para subrayar que el desarrollo de León como provincia debe reformularse teniendo en cuenta a las juntas vecinales.

«Si queremos modernizar estas entidades, que por otro lado es obligatorio, hay que dotarlas de financiación y asistencia», reivindica y subraya que, de lo contrario, se las obliga a actuar en la raya de la legalidad. «La asistencia del SAM —Servicio de Asistencia a Municipios— debe darse de manera sistemática», reclama.

Sin embargo, no sólo no es así sino que en la mayoría de las ocasiones ni el SAM ni los ayuntamientos las apoyan, por lo que los alcaldes pedáneos se encuentran desvalidos.

 Y es que para las 1.200 juntas vecinales solo hay tres funcionarios en el SAM. Había uno más en el Consejo Comarcal del Bierzo, pero ha concursado y ahora la plaza está vacante.

Mientras, la Diputación de Valladolid, que tan sólo cuenta con nueve entidades menores y 211 (casi los mismos que León) municipios tiene diez funcionarios habilitados.

El nuevo diputado del SAM, Valentín Martínez Redondo, asegura que el nuevo equipo de gobierno ya ha comenzado a estudiar las alternativas para paliar los problemas de los pueblos y espera que la bolsa de interinos para realizar las funciones de secretario-interventor que la Junta anunció en el mes de julio sea de ayuda.

Admite que los tres secretarios con los que cuenta la Diputación para ayuntamientos y que la asistencia que hace el SAM es «muy básica».

Sin embargo, prefiere no aventurar la cifra de nuevas contrataciones que la institución provincial tendría que realizar para que los pueblos pudieran tener un funcionamiento óptimo. «A lo mejor con un asesoramiento puntual con dos sería suficiente», dice. «Hay que mirar la disponibilidad de los presupuestos para ampliar la dotación en los planes para las juntas vecinales y los ayuntamientos», añade al tiempo que se felicita de que ahora el Tribunal de Cuentas sea más «laxo» con las juntas vecinales, lo que permite que estas puedan presentar el balance anual casi hasta el último día de diciembre. 

La Junta aporta siete secretarios para León

La Junta de Castilla y León firmó el pasado viernes los nombramientos de los nuevos secretarios que comenzarán a partir de la semana que vienen en los ayuntamientos y juntas vecinales que así lo han requerido. Son siete para León y desde la Consejería de Presidencia aseguran que todas las solicitudes que han llegado se están tramitando. 

Carlos González-Antón recuerda que el problema con el que tienen que bregar las entidades menores no es solo la ley Montoro y la falta de medios. También pone el énfasis en que se han utilizado como el último eslabón de la partitocracia, cuando los partidos políticos deberían quedar fuera de las juntas vecinales. «Tendrían que eliminarse las candidaturas de los partidos como ocurre en el País Vasco, en concreto en Álava», dice.

La consecuencia es siempre la desafección por parte de los habitantes y el miedo al que lleva el desasistimiento al que están sometidas lleva a que los habitantes opten por no presentarse por la responsabilidad civil o penal en que pueden incurrir por la falta de apoyo legal. Además, otra de las críticas que hace el experto es la ausencia de un órgano de asesoramiento en gestión del patrimonio y eso a pesar de que así está recogido en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. 

Más de un tercio de las propiedades rurales pertenecen a las juntas vecinales, más del 90% de los Montes de Utilidad Pública forman parte de su patrimonio, una riqueza que se está perdiendo por la ausencia del asesoramiento que sufren. «Cada vez hay más demanda de pastos para el aprovechamiento del ganado, pastos que se quedan los asturianos, que nos están colonizando, porque ellos reciben más ayudas del Principado que los ganaderos de Castilla y León».

Las barreras que desde casi todas las administraciones se han puesto al desarrollo de las juntas vecinales llevan a la paradoja de que el funcionamiento democrático apoyado en el concejo en el que se respetaban las ordenanzas era más fuerte en el franquismo que en la actualidad porque se creía en su funcionamiento democrático. Hoy casi no hay concejos abiertos, una figura que habría que recuperar en pueblos con una población reducida, para fomentar la participación democrática.

Carlos González-Antón destaca que la ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998 no se ha cumplido y, además, necesita modernizarse. «Sería sencillo seguir el modelo de otras comunidades, como el País Vasco o Cantabria, que tienen una ley específica para los concejos», destaca. Y pone como ejemplo Álava, una provincia en la que los partidos políticos no tienen cabida en las juntas vecinales y que son apoyadas desde la Diputación foral en su gestión, además de contar con una asociación en la que están todos los concejos. 

El alcalde de Almanza y diputado provincial del PP, Javier Santiago Vélez, manifiesta que uno de los objetivos de su partido en caso de llegar a gobernar la Diputación es lograr que la institución provincial cumpla con el asesoramiento y la contabilidad de las juntas vecinales.

Y es que, recuerda, todas las juntas que presentan las cuentas  después del 31 de octubre están fuera de la ley. «Vamos a presentar una moción en la Diputación para eso, porque estas entidades menores pierden subvenciones precisamente por esta razón», dice y añade que hay que cambiar el formato.

« La Diputación debería ser una palanca para multiplicar y hoy por hoy no es más que un trasvase», lamenta. Santiago Vélez pregunta por las medidas contra la despoblación que ha desarrollado el PSOE en los últimos cuatro años de mandato y subraya la imperiosa necesidad de  mejorar los servicios que presta el SAM e intentar que el dinero llegue de manera más eficiente. «En el tema más acuciante, el de los secretarios, habría que poner en marcha una mesa de trabajo entre administraciones porque hay que decidir qué queremos hacer con las juntas vecinales de aquí al futuro», defiende.

 Audanzas del Valle es un pueblo pequeño del sur del Páramo leonés. Con pocos recursos, dispone  de un coto de caza con el que logra salir adelante y desde hace un tiempo también cobra el agua para sufragar los gastos. «Somos 123 vecinos empadronados, la mayoría agricultores. Antes se llevaba todo en una gestoría en La Bañeza que nos cobraba 1.230 euros al año, demasiado. Así que ahora nos lo va a hacer el SAM», destaca la alcaldesa, Ana González, que calcula que la pedanía ingresa no más de 16.000 euros al año —a lo que hay que unir los seis mil que les da la Diputación— y tiene que afrontar unos gastos que rondan los 22.000. «El Ayuntamiento también da subvenciones, más o menos cuatro mil euros», explica. 

Es su marido el que cumple las funciones de secretario porque, según dice, «la Diputación no quiere hacerse cargo». «Dicen que no cuentan con personal suficiente con lo que somos nosotros los que presentamos toda la documentación y todo por sede electrónica».