Problemas del futuro, mentalidad del pasado

|||| El director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, concluye en un informe sobre la necesidad de establecer un modelo de gestión del agua que «si por aprovechamiento racional entendemos utilizar la menor cantidad posible de agua y devolverla al medio receptor de manera que la calidad del agua que éste acoge no se vea alterada, es del todo evidente que actualmente no se dan las circunstancias que lo propician». En su opinión ni la administración para implantarlo ni la cultura del usuario son las adecuadas. El experto reconoce que «no pueden resolverse todos los problemas del futuro con una legislación y una mentalidad del pasado», y reclama «reglas claras de juego» para establecer las prioridades de uso. «Se necesita valentía para romper con la historia, e imaginación para definir el modelo de gestión del agua que la sociedad del siglo XXI requiere», explica. También considera que es difícil establecer qué usos tienen prioridad cuando existen cultivos no competitivos y que viven de la subvención, aunque cumplan una función social. Igualmente, aboga por establecer un orden para medir la productividad del metro cúbico de agua, y plantea cuestionar los derechos adquiridos: «Por históricos que sean, no tienen el menor sentido si no se utiliza el agua con responsabilidad». A la hora de valorar cuánto agua podemos llegar a gastar, Cabrera concluye: «Casi todo está hecho en cuanto a estrujar los recursos naturales. Está claro que el manejo del agua en el siglo XXI será sustancialmente diferente del que hasta ahora hemos visto. Y ello no es una moda, sencillamente es una clara necesidad». El Libro Blanco del Agua también comparte los planteamientos del especialista en cuanto a la necesidad de cambiar de modelo de gestión: «Hasta ahora por política hidráulica se ha entendido casi en exclusiva la ejecución de infraestructuras hidráulicas, donde los aspectos de la gestión jubaban un papel muy poco relevante. En el futuro hablaremos más bien de política del agua, como un conjunto de acciones de las administraciones que afectan a la asignación, preservación y gestión de los recursos hídricos».