La región leonesa: una administración sin competencias

La ley de 14 de junio de 1933, que establecía el funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, impuso la presencia en ese ente de un representante de cada una de las regiones, tanto de las autónomas (en ese momento sólo Cataluña), como del resto, que eran Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Navarra, Vascongadas y Valencia. Por lo tanto, León era reconocida como región, tal y como venía sucediendo desde que se instaurara como tal en 1833 sobre las fronteras de instituciones anteriores, como el Reino de León medieval o el Adelantamiento de León de la Edad Moderna. De idéntica forma ocurrió durante la etapa franquista, puesto que León tuvo la consideración de región y englobó a las provincias de León, Zamora, Salamanca, con los añadidos ocasionales de Valladolid y Palencia. A pesar de ello, estas regiones franquistas no tenían competencias ni recibieron ningún tipo de consideración; tan sólo eran formas nominales de dividir el territorio.