Deberán concluirse en cinco años

En función del riesgo potencial que pueda derivarse de la rotura o funcionamiento incorrecto se establecen tres categorías (A, B y C) de mayor a menor peligrosidad. De las 420 presas y embalses estatales, 407 cumplen el requisito básico de seguridad, y se ha determinado que 303 se encuentran en las categorías A y B, mientras el resto están en la C. En cuanto a las de titularidad privada, sólo unas 600 han presentado propuesta de clasificación. Según la Directriz Básica de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones, todas las presas clasificadas en las categorías A o B, en función de su riesgo potencial o funcionamiento incorrecto deberán contar con un plan de emergencia que deberá ser aprobado por la Dirección General del Agua. Su implantación es complicada porque supone la información a las poblaciones afectadas en las áreas geográficas afectadas por la potencial rotura de la presa y es necesaria la actuación conjunta entre todas las administraciones. Se calcula que la inversión en cada uno de los planes de emergencia alcance los 250.000 euros, lo que supondrá un coste total de unos 75 millones, estando previsto que en el año 2010 las presas estatales cuenten con ellos.