La conexión leonesa de los abusos de Toledo

Uno de los puntos en los que se detiene el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos que el Defensor del Pueblo presentó el pasado mes de octubre se centra en los testimonios de los agresores y su círculo.

El documento destaca el intento de los sacerdotes pederastas de diluir su sentimiento de culpa o autojustificarse a través de tres técnicas: la minimización o negación de la responsabilidad del agresor, del daño, y de la realidad de los hechos. Una de las más claras es el recurso a la culpabilización de la víctima, identificándola como responsable de los abusos, merecedora de sus consecuencias negativas y autopercepción del agresor como una especie de vengador que ejerce algún tipo de justicia. 

El objetivo, además de sacudirse la culpa, es revictimizar al menor de manera soterrada —por qué no pidieron ayuda cuando ocurrían los abusos— o, de forma más evidente, asegurando que las agresiones no fueron tales sino que fue el niño quien buscó esa relación. Esto es, precisamente lo que ocurrió con la última víctima de abusos conocida de La Bañeza.

La Audiencia Provincial de León dictaba una sentencia el 19 de octubre que condenaba a siete años de prisión al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos por un delito de abuso sexual continuado a un menor. ¿Por qué se juzgó en León si ni agresor ni víctima son leoneses? ¿Por qué fue la Audiencia Provincial la que emitió el fallo si ambos pertenecen a la diócesis de Toledo?

Porque los abusos más graves se cometieron en la capital bañezana, un territorio que no logra despegarse del estigma de la pederastia. Fue en su seminario donde al menos dos sacerdotes —Ángel Sánchez Cao y Manuel Ramos Gordón— abusaron sexualmente de varios niños. El informe presentado por Ángel Gabilondo habla de cinco, pero pudo haber más. De hecho, el año pasado un antiguo alumno del centro religioso escribió un libro — En las penumbras del seminario — en el que bajo el pseudónimo de Tony Zelio contaba su particular infierno en La Bañeza.

Este periódico ha conseguido hablar con varias víctimas. Dos hermanos gemelos, uno de los cuales murió, fueron agredidos por Manuel Ramos Gordón en La Bañeza, Emiliano Álvarez, recientemente fallecido, sufrió abusos por parte de Ángel Sánchez Cao en el seminario dependiente de la Diócesis de Astorga, mientras que J y H.H fueron víctimas en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria a manos de Ramos Gordón —razón por la que éste fue destinado al seminario de La Bañeza—. Ambos curas han sido condenados en un proceso canónico, si bien continúan en el seno de la Iglesia.

En el nuevo caso descubierto, una de las agresiones sexuales tuvo como escenario un instituto secular, el de las Misioneras Apostólicas de la Caridad.

El menor ingresó a los once años de edad en el seminario de Toledo en el que el sacerdote condenado actuaba como director espiritual. Según consta en la sentencia los abusos comenzaron en 2005, cuando el niño tenía 14 años de edad, y se prolongaron hasta 2007. En esos años el sacerdote viajó hasta la ciudad leonesa con el niño para realizar unos ejercicios espirituales que duraron ocho días en los que la víctima fue obligada a realizar una felación a su agresor. 

Las misioneras de este centro han asegurado a DIARIO DE LEÓN que no era la primera vez que el sacerdote Rodríguez Ramos las visitaba. Una de ellas explica que recuerda perfectamente al menor: «Yo estaba aquí cuando el niño este, que entonces era un niño, vino, pero ¿Qué se cometieron los hechos? ¿Quién lo sabe? Aquí no se vio nada, absolutamente nada», subraya al tiempo que defiende que la condena «no es firme». 

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, hizo oídos sordos durante un lustro a la noticia de los abusos cometidos por este cura a pesar de que la víctima informó a un sacerdote en el año 2009 y su madre lo denunció a varios curas de su confianza y al propio arzobispo en 2010. Nadie tomó medida alguna y Pedro Rodríguez Ramos continuó ejerciendo con menores en el seminario hasta 2015. Además, tras la querella interpuesta en el juzgado de La Bañeza el 30 de junio de 2016, al condenado se le permitió viajar en dos o tres ocasiones —según aseguran las misioneras diocesanas de la caridad— para dirigir ejercicios espirituales en Moyobamba, Perú, donde la Archidiócesis tiene una misión.

Nada cambió con la llegada del nuevo prelado, Francisco Cerro, a la Archidiócesis de Toledo en diciembre de 2019.   A pesar de que la querella ya había sido interpuesta ante la Justicia el nuevo arzobispo tampoco hizo nada para aliviar el sufrimiento de la víctima ni apartó del ministerio al agresor hasta 2021, año en el que finalmente se abre juicio oral y el sacerdote es procesado.  

Esta misma semana, el Vaticano , a través de la Pontificia Comisión  para la Protección de los Menores, mostraba a la Archidiócesis el camino a seguir con este tema en una contestación inédita a DIARIO DE LEÓN. «No debería haber lugar en el ministerio pastoral para alguien que agrave a sabiendas el sufrimiento de las víctimas de abusos sexuales. Instamos a los líderes de la Iglesia a que sean modelos de atención pastoral a las víctimas en sus palabras y en sus acciones». Seguida al pie de la letra, esta sugerencia enfoca a todos los que, con su actitud —el supuesto abusador sólo fue apartado en 2021— han revictimizado al menor.

