Ayudar a morir para vivir mejor

Se asocia con salvar vidas, con la esperanza de poder tener mejor salud más adelante a lo largo del periplo de cada persona por el mundo y la promesa de acercarse cada vez más a la ansiada inmortalidad pero, a veces, la medicina tiene que dar un giro de 180 grados y contentarse con poner fin al calvario de las personas que sufren enfermedades incurables y para las que no existe cura. En ocasiones, pues, resulta que lo más humano es ir en contra del instinto de supervivencia que caracteriza cada ser vivo y aceptar que el fin ha llegado, y hacer lo posible por facilitarlo de la forma más digna posible, tal y como cada vida que termina merece.

Precisamente para eso se votó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que entró en vigor hace poco más de tres años, el 25 de junio de 2021. Una ley que pone un marco estricto a la muerte asistida y la sitúa de forma clara como última opción en casos incurables.

¿Quién puede pedirla?

El criterio para que sea concedida la muerte asistida consiste, primero de todo, es que solo la persona que quiere recibirla puede pedirla. No puede ser pedida por una tercera persona ni aunque tenga un poder legal sobre la persona y tiene que estar en plena disposición de sus aptitudes mentales para hacerlo. La persona solicitante debe ser española o llevar al menos un año en España para tener derecho a ella. Para que salga adelante, la persona debe tener una enfermedad que le cause un dolor insoportable y pertinente para que le impida hacer vida, esto es comunicarse o valerse por sí misma de forma permanente. Esta patología debe ser incurable, sin la opción de recibir un tratamiento que pueda mejorar la situación de la persona.

La dolencia no tiene por qué ser física, sino que también puede ser mental, como apunta el médico de familia retirado y portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Castilla y León, Fernando Sanz, «Hay muchas formas de sufrir. Por supuesto que es más fácil comprender el sufrimiento que genera una enfermedad oncológica como un cáncer avanzado, pero las enfermedades mentales también pueden causar un sufrimiento insoportable y hay muchos tipos, algunas de las cuales, como la esquizofrenia, no tienen cura, así que tienen el mismo derecho que cualquier otro enfermo permanente a pedir la eutanasia si así lo desean» apunta.

Una modalidad a través de la que se han pedido todavía muy pocas eutanasias, pero que se anticipa que crecerá en importancia con el paso del tiempo es mediante el «testamento vital» o instrucciones previas, en las que una persona puede pedir de forma anticipada la muerte asistida llegado el momento en que pierda la habilidad para valerse por si misma, ya que en el momento de dejar las instrucciones, esa persona sí tenía capacidad para tomar decisiones racionales.

Un proceso imperfecto

Según explica Sanz, «En el caso de la eutanasia, la ley no pide al médico diagnosticar una patología en el paciente con el objetivo de curarla, sino escuchar el relato del paciente que pide la eutanasia y evaluar su sufrimiento. Y si resulta que no hay solución, se aconseja la eutanasia para la persona demandante». Añade que es un proceso «complicado» porque se evalúa un relato y unos resultados, pero no se realizan nuevas pruebas para buscar el origen o la solución de las dolencias, sino que se busca ver si todo tiene sentido y si hay alguna cura en base a la información que ya se tiene o se da luz verde al proceso de eutanasia.

El proceso para pedir la muerte asistida, que en un caso normal dura entre mes y medio y tres meses debido a las múltiples peticiones que se deben realizar al médico responsable, que es quien lleva el caso y la vista con el médico consultor, especialista en la dolencia que afecta al enfermo es, según fuentes de DMD, demasiado largo. Estiman que una de cada tres personas que piden la eutanasia a nivel nacional mueren durante el proceso de tramitación, lo que significa que es su dolencia la que los lleva a la tumba y no pueden irse en paz rodeados de sus seres queridos.

