Una historia que continúa...

Poco después de la muerte de Franco se iniciaron una serie de contactos de procuradores en Cortes con objeto de acordar una mancomunidad de diputaciones leonesas y castellanas. Los representantes de la provincia de León, provenientes del Régimen de Franco, aunque participaron en estas reuniones, siempre mostraron reticencias remarcando las peculiaridades leoneses y su mayor afinidad con Asturias, lo que trajo consigo la participación de la diputación asturiana en las siguientes reuniones y manifiestos. En 1977 se propone una mancomunidad de diputaciones de Castilla y León organizada según los siguientes organismos: un Pleno que reuniría a los presidentes de la diputaciones, una Comisión de Gobierno con dos representantes por provincia, una presidencia y dos vicepresidencias de carácter rotatorio que distinguía entre provincias leonesas y castellanas, de forma que, por ejemplo, a un presidente leonés le correspondiera un vicepresidente primