La política hidráulica se pasa a la eficiencia

El anuncio de penalizaciones para el exceso de consumo doméstico de agua ha devuelto al panorama del debate el problema del uso racional de este recurso, pero lo cierto es que el principal consumidor, con diferencia, es el campo. Infraestructuras obsoletas, cultivos subvencionados y poco rentables, cuencas que no controlan el consumo, sistemas ineficaces de contabilidad del gasto, son problemas que plantean los informes ministeriales a la hora de dibujar el panorama del sector. En el caso de la provincia de León, donde los regadíos consumen alrededor del 70% del total de los recursos, la falta de agua no es en sí un problema. La red básica de infraestructuras, por su parte, tiene ya concedidas partidas presupuestarias para ultimar su diseño. Sin embargo, queda pendiente el problema de la modernización de los regadíos, la adecuación de las infraestructuras y el tamaño de las fincas al sistema de explotación que deberá respetarse en poco más de dos años para cumplir criterios de eficiencia y competitividad que marcan las directivas comunitarias. Una buena parte de los terrenos productivos de la provincia no se sumará en esta ocasión al carro del progreso, y según los responsables de las comunidades de regantes leonesas esto les abocará a la desaparición. El 70% de las tierras que se explotan en la provincia están en régimen de arrendamiento, y los propietarios se resisten a hacer costosas inversiones, aunque sea a cambio de incrementar la rentabilidad. Mucho menos por cuestiones ecológicas. En clara desventaja se encuentran los agricultores que sí explotan las tierras, pero que no tienen capacidad para decidir sobre el mejor futuro de lo que no les pertenece. La comunidad de regantes del Margen Izquierdo del Porma, por ejemplo, agrupa 24.000 hectáreas, que son propiedad de 18.000 personas. Sin embargo, los regantes son sólo 1.800. El presidente de la comunidad, Matías Llorente, se lamenta de esta circunstancia, que en su opinión llevará al abandono a la mayor parte de las zonas «donde históricamente ha existido la cultura del agua». No ahorra calificativos para definir el debate que ha precedido a la decisión de muchos de los propietarios de no hacer frente a las necesarias inversiones en modernización, lo que supondrá en su opinión que la agricultura de zonas como parte del Porma, el Órbigo, el bajo Esla o del canal de Arriola, «el regadío de siempre», pasen a ser ocupación «secundaria o a tiempo parcial». En cambio, sí se desarrollará la actividad en Payuelos, la margen izquierda del Porma y el Páramo, «porque modernizar el regadío es desarrollo y futuro, y el resto es abandono y pasado». Una opinión compartida en parte por Ángel González Quintanilla, presidente del Sindicato Central de Regantes de Luna, que aglutina a 41 comunidades y a alrededor de 52.000 hectáreas. «Llevará años modernizar las infraestructuras, pero el problema es que no hay dinero para afrontar las obras en su totalidad». También comparte que en la ribera del Órbigo la competitividad en el futuro será muy difícil. «Las parcelas son demasiado pequeñas, y en muchas ocasiones no compensa llevar a cabo las inversiones». Ese es otro de los problemas «de los que habría mucho que hablar». Los agricultores reclaman la reconcentración, para poder acometer instalaciones en explotaciones que permitan después rentabilizar las inversiones y obtener una productividad suficiente para competir en los mercados globalizados. Para ello es necesario en muchos casos una segunda concentración parcelaria, que no siempre es aceptada de buen grado por los propietarios. El caso es que, para mantener la actividad con los criterios de rentabilidad económica y eficacia medioambiental que se exigirán en breve, los regantes leoneses deben afrontar como mínimo la canalización subterránea de acequias y regueros, y la instalación de riegos por aspersión. Y un nuevo sistema a la hora de contabilizar y facturar el gasto de agua que realizan. Hasta ahora ese cálculo se hace por número de hectáreas que se riega y por tipo de cultivo, lo que según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente no estimula el ahorro: al fin y al cabo, se paga lo mismo se consuma el agua que se consuma. No será así por mucho tiempo, porque en breve se instalarán contadores que sí permitirán conocer la cantidad de agua que utiliza cada regante; y penalizarle o bonificarle en consecuencia. Un sistema que sí permitirá perseguir una de las prioridades de los programas tanto hidrológico como de regadíos, reducir el volumen de agua que requiere actualmente la agricultura. Es cierto que generalizar los problemas del agua en un país con una diversidad enorme en la distribución de este recurso es prácticamente imposible («no se puede cobrar la misma tasa en Murcia que en León», apunta Llorente), pero un denominador común en todos los territorios es la necesidad de llegar cada vez una mayor eficiencia y una mejor gestión. Ante las dudas que surgen sobre el futuro de los cultivos, por la evidencia de la imparable reducción de la ocupación agrícola (en diez años ha descendido prácticamente a la mitad), el Libro Blanco del Agua aboga por adoptar a corto plazo soluciones que «no hipotequen grandes recursos financieros y que permitan un margen de flexibilidad necesario para adaptarse a las nuevas situaciones». El propio libro concluye que las obras «no son ya necesarias, ni serán en el futuro el pilar central de la política hidráulica, porque no es ahí donde se encuentra la solución a los principales problemas». En las obras de modernización, Llorente no ve más solución que «una ley que obligue a hacer las inversiones necesarias como obra de interés general», algo que, por otra parte, considera muy poco probable. Un obstáculo más a «la necesaria agricultura ecológica, porque el cambio climático es una realidad a la que no se puede volver la cara, y es una responabilidad conservar el patrimonio natural, lo único que tenemos».