Desde la asociación apuntan a procesos que se alargan de forma innecesaria, «muchos casos se alargan de forma innecesaria, es un sufrimiento innecesario que al final termina matando a un tercio de las personas que piden la eutanasia antes de que puedan irse en paz. Es algo terrible» apuntan desde DMD.

El que fuera presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León y del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León y miembro del Comité técnico interterritorial del Ministerio de Sanidad para la elaboración del Manual de buenas prácticas en eutanasia, Antonio Blanco, apunta que parte de esas muertes son inevitables, «hay procesos de enfermedad que son tan rápidos que la persona no aguanta, porque si todo va bien se puede llegar a dar la eutanasia en mes y medio, pero algunos ni siquiera llegan a eso y en esos casos casi habría que decir que les quedaba tan poco que la eutanasia no era necesaria». Por otra parte, asegura que cuando los plazos se alargan, se debe principalmente a la objeción de conciencia que alegan multitud de médicos, «la ley contempla la objeción de conciencia y es tan fácil como levantar la mano y decir que no se quiere. No hay ningún requerimiento adicional y se dan muchos casos. La persona que quiera pedir eutanasia y se encuentre con un objetor tiene que buscar un médico que esté dispuesto a hacerle pasar el trámite. Puede pasar mucho tiempo antes de que ocurra y es una pena», apunta.

Cuestión personal

Preguntado sobre la razón por la que existe tanto rechazo a participar en estos trámites, Antonio Blanco asegura que «muchos médicos están formados únicamente en la ayuda a vivir y parece que ayudar a morir es el fracaso de la medicina» y puntúa que «muchos médicos demuestran ignorancia o cobardía con el tema, posiblemente porque no han enfrentado su propia mortalidad». Añade que «Las personas se mueren. Es una de las razones por las que yo estudié medicina. El médico preserva la vida y lucha contra la enfermedad pero al final todos morimos, y parte del trabajo es ayudar a morir», una frase que se traduce en hacer lo posible para que, una vez llegado el fatídico e inevitable momento, la despedida del paciente se haga en las mejores condiciones posibles, aunque este tenga una enfermedad que le haga sufrir de forma constante.

Sobre la oposición pública del vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, Francisco Vara, a la eutanasia, fuentes de DMD aseguran que «no tiene ningún sentido que ocupe un puesto de responsabilidad en un órgano tan crítico para el bienestar y un final de vida digno de las personas alguien que está abiertamente en contra del proceso». Por su parte, Antonio Blanco asegura que no ha visto «ningún indicio» de que las opiniones personales de Vara hayan influenciado la toma de decisión de la Comisión en los casos correspondientes a Castilla y León.

Una nueva medicina

A lo largo de la historia, la medicina ha sido «paternalista». Esto significa que era el profesional médico el que diagnosticaba y ordenaba un tratamiento al paciente, sin tener en cuenta su opinión ni sus creencias. Los últimos 50 años vieron surgir una nueva forma de ejercer la medicina, una modalidad que otorga más autonomía y poder de decisión a los pacientes. En esta nueva vertiente, el facultativo, además de poder diagnosticar y recetar un tratamiento, también tiene la responsabilidad de informar a la persona que recibe la atención, ya vista como «adulta» con capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo de acuerdo con sus convicciones, creencias y preferencias, sobre sus dolencias y las opciones que se presentan ante ella para que determine los procesos que desea seguir. 

Tanto Fernando Sanz como Antonio Blanco coinciden en que este nuevo paso es positivo, pues otorga más poder de decisión al paciente, «Todo lo que sea otorgar poder de decisión, mientras esté bien informado y asistido, al paciente es algo bueno. Son pasos que han resultado difíciles de aceptar para algunos en su momento pero que son muy positivos en general», según Sanz.

Las nuevas formas de aplicar la medicina, en las que se inscribe la eutanasia, son un tema de debate habitual en los pasillos de los hospitales, como es el caso en el Universitario de León, en el que las pocas pausas que se pueden permitir los profesionales están marcadas por multitud de debates alrededor de la muerte asistida, «Hay opiniones muy diversas que van desde los defensores de la vida a ultranza y aquellos que opinan que cada uno debería decidir sobre su propio cuerpo, incluso hasta el punto de decidir si quieren morir, con todas las gamas de gris intermedias» dice Blanco.

La medicina está en constante evolución y esta no es calificable como «la última» innovación debido a que es un mundo tan vivo que multitud de novedades teóricas y prácticas surgen de forma casi simultánea en multitud de ámbitos dentro del sanitario, pero sí que afecta a tantas modalidades diferentes que resulta imposible para los profesionales mantenerse neutros ante ella.

Casos polémicos

El caso de la joven de 23 años que pidió la eutanasia en Barcelona y que fue aprobado tanto por los médicos responsable y consultor como por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña pero terminó se encuentra suspendido por una jueza tras una reclamación judicial interpuesta por el padre de la mujer con la colaboración de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

Antonio Blanco considera que el hecho de paralizar un proceso en el que se siguieron todos los pasos que marca la ley con resultados positivos en base a demandas judiciales de terceras personas marca «un precedente peligroso». Añade que «entiendo que un padre no quiera perder a su hija, pero es una persona adulta que pidió la eutanasia y cumplió con todos los requisitos según el médico responsable, el consultor y la Comisión. Nadie puede interponerse en esa decisión, porque antes de ser la hija de nadie, es una adulta que tiene el poder de decidir sobre su propio cuerpo».

Desde DMD, denuncian que «Un juez no puede cuestionar el sufrimiento» y que «El único momento en que la justicia debería participar en estos procesos es cuando la persona que pidió la eutanasia recibe una respuesta negativa de la Comisión y decide reclamar por vía judicial, pero nunca por la intervención de una tercera persona».

Este caso es especialmente espinoso, pues se trata de una joven que no solo está afectada por una profunda depresión que la llevó a intentar suicidarse, sino que ese intento le dejó unas secuelas irreparables por la vía de una lesión medular severa que le impide hacer vida normal y para la que no hay cura posible, «Es muy doloroso que una hija pida la eutanasia, pero si se ha seguido todo el proceso, que es extremadamente garantista, hay que respetarlo. Es extraño y hasta un poco peligroso que se pueda incidir desde otros ámbitos en un derecho fundamental y muy personal», apuntó en declaraciones recogidas por la agencia EFE la presidenta de DMD en Cataluña, Cristina Vallès.

La ley, subraya Vallès, no excluye a los pacientes con enfermedad mental, que deben contar con un diagnóstico profesional exhaustivo que determine que son capaces de tomar decisiones. «Ante una enfermedad oncológica o neurológica no hay dudas; un caso de enfermedad mental siempre es más complejo, pero la ley no discrimina enfermedades y un trastorno mental puede producir también un dolor y sufrimiento insoportable, como exige la ley. No estamos hablando de un malestar, o un disgusto, pero sí, por ejemplo, de una depresión grave, profunda y alargada en el tiempo», precisa.

Antonio Blanco apunta que la ley es «muy garantista» y hace todo por proteger la vida al tiempo que da la opción de terminar con ella a quien realmente así lo desea, «Para recibir la eutanasia hay que hacer dos peticiones escritas con al menos 15 días de intervalo entre una y otra, ser evaluado por dos médicos, uno de ellos experto en la dolencia que se padece, que determinen que el problema de salud que se tiene no tiene ni cura ni tratamiento que vaya a mejorar la situación y luego que la Comisión, formada por evalúe las actuaciones de los peritos» lo que deja claro que no son decisiones que se toman ni aprueban a la ligera.

Blanco pone sobre la mesa la carga ideológica del caso. Considera que «la jueza debe tener un problema personal con la eutanasia, porque no solo paró el proceso de la chica de 23 años del que todo el mundo habla, sino que también paralizó otro proceso en los últimos días y nada más hacerlo le pasa el marrón al Tribunal Superior de Justicia. Eso deja pensar que sabe que hace algo que no debería pero se deja llevar por su ideología».

Ese segundo caso que menciona Blanco es el de un hombre de 54 años que sufrió cuatro ictus y dos infartos en los últimos cuatro años que le dejaron importantes secuelas que afectan su movilidad y capacidad para hablar. Según informaciones de la Cadena Ser, el paciente «no le encuentra sentido a su vida a raíz de su discapacidad» y que «bajo ningún concepto quiere llegar a tener un mayor grado de discapacidad del que ya tiene».

Fue su padre quien recurrió la decisión una vez todos los tramites fueron completados de forma satisfactoria según la Comisión de Garantía y Evaluación catalana. Alega que su hijo sufre problemas de salud mental y que, en su opinión, las patologías físicas de su hijo podrían sobrellevarlas con el debido tratamiento. El solicitante de la eutanasia se puso entonces en manos del personal sanitario, que descartó que sufra cualquier problema de salud mental y que, por tanto, podía solicitar la muerte asistida al estar en pleno uso de sus facultades mentales.

Factores culturales

La aplicación de la ley depende cada Comunidad Autónoma, pero más allá de la pura aplicación, el recurso a la misma depende de diferentes factores culturales como por ejemplo la visión que se tiene de la vida y la muerte, algo que, según explica Antonio Blanco, depende de los rasgos culturales de las distintas regiones que conforman el territorio nacional. «En Castilla y León existe, en general, un apego a la vida y al intentar llegar lo más lejos posible aunque se sufra que dista de la actitud que se tiene frente a la muerte, por ejemplo, en el País Vasco o Cataluña, dos comunidades que son pioneras en el uso de la eutanasia», dice.

Los datos refrendan la existencia de tasas muy diferentes de peticiones y de casos que llegan al final de sus peticiones. Cataluña es la Comunidad líder en peticiones de eutanasia, con 175 solicitudes en 2022, último año cuyos datos están disponibles mientras que la Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición con 62 peticiones. Cuando tenemos en cuenta los datos de población de ambas comunidades, vemos que 23 de cada 10.000 personas piden la muerte asistida en Cataluña y tan solo 9 de cada 10.000 lo hacen en Madrid.

Castilla y León fue la sexta Comunidad Autónoma con mayor número de peticiones tramitadas (25) y es la quinta con menor porcentaje de eutanasias realizadas (40 %), con una cifra superior solo a las de Baleares, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha.

La estadística que tiene en cuenta la proporción de personas que piden la muerte asistida comparada a la población total del territorio, Castilla y León está a la altura de Cataluña, pero en su caso, algo que a primera vista podría desmentir las afirmaciones de Antonio Blanco en referencia a la relación con la muerte en los dos territorios y dejaría la diferencia en una mera cuestión de diferencia de población total, pero la tasa de peticiones aprobadas en Cataluña es un 12 % mayor que en CyL y puede esa discrepancia numérica puede ser debida a una diferente mentalidad ante la vida y la muerte por parte de los profesionales médicos, que pueden ser más exigentes a la hora de aceptar realizar la eutanasia en Castilla y León que en Cataluña.

A nivel del territorio leonés, la primera eutanasia fue realizada en junio de 2022, apenas unas semanas antes de que se cumpliera un año de la entrada en vigor de la ley y han sido confirmadas por fuentes anónimas al menos dos muertes asistidas en 2023 y que en el momento de publicarse este artículo están en proceso al menos otras dos peticiones, un aumento lento debido, sin duda, a la naturaleza luchadora de la población leonesa, pero que se anticipa que seguirá en aumento, porque no siempre se puede salvar una vida, pero siempre se puede ayudar, llegado el momento, a terminarla con dignidad.