Mayor seguridad para las presas y embalses españoles

Los embalses desempeñan un importante papel en el desarrollo económico de España al ser destinados al abastecimiento, la producción energética, la industria y el uso lúdico, generando unos beneficios anuales estimados en 30.000 millones de euros. Además, ayudan también a mantener el caudal ecológico de los ríos. En la actualidad, tienen una demanda anual de abastecimiento de 4.300 hectómetros cúbicos y riegan más de 3 millones de hectáreas. Además, de los 56 humedales incluidos en el listado de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), 22 se encuentran en embalses. Pero también pueden ser peligrosos, especialmente si se produce la rotura de la presa, porque provocaría una catástrofe de enormes consecuencias humanas, ambientales y económicas. Por eso, las autoridades ambientales ultiman la elaboración de un Programa de Seguridad de Presas y Embalses, al que se pretende elevar a la categoría de ley, con el objetivo, además de poner al día la dispersa normativa vigente, obligar a que estas infraestructuras superen unas inspecciones técnicas para controlar su estado y nivel de seguridad. La normativa, que ha sido presentada a los responsables de aguas de las comunidades autónomas, extenderá su ámbito de aplicación a todas las presas y embalses que estén en construcción o en proyecto, independientemente de su titularidad, sobre la que caerá la responsabilidad de su seguridad. Niveles de seguridad Las características climatológicas y orográficas españolas han llevado a nuestro país a contar con uno de los patrimonios de presas y embalses más ricos del continente. En la actualidad son cerca de 1.300 las obras hidráulicas de este tipo, cuya edad media se sitúa en 35 años, aunque el 20% de ellas supera el medio siglo de antigüedad. No obstante, con un mantenimiento adecuado su utilidad puede prolongarse durante más de 150 años. La primera normativa europea sobre seguridad de presas se estableció en España en 1905 y fue revisándose durante la primera mitad del pasado siglo hasta que la rotura de la presa de Vega de Tera (1959) provocó la puesta en marcha de la Comisión de Grandes Presas encargada de elaborar las directrices sobre la seguridad en los embalses. A lo largo del siglo XX se fueron aprobando distintos reglamentos que regulaban las competencias de las autoridades respecto a la inspección y vigilancia de estas infraestructuras. En la actualidad, el 75% de los grandes embalses se rige por la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas (1967), mientras que el 25% restante lo están por el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses. La pertenencia a uno u otro está en función de las características de su titular. Con el fin de unificar en un único texto legal la seguridad de los embalses la futura Ley delimitará las competencias de administraciones y titulares, las normas técnicas a aplicar en las distintas fases de la vida de la presa, actuaciones de conservación y mantenimiento, implantación de los sistemas de alarma y aviso a la población en caso de emergencia, así como la tipificación de las infracciones (además de la sanción económica se puede llegar a la retirada de concesión de la obra). Se definen también las exigencias de seguridad de estas infraestructuras hidráulicas, así como la acreditación de solvencia económica y la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que implica su construcción y explotación. Además, se llevarán a cabo inspecciones, cuyos resultados serán recogidos en un certificado, que garantizarán que la obra cumple las exigencias previstas. Ante el envejecimiento de las presas españolas (a partir de los 30 años entran en su edad madura) son necesarias actuaciones para adelantarse a las posibles situaciones de riesgo derivadas del deterioro de sus cimientos, la evolución en el comportamiento hidráulico de márgenes y cimientos o el deterioro de los equipos mecánicos. En las de titularidad estatal ya se ha puesto en marcha un programa que tiene como objetivo mantener los niveles de seguridad que se centrará, en una primera fase, en resolver las deficiencias detectadas. Durante el periodo 2006-2010 está previsto actuar en 200 embalses, con un coste de 320 millones de euros. La segunda fase dependerá de los resultados obtenidos tras llevar a cabo la primera revisión de seguridad.