La Comisión Pontificia añade que es consciente de este caso en particular «(...) y con frecuencia se compromete con las víctimas en nombre del Santo Padre para encontrar maneras de apoyarlas tanto antes como después del proceso legal, sea civil o canónico. La Comisión es consciente de lo lejos que estamos todavía de una Iglesia comprometida de veras con apoyar a las víctimas de abusos sexuales», incide. ¿Quiénes de cuantos siguen en el Arzobispado de Toledo agravaron a sabiendas el sufrimiento de este menor?

Lo que se sabe por fuentes del propio Vaticano es que la víctima ha planteado varias denuncias. Los destinatarios son los arzobispos de Toledo Braulio Rodríguez y Francisco Cerro, Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el prelado de otra Diócesis vecina y el sacerdote Carlos Loriente, autor de una misiva en la que desacreditaba al denunciante y defendía al querellado que envió a varios presbíteros. 

Otra pregunta que se dilucida es si Toledo puso alguna vez en marcha una investigación para esclarecer los abusos. La directora de la oficina de protección al Menor de la Archidiócesis asegura que los obispos dictan un decreto en el que nombran a un investigador y un notario que son los que llevan a cabo las pesquisas. «Del análisis que se obtenga el obispo emite su voto, pero su labor durante la investigación de la supuesta víctima debe y  es meramente pastoral». Se entiende que este tuvo que ser el protocolo seguido en el caso de La Bañeza.

Sin embargo, y según las propias misioneras, nadie del Arzobispado de Toledo ni de la Diócesis de Astorga, donde tuvieron lugar parte de los abusos —en realidad el más grave—, se dirigieron a ellas para esclarecer los hechos ocurridos en uno de sus dormitorios.

DIARIO DE LEÓN  ha preguntado también al Obispado de Astorga si, como institución en la que recae la responsabilidad de lo que ocurra en La Bañeza, han iniciado proceso alguno. Hasta ahora, nadie ha contestado. 

¿Qué potestad tiene un arzobispo denunciado por encubrimiento para liderar la investigación contra el sacerdote al que él mismo ha encubierto? Se sabe que el obispo Cerro estuvo en el centro de estas misioneras en noviembre de 2020 con motivo de la clausura del año jubilar de Ángel Riesco, fundador del instituto secular. «Pero no nos preguntó nada, no hablamos del tema», destaca la religiosa. El arzobispo ya era consciente de la existencia de una denuncia civil y tenía que haber iniciado una investigación canónica.

Fuentes consultadas por este periódico hablan de una supuesta relación de amistad entre Francisco Cerro y Pedro Rodríguez Ramos previa a la llegada del obispo a la Archidiócesis. Ambos se formaron en el mismo seminario.

Desde Toledo niegan conocer ese dato y sólo dicen que Cerro lleva como titular desde el año 2020 mientras que el proceso judicial «viene de antiguo». En una imagen a la que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN aparecen ambos retratados en su juventud. «Desde la Diócesis se pusieron medidas cautelares cuando, después de varios sobreseimientos, el último en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción abre el juicio y cita a declarar al sacerdote como investigado. A partir de este momento se le toma declaración y se procede a imponerle medidas cautelares. Se le aparta del ejercicio público del ministerio sagrado, especialmente el trato con menores. Se envía toda la información al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, quien tiene, en última instancia, competencia para marcar las actuaciones pertinentes y se actuó escrupulosamente de acuerdo a lo que dicho Dicasterio iba dictando en todo momento», destaca Lourdes Carrozoni, responsable de la Oficina de Protección del Menor.

Sin embargo, canónicamente el Vaticano obliga a iniciar el proceso cuando se tiene noticia, hecho que sucedió en 2010, según declaró el propio condenado durante el juicio. Por lo tanto, existen incongruencias en las declaraciones públicas desde Toledo. Según palabras de la propia Archidiócesis, no se ofreció ayuda a la víctima hasta finales de 2022, un año después de que se creara la citada oficina, doce desde que los hechos se pusieran en conocimiento del Arzobispo y siete después de que se interpusiera la denuncia civil.

Por su parte, la portavoz de la Conferencia Episcopal explica que no tiene potestad sobre ninguna Diócesis. «Lo único que podemos hacer al conocer la sentencia es dar traslado a la Archidiócesis», subrayan. Añade que la Conferencia publicó una instrucción con todos los protocolos, tanto jurídicos como canónicos, para dar tratamiento a este tipo de casos, procedimiento que ya tienen los obispos. «Es una normativa que se hizo de obligado cumplimiento para las Diócesis», subraya al tiempo que enfatiza que sólo el Papa tiene potestad sobre los obispos. Será Roma, por lo tanto, la que tenga que resolver este caso que ya está formalmente denunciado desde 2022.