Una torre testigo de los horrores La documentación de los masones leoneses

|||| Una de las declaraciones más espeluznantes de cuantas están recogidas en los legajos del Archivo se refiere a las prácticas que se desarrollaban con los prisioneros en una de las torres de San Marcos. En ésta los veterinarios tenían sus clases de anatomía y en el suelo se diseminaban objetos pertenecientes a los detenidos, tales como gafas, lápices, relojes, manchas de sangre o mechones de pelo. Los presos eran torturados en esta sala, de donde salían tales gritos de angustia que obligaron a la hija del inspector principal, Fortunato F. Corugedo, que trabajaba como mecanógrafa en otra sala del edificio, a quejarse al capitán del destacamiento para que evitara esos martirios a los presos del hoy en día Parador. De esta manera sabemos que una de las torres del antiguo hospital, de peregrinos fue utilizado como sala de torturas. Una de las declaraciones más espeluznantes que pueden leerse en los documentos que se conservan en el Archivo es la que realiza Ricardo Presa acerca de las torturas que tuvo que padecer Juan Monje en el cuartel de la Guardia Civil. Presa asegura que los falangistas obligaron al detenido a comer una vela de esperma y a tomar medio litro de aceite de ricino, tras lo cual tuvo que limpiar con la lengua las tablas del suelo. Cada una de las declaraciones que se recogen en los testimonios de los huidos a la zona republicana se asemejan a las que ya hemos relatado. Un asesinato El testimonio se refiere además al día en que se mató a Gregorio Martínez. «A éste le fueron a buscar a casa, a la plaza de Abastos, donde se hallaba cumpliendo una misión en una tienda que en dicha plaza tenía, y en ese referido sitio, por la coacción, le pusieron en una camioneta llevándole a las afueras, por la carretera de Azadinos, donde se encontraban trabajando dos camineros y varios labradores, a todos los cuales mandaron retirarse, los que obedecieron, apartándose los camineros a una loma alta y desde ésta, ocultos, vieron que la autoridad facciosa obligaba a Gregorio a empuñar un pico y una pala y hacer la fosa donde le iban a enterrar. Acto seguido le asesinaron, le enterraron en dicha fosa y pasaron por encima con la camioneta, con algarada de venganza. El cadáver fue enterrado después de quince días, pues lo dejaron casi insepulto». Presa también relata lo que él califica de «refinada crueldad». Se trataba de un vecino de Cistierna que perdió los ojos poco después de que las «fuerzas sublebadas» entraran en Cistierna. Al salir a recibirles, el aludido recibió un tiro que le vació el ojo. Al recobrar el conocimiento, un falangista le disparó otro tiro en el otro ojo, quedando ciego de los dos. Otro caso fue el que le sucedió al guarda-barrera Pablo «El Temprano», a quien registraron y encontraron un trozo de tiza. Los guardias civiles creyeron que era el autor de la pintada «U.H.P» (Unión de Hermanos Proletarios) en unas tapias cercanas al sitio de su trabajo, con lo que fue encerrado en San Marcos, dándole varias palizas, hasta que desapareció tres días después de su detención. |||| Tras la Guerra Civil se aplicó la ley de represión de la masonería y el comunismo, y muchas de las personas que estaban en prisión fueron condenadas de nuevo por su pertenencia a la masonería. El Archivo de la Guerra de Salamanca ha reunido más de 60.000 expedientes de acusados de pertenecer a la masonería, además de una biblioteca que reune tanto prensa, más de 400 revistas de 30 países distintos, como periódicos, «El Motín», «El País» o «Las Dominicales», o libros relacionados con el tema, acerca de espititismo, teosofía, alquimia o ciencias ocultas. Entre la documentación hallada en el Archivo de la Guerra de Salamanca, figura un informe en el que el camarada de falange española de las J.O.N.S en Valladolid, Enrique García, aporta datos acerca de varios sospechosos de pertenecer a la Masonería. Este es el caso de Moisés Panero, director del Banco Mercantil de Astorga, «sospechoso de ser el jefe provincial de la Masonería de León». Según García «en su casa eran recibidas todas las personalidades de izquierda de León, como el general Cabrera y otros». Además, se asegura que en su casa estaba escondido Justiniano Azcárate y un ingeniero de la misma filiación política. Otro de los caídos en desgracia fue Francisco Molina, profesor de Instituto, «elemento de izquierdas hasta el extremo de que sus propagandas solapadas en defensa del comunismo lo llevaban a hacer imposible los estudios de gentes que no pensasen como él». Enrique Curiel, director del Instituto de Astorga y concejal del Ayuntamiento de Valladolid «es peligrosísimo y los informes que hay en Valladolid también son pésimos». Vicente Pérez Crespo y M.Carro, ambos magistrados de la Audiencia de Madrid, «son los que seintenciaron a José Antonio Primo de Rivera y que huyeron de Madrid al poco tiempo de dictar la sentencia y se encuentran en el pueblo de Santa Coloma de Somoza, muy amigos de Gabriel Franco y de Azaña». Herminio Fernández de la Poza, natural de La Bañeza, diputado de las Constituyentes por el Partido Radical, «se le considera como masón. Sobre este individuo continuan las indagaciones». Manuel Carro, alias el Víbora, «este individuo se supone esté en uno de los pueblos de Valdedo o Biforcos, o en el pueblo próximo. Es de antecedentes malisimos y propagandista comunista». Hay una nota al final del informe en la que Enrique García expone la necesidad de «ver la documentación recogida en casa del capitán Lozano». Los muertos En la provincia de León, murieron víctimas del terror antimasónico Pío Alvarez, bibliotecario de la Fundación Sierra Pambley, cuyo nombre simbólico en la logia era Becquer. Julio Marcos Candanedo, maestro, cuyo sobrenombre era Víctor Hugo, y Angel Arroyo Lezcún, contable de la casa Roldán. Su alias en la logia resultaba peligroso: se llamaba «Libertad». Los tres pretenecieron a la Logia Emilio Menéndez Pallarés, y los tres fueron «paseados» en el Campo del Fresno, en octubre de 1936.