Una democracia sin desenterrar

«Lo dejó atado y bien atado. Franco nos enseñó cómo cavar fosas y a mantenerlas bien cerradas». La reflexión es del escritor e investigador berciano Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Su frase refleja el sentir de todas las asociaciones leonesas que trabajan en el restablecimiento de la memoria de los represaliados del franquismo, la gran cuenta pendiente de la democracia que hoy se celebra. El lugar que debía ocupar la verdad respecto a los crímenes del pasado ha pretendido ser llenado por el silencio y, en algunos casos, por la negación, en ausencia de una investigación exhaustiva e imparcial sobre este episodio histórico. Lo denuncia el último informe de Amnistía Internacional. Como critica que en lugar de una política de reparación, el Estado se ha limitado a medidas puntuales sometidas a condiciones y términos restrictivos, en donde la causalidad de las compensaciones no derivó de la condición de víctima reconocida de abusos contra los derechos humanos, sino como una concesión administrativa para dar satisfechas las necesidades de una reconciliación con la justicia. Treinta años después de la muerte del Caudillo, los archivos guardan más de 12.000 expedientes de juicios sumarísimos desarrollados en León y cientos de personas aún continúan desaparecidas, además de todos aquellos que fueron ejecutados y que hoy se encuentran enterrados en fosas comunes. «Lo más vergonzoso de estos 30 años es que aún hoy seguimos sin tener una lista con los nombres de las personas que fueron ejecutadas, como tampoco sabemos las causas por las que se mató a mucha gente; esta semana hablaba con un anciano apresado en San Marcos bajo dos consejos de guerra y el hombre no pudo decirme por qué razón le llevaron a la cárcel», comenta Alberto Pérez Ruiz, presidente de la Asociación de Estudios sobre la Represión en León. «Es una vergüenza que no hayamos sido capaces de recuperar la memoria de tantos que murieron como perros y que hoy se encuentran tirados en las cunetas», asevera. No sin obstáculos Los primeros en destapar el horror de las fosas, aunque por entonces no funcionaban como asociación, son los integrantes de Pozo Grajero. En 1998 se involucraron en el caso de Lario que ha dado nombre a esta entidad y se toparon con una sociedad cerrada y unos partidos políticos muy poco cooperantes. «Al cabo de 30 años de la muerte de Franco queda mucho por hacer, en el sentido histórico de la expresión», afirma Ana Aida del Campo Cuevas, secretaria de Pozo Grajero y teniente alcalde de Posada de Valdeón. «En este tiempo se ha ido mucha gente y se han ido con la pena de que nadie les haya reconocido lo que hubo; se tienen que ir sin saber dónde están los suyos». ¿La causa? «La dejadez de determinados partidos de izquierdas: IU y , especialmente, el PSOE». Ana Aida del Campo echa en falta que, en este tiempo, no se haya logrado establecer un protocolo para regular la exhumación de restos mortales de represaliados, un asunto de Estado que ha sido dejado en manos de las familias y de las asociaciones que las defienden. «Hay una dejadez de funciones clara por parte de la Administración en el tema de la exhumación de fosas. Siguen sin darse cuenta de que no se trata de recuperar unos huesos, sino la dignidad de los que murieron», subraya Del Campo. Para Santiago Macías, vicepresidente de ARMH, «el miedo que se ha metido en el ámbito político durante 40 años es muy difícil de superar». Según él, esta es una de las razones que podría explicar el silencio que se mantiene en torno a la represión franquista todavía hoy en España». «Todos los partidos políticos que se autodenominan democráticos no deberían ensalzar la figura de Franco. No se puede ser demócrata sin ser antifranquista». Huesos y dignididad Esta asociación, muy organizada a nivel nacional, ha centrado su labor en la exhumación de fosas. En León ya han recuperado los restos óseos de 30 represaliados, mientras que ya son 520 los cadáveres que han sido exhumados en todo el territorio nacional. «Todos tienen ahora nombres y apellidos. Y todo eso sin apoyo institucional, excepto algunos ayuntamientos que nos han dejado medios humanos y material para facilitar las excavaciones», recuerda Macías. Esta asociación ha recibido una avalancha de llamadas durante los últimos días de periodistas de medios extranjeros interesados en reflejar la madurez de la democracia en España. «Están alucinando con lo que les contamos. La mayor parte de ellos no tenían ni idea de lo que ocurre en España. Desde luego es una vergüenza vivir en un país donde no se han aclarado miles de desapariciones». Macías ha fondeado durante los últimos años los archivos y ha logrado documentar en el Bierzo más de 800 ejecutados, con sus nombres y apellidos. Sus datos, coincidentes con los del también investigador leonés José Landera, hablan de 12.000 consejos de guerra celebrados en León durante la represión franquista. 12.000 causas que afectarían a miles de personas, puesto que cada expediente tiene más de un nombre, incluso alguno más de cien. Macías recalca que es difícil calcular, pero se puede hablar tranquilamente de 2.000 leoneses aún hoy dados por desaparecidos, 30.000 a nivel nacional. Por su parte, Eduardo Silva, presidente del Foro por la Memoria de León, considera «impresentable que hayan pasado 30 años de historia y que la gente no haya recuperado a sus familiares represaliados». Denuncia, además, «el vacío histórico» que supone obviar en la educación de niños y adolescentes la «verdadera historia» de España. El Foro tiene entre sus objetivos anular simbólicamente los juicios sumarísimos y conseguir el acceso de los familiares a todos los archivos, además exigir que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de restos mortales y de la financiación de las pruebas de ADN. La reparación de las víctimas debe entenderse, según esta asociación, aplicando el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad. Para ellos, el Estado debería firmar convenios de imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad y derogar la ley de Amnistía de 1977. Y la placa, sin presupuestar El Foro por la Memoria de León ha centrado su labor en dos asuntos básicos: construir una placa homenaje en el cementerio de León con la identidad de todos los que perecieron ejecutados en la capital y levantar un monolito para honrar a los tumbados de Fabero. Ambos proyectos están en marcha. Sin embargo, en el caso de la placa de León, aunque no haya razones para pensar que el proyecto se ha abandonado, lo cierto es que no ha sido presupuestado en las cuentas de este año. El plan, aprobado por unanimidad en el pleno municipal, pretende saldar la deuda con los paseados leoneses levantando un peculiar monumento en un lugar central del cementerio de León, precisamente sobre la fosa común original donde fueron enterrados los cuerpos de los represaliados.