La organización reclama unórgano no judicial para que se investiguen los crímenes León ya ha recuperado los restos de 30 represaliados Lo hecho por la Diputación de La Coruña, un ejemplo Jacinto, el símbolo de la lucha contra el olvido

En los últimos tres años, Amnistía Internacional ha dirigido peticiones a los sucesivos gobiernos. Su presidenta, Irene Khan, ha mantenido entrevistas con Zapatero, en junio del 2004, y con la vicepresidenta del Gobierno, en marzo del 2005. En estos encuentros la organización ha insistido en que se brinde una respuesta conforme a las normas internacionales en esta materia, sobre todo después de la reciente aprobación en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones . En resumen, éstas son las recomendaciones de AI al Gobierno. Adherirse a una nueva convención de la ONU. AI recomienda al Gobierno español que la respuesta a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo sea una ocasión para iniciar el proceso para adherirse a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímines de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Preservar los archivos. Adoptar todas las medidas para preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes contra el derecho internacional. A tal efecto, la organización cree que deberían disponerse medidas técnicas y de otra índole para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o «falsificación» de los archivos. Se debería crear, asimismo, un inventario, con catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual de los diversos archivos que contengan información relevante para la ercuperación de la memoria colectiva y para que las víctimas de abusos graves puedan ejercer sus derechos. Nuevo órgano no judicial. Para el esclarecimiento de la memoria histórica y preservar del olvido los crímenes del pasado se debería estudiar, en opinión de la entidad, la creación de un nuevo órgano de carácter no judicial con el mandato de investigar los abusos. Su objetivo sería garantizar el reconocimiento de los hechos que anteriormente se negaban. Debería tomarse como referencia el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Tal mecanismo tendría como propósito contribuir al esclarecimiento de la verdad y no sustituiría el derecho de las víctimas a la justicia. Crear la asignatura de Derechos Humanos. Proponen introducir en la Ley de Educación una asignatura en materia de derechos humanos en los planes de estudio de Primaria y Secundaria. También quieren garantizar la formación del profesorado al erspecto. Los textos para la enseñanza de derechos humano, al igual que el resto de textos de todos los niveles, incorporarían la memoria histórica de España durante la Guerra Civil y el régimen franquista, con una exposición que aborde la dignificación de las víctimas y el deber de no olvidar los crímenes del pasado. Reconocimiento público. El Estado debería reconocer públicamente que privó de recursos efectivos a ciertas víctimas de la represión franquista, por lo que debería comprometerse a la rehabilitación de sus deerchos. Medidas preventivas. En su legislación, políticas, programas y medidas de reparación, el Estado debería ocuparse de manera expresa de reconocer a las víctimas de la persecución, detencines arbitrarias, tortura y tratos crueles degradantes e inhumanos que padecieron tales abusos en el marco de la represión. En esta línea debería arbitrr medidas en relación a las víctimas de abusos por razones políticas, religiosas, étnico raciales o por orientación sexual real o presunta. Al hacerlo incluiría medidas generales de orden preventivo en contra de la tortura y los malos tratos, la intolerancia política y religiosa, el racismo y la homofobia. Impacto en las mujeres. La respuesta del Estado debería abordar el impacto que la Guerra Civil y el régimen franquista ocasionaron sobre las mujeres, sus derechos y libertades fundamentales; y debería arbitrar los medios apropiados para que las mujeres víctimas de abusos, incluidos aquellos basados en el género, accedan a reparación en condiciones de igualdad. Localización de fosas. Piden una legislación y normas reglamentarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familias para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o, en su defecto, de acuerdo a lo que disponga la familia. Fiscalía especializada. AI propone establecer una fiscalía especializada a través de la cual se asegure la colaboración activda de todas las instituciones para impulsar la investigación. Asimismo, el Estado debería elaborar un protocolo de actuación en colaboración con otros funcionarios implicados en las obligaciones hacia las víctimas de desapariciones forzadas. Anular sentencias. Pide una reforma legal que anule las sentencias dictadas en el marco de la represión para garantizar el derecho a reparar a las víctimas y sus familiares, para lo que urge que se los poderes públicos incorpore el derecho internacional humanitario. Probablemente la cifra se duplique este mismo año, pero hasta la fecha, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha logrado restituir los restos de 460 hombres y mujeres -30 de ellos, en León- ajusticiados durante la represión franquista, probablemente casi todos muertos por fusilamiento y posteriormente enterrados en fosas comunes. Los datos, que son absolutos en tanto que es la única organización que desarrolla exhumaciones en la provincia, corresponden a los últimos cinco años, desde que se popularizó la localización de fosas. Sin embargo, el primer episodio, el original, tuvo lugar en Lario en noviembre de 1998, de donde se exhumaron los primeros restos óseos correspondientes a represaliados. «Para poder pasar página, hay que haberla leído antes» M. LOUIS JOINET Experto independiente de Naciones Unidas y creador de «La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos» En la foto se le ve montado a caballo. Era Jacinto Cueto. Su testimonio fue clave para que, 61 años después, se desenterrasen los restos de muchas otras personas que fueron fusiladas junto a él el 13 de noviembre de 1937. Pero él sobrevivió a los disparos. Y también a la caída de varios metros cuando le lanzaron a una sima creyendo que estaba muerto. Un vecino de Polvoredo, al escuchar su llanto, le sacó ayudándose de una soga y la fuerza de un burro. Estuvo en la fosa varios días sólo acompañado de cadáveres. Era el conocido «pozo grajero», en la localidad leonesa de Lario. Jacinto moría poco tiempo después a consecuencia de la infección que le provocó su estancia en el pozo. Hoy, se puede decir que sus palabras, las que trasladó a su hijo, vecino de Tanda (Asturias), se han convertido en un símbolo para quienes luchan por recuperar la memoria histórica de los represaliados. Ellos fueron los primeros en ser exhumados. La Diputación de La Coruña ha llevado a cabo a una sencilla iniciativa, sin contar con un gran presupuesto, para poner su grano de arena en la recuperación de la memoria histórica de sus represaliados. En colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, ha creado un grupo de trabajo con documentalistas para que vacíen, ordenen e informaticen todos los expedientes que se encuentran almacenados en el Archivo Militar del Ferrol. «El silencio que había en Galicia se ha roto», afirma el investigador Santiago Macías, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuando se refiere al despertar que vive la comunidad gallega en relación a este asunto. «Nos están llegando auténticas avalanchas de peticiones de familiares de desaparecidos gallegos para que localicemos las fosas, está siendo algo increíble», añade. Lo cierto es que hasta ahora sólo cuatro de los 460 exhumados eran de esta zona. Otro de los puntos emergentes en esta materia es el País Vasco. Un ejemplo de ello es el trabajo de investigación y recopilación encargado a Macías, que se pasará medio año fondeando el archivo de Ferrol para catalogar papeles de causas judiciales concernientes a Euskadi. En este archivo se encuentran casi 8.000 expedientes de juicios sumarísimos celebrados en León hasta el año 1952. «Yo me he encontrado con causas que incluyen a más de cien personas», indica el investigador berciano. Por esta razón, no resulta descabellada la media calculada en su día por otro investigador leonés, José Landera, que estimaba unos cuatro represaliados por cada uno de los 8.000 expedientes de Ferrol. El año 52 se toma como referencia por la muerte de Girón, puesto que a partir de entonces se da por terminada la resistencia y los consejos de guerra que se celebran a partir de entonces se refieren a asuntos meramente militares que no tienen mucho que ver con las ejecuciones masivas ordenadas durante la contienda y la guerrilla, tal y como ha podido constatar Macías en los legajos que ha revisado en el archivo ferrolano.