Los últimos pasos de la inclusión en Castilla y León
Los políticos leoneses actuaron con rapidez para lograr el apoyo de los diferentes ayuntamientos y entrar así en el ente autonómico «castellano-leonés», pero se encontraron con una importante oposición dentro de una ciudadanía heterogénea
Una vez acordada la entrada de León en la entonces comunidad castellana por los partidos mayoritarios, «entraron las prisas» de la clase política para que se pudieran cumplir las condiciones necesarias que la ley contemplaba en cuanto a la entrada de una provincia en una autonomía. Además, en el caso de León las dificultades eran muchas, no en vano nuestra provincia no participaba en las instituciones preautonómicas desde hacía varios años. Por lo tanto, el tiempo que habían tenido los ayuntamientos castellanos para ratificar en un pleno la incorporación a la futura comunidad autónoma había sido abundante, mientras que en el caso leonés este proceso de ratificación se tuvo que producir necesariamente entre el 16 y el 25 de abril. De esta forma, el mismo día 16, la Diputación se pronunció a favor de León con Castilla con 24 votos a favor de UCD y PSOE, la no asistencia del PCE, la abstención de Javier López Valladares -alcalde socialista de Boñar- y el voto en contra de José María Suárez como representante de CD, que acudió de luto porque «hoy es un día negro para León», según dijo. Los argumentos que se esgrimieron para defender este apoyo pasaron por lo «cara» que resultaría una autonomía uniprovincial, lo cual fue rebatido por José María Suárez al señalar los casos de Santander y Logroño. Al día siguiente, el ayuntamiento de la capital mostró su apoyo a Castilla y León mediante los votos de UCD, PSOE y PCE, y en contra CD. En cabeza de la unión se posicionó el alcalde Juan Morano con argumentos históricos y económicos, mientras que Roberto Merino, como portavoz del PCE, señaló que en la gran manifestación producida en contra de la integración de León en Castilla había muchos de sus electores. Ratificaciones y defectos A partir de ahí comenzaron las ratificaciones de los ayuntamientos, y no sin dificultades, puesto que en Ponferrada los concejales de UCD, PSOE y PCE fueron acusados de traidores y se mostraron contrarios los concejales de AVI e IB. Asimismo, la disciplina de partido no su cumplió totalmente, pues si 111 consistorios centristas apoyaron la opción de sus dirigentes, no así actuaron once. Algo similar ocurrió en el PSOE y el PCE, de los primeros hubo 16 a favor y seis en contra, mientras que entre los comunistas tres estuvieron a favor y uno en contra. Lo más sorprendente fue el caso de CD, pues seis se mostraron favorables a León solo, cuatro en contra y cuatro no se pronunciaron. El presidente de la Diputación entregó en mayo al ministro Pérez Llorca los resultados definitivos de la ratificación de los ayuntamientos, según los cuales a favor de la unión a Castilla estuvieron 158 municipios y en contra 40. Tanta rapidez y aparente unanimidad resultó sorprendente para miembros de CD, GAL y del Partido del Bierzo, y así presentaron un recurso ante la Audiencia Territorial de Valladolid contra 55 acuerdos municipales favorables a la unión con Castilla por defectos de forma, consistentes en que algunos concejales no fueran avisados con 48 horas de antelación, faltaban datos en algunas actas o la necesidad del quórum de dos tercios de asistentes a los plenos no se cumplió -deficiencias todas éstas graves-. Si este recurso hubiera llegado a prosperar en 16 municipios (con lo que no existirían los necesarios dos tercios de ayuntamientos a favor de la inclusión) la autonomía podría haber quedado pendiente nada menos que durante cinco años.