España es el país de la UE con más denuncias ambientales

España ha sido durante el año pasado el país de la UE con más procedimientos de infracción incoados por la Comisión Europea por haber infringido directivas ambientales. Así se recoge en un informe elaborado por las autoridades comunitarias en el que se revela que hasta finales del año 2004 se abrieron 294 expedientes a los antiguos quince países comunitarios y que España, con 54 (el 18,5% del total), se coloca en cabeza superando a Italia e Irlanda, que acumulan 44 y 36, respectivamente. Según se recoge en el texto, la legislación ambiental española se sitúa en la media comunitaria, aunque también se afirma que no basta con legislar para proteger el medio ambiente y para que las directivas comunitarias sean eficaces es necesario que se apliquen de forma correcta. Conviene aclarar que aunque nuestro país sea el que tiene más denuncias, no quiere decir que en otros Estados miembros se estén haciendo las cosas correctamente, sino que se producen menos delaciones Cuando la Comisión Europea recibe una denuncia, en la mayor parte de los casos por parte de grupos ecologistas o vecinos afectados, o detecta que se incumplen las normas comunitarias, lo primero que hace es avisar al Gobierno en cuestión, posteriormente le advierte por escrito y si no pone en marcha medidas correctoras lo denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo. Infracciones España acumula 21 infracciones por incumplir las directivas de Hábitats y Aves Silvestres. En el primer caso, Bruselas amonestó por escrito al Gobierno por llevar a cabo en Lérida un proyecto de irrigación que afectaba a una zona de aves esteparias, y por la apertura de minas a cielo abierto en la comarca leonesa de Laciana (están dentro de un espacio natural). En cuanto a la directiva sobre Aves, el pasado mes de diciembre el tribunal europeo condenó a España por permitir en Valencia la caza de aves con «parany», una técnica prohibida en la UE al tratarse de un método no selectivo que consiste en colocar junto a las ramas de los árboles varillas impregnadas con una sustancia adhesiva que provoca que se queden pegadas cuando se posan en ellas. Además, ha denunciado a nuestro país por no haber definido suficientemente las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afirmando que la extracción de arena para regenerar playas en espacios naturales infringe la directiva al llevarse a cabo sin la consiguiente declaración de impacto ambiental. La Comisión Europea recoge en su informe que España tiene diez denuncias en materia de residuos, habiéndose demostrado que sin tratamiento previo se depositaron residuos en vertederos ilegales e incontrolados, siendo condenada el año pasado por la mala aplicación de la normativa en los de Campello (Alicante), San Lorenzo de Tormes (Ávila), Sa Roca (Ibiza), La Bañeza y Priaranza del Bierzo (León) y Torreblanca (Málaga). En cuanto a la normativa de impacto ambiental, nuestro país acumula otra decena de infracciones por aplicar de forma negligente la normativa sobre declaraciones de impacto ambiental. Además hay nueve procesos abiertos en materia de tratamiento de aguas residuales, ya que la directiva europea obliga desde 1998 a que sean vertidas una vez depuradas en zonas consideradas como sensibles en las ciudades con más de 10.000 habitantes (caso de la playa valenciana de Montilla). Por último, existen cuatro denuncias por no haber elaborado antes del año 2003 planes para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades.