León no entiende tanto

«La ley va por delante de la sociedad». Lejos de provocar una explosión de optimismo, la inminente aprobación del matrimonio gay le sirve a Alfredo Saborido, del Colectivo homosexual de Compostela, para constatar el largo camino hacia la normalización que todavía tienen que recorrer los gais gallegos. Porque una cosa son los datos fríos de las estadísticas -dos de cada tres españoles apoyan sin fisuras las uniones legales entre dos personas del mismo sexo, según una encuesta reciente del CIS- y otra negar las dificultades con las que los gais se siguen encontrando para exponer sin ambages su condición sexual. «En Galicia -añade Saborido- la gente es más reaccionaria que en otros lados y además hay que tener en cuenta la cantidad de votantes que tiene aquí el PP». La referencia al Partido Popular sitúa el debate frente a las sucesivas declaraciones que el presidente de la Xunta de Galicia ha hecho en las últimas semanas al respecto de los homosexuales, y que convierten a Manuel Fraga en uno de los políticos españoles que, junto con la Iglesia católica, se han mostrado más ácidos en relación a la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Yo no tengo nada en contra de ellos -declaró a mediados de enero Fraga-; si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero que no digan encima que están orgullosos de funcionar al revés». «La mayor parte de los gais optan por no comentar su orientación sexual», denuncia Alonso, quien asegura que la situación es especialmente dramática en la adolescencia, cuando un determinado joven se enfrenta a su sexualidad. «A la asociación viene gente muy tocada -asegura-. Gente que si no viniera, acabaría muriéndose. Gente literalmente torturada. El caso de Jokin [el joven vasco que acabó suicidándose ante el acoso al que lo sometían sus compañeros de instituto] sucede con los chavales gais a diario y se pasa de ellos olímpicamente». Como prueba de esta situación, Alonso expone la negativa de un instituto coruñés que impidió a Milhomes ofrecer una charla a los alumnos coincidiendo con el aniversario de Blanco Amor -«tenían miedo a la reacción de los padres», explica- o la decisión de la dirección de la Domus de no incluir en el museo una referencia a la declaración de la OMS que aclara que la homosexualidad no es una enfermedad y que «habría ayudado a muchos adolescentes». ¿En qué medida va a ayudar a resolver algunas de estas situaciones la legalización de los matrimonios? Las asociaciones de homosexuales esperan mucho de una ley que situará a España en la vanguardia del reconocimiento de los derechos de este colectivo, aunque no son capaces de precisar cuántas parejas optarán por legalizar su convivencia. «En Milhomes -explica José Alonso- hay una pareja de lesbianas que viven juntas desde hace quince años y que ni siquiera sus familias saben que son pareja. Quieren casarse, porque es mucho lo que está en juego, pero no podemos ofrecer una cifra de cuántos matrimonios habrá en A Coruña». El número Que a la homosexualidad le falta en España visibilidad es un hecho que se pone de manifiesto por la falta de concreción que existe al respecto del número de gais. En 1996, Antonio Pérez Henares y Carlos Malo de Molina ofrecieron el primer porcentaje de población homosexual en España, el 2%, una cifra corregida más recientemente por la Consultoría Arcoiris que ha elevado hasta el 10% de la población el porcentaje de gais que viven en nuestro país. Sobre esta estimación ha trabajado el Gobierno, que considera que la legalización del matrimonio enter personas del mismo sexo concederá un nuevo derecho a cuatro millones de españoles. Una extrapolación de esta cifra, sitúa en más de quince mil el número de leoneses que prefieren a personas de su mismo sexo. A la vista de estas cifras, no sería extraño que a partir de la aprobación de la ley se produzca una inflación de matrimonios homosexuales, como sucedió tras la aprobación de la ley del divorcio. Si las cifras que maneja Arcoiris son precisas, en España existen 120.000 parejas de homosexuales. Aunque sólo la mitad opte por el «sí, quiero» a los registros civiles les espera en los próximos meses un duro trabajo.