La Diputación leonesa decide salir de Castilla y León

En enero de 1983 la Unión de Centro Democrático estaba viviendo sus últimos momentos. Si en León había conseguido mantener el escaño de Rodolfo Martín Villa, en España contaba con una minoría exigua de respaldos que además eran poco útiles teniendo en cuenta la reciente mayoría absoluta del PSOE. De esta forma muchos políticos centristas percibieron que deberían cambiar de aires para volver a contar con el respaldo popular. Así una parte decidió integrarse en la emergente Alianza Popular, otros iniciaron aventuras cercanas al regionalismo e incluso los hubo que se acercaron al partido del Gobierno. Algunos de los miembros leoneses de la UCD explicaron esta crisis en nuestra provincia como consecuencia del escaso papel asignado a León dentro de las instituciones preautonómicas. El hecho que inició la problemática fue el pleno de la Diputación Provincial del 13 de enero, en el que los 21 representantes de la formación centrista con el apoyo de un miembro de AP, y con los votos en contra de los tres del PSOE y el del perteneciente al PCE, decidieron dejar sin efecto el acuerdo anterior en el que habían decidido la integración en Castilla y León, con el fin de iniciar el proceso para conseguir la autonomía uniprovincial leonesa. Asimismo decidieron promover la celebración de plenos municipales en los que se ratificaran o rectificaran los acuerdos que fueron adoptados en 1980. Dos mociones En el pleno fueron presentadas dos mociones. La de José María Suárez se basaba en la encuesta de la Diputación para mostrar el apoyo de los ayuntamientos a la autonomía uniprovincial, a la vez que estaba convencido de que todavía se podía enmendar lo que fue un «yerro histórico». La presentada por Julio César Rodrigo de Santiago explicaba su cambio de posición, con respecto a 1980, al haberse basado entonces en las «razones de Estado» que consistieron en «los planteamientos excesivos de algunas comunidades autónomas», los cuales «suscitaban la necesidad de otros entes autonómicos amplios y fuertes». Es decir, frente a las veleidades secesionistas vascas y catalanas se crearían grandes comunidades en el centro de España que sirvieran de contrapeso como mecanismo «a favor de la gobernabilidad del Estado». Pero tres años después había desaparecido esta problemática, se había comprobado que tenían viabilidad las autonomías uniprovinciales y la preautonomía de Castilla y León «se había manifestado rotundamente ineficaz». El apoyo a las mociones de Julio César Rodrigo de Santiago y José María Suárez por los diputados ucedistas hizo que éstos se situaran contra la opción defendida por su presidente provincial, Rodolfo Martín Villa, el cual decidió en consecuencia presentar su dimisión de dicho cargo. Al mismo tiempo renunció a su acta de diputado en el Congreso -no en vano todavía faltaba la aprobación del Estatuto de Autonomía en esta institución- donde sería sustituido por Manuel Núñez Pérez. Esta respuesta del ex ministro mostró que era consecuente, aunque también era casi la última opción que le restaba, es decir, hacer elegir a sus compañeros de partido entre la autonomía uniprovincial o él. En su carta de dimisión aseguraba que esta decisión no provocaba la salida del ente preautonómico, debido a que una vez que se decidió apoyar la entrada en dicha institución era ésta la que tenía capacidad para realizar estas modificaciones. Lo mismo opinaron los grupos políticos que apoyaron la integración en Castilla y León, esto es PCE y PSOE, cuyo portavoz Celso López Gavela consideraba ilegal la convocatoria del Pleno y nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados.