Un seguro o un aval bancario

Para que las empresas dispongan de recursos económicos a la hora de hacer frente a su responsabilidad medioambiental, la ley les exigirá una garantía financiera que se irá introduciendo de forma gradual a partir del año 2010. La garantía puede adoptar la forma de seguro, de aval bancario o de reserva técnica, y debe estar vigente durante el todo el tiempo que dure la actividad. La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología pionera en el ámbito de la UE, actualmente en fase de estudio. En función de la evaluación del daño potencial, se establecen una serie de umbrales para graduar la exigencia de garantía financiera. Así, por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedan exentos de esta exigencia. Entre 300.000 y 2 millones de euros, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. Por encima del umbral de 2 millones de euros se exigirá siempre la garantía financiera. La ley reconocerá a las organizaciones sin ánimo de lucro el derecho a promover la intervención administrativa para asegurar su correcta ejecución, y evitar que los daños ambientales queden sin reparar por quien los ocasionó. En definitiva, con esta ley se dará un paso trascendental para la protección de los recursos naturales, con un enfoque equilibrado pero más ambicioso que el previsto en la norma comunitaria, algo lógico en un país en el que el 25 % de su territorio (1.100 espacios) está protegido por la Red Natura 2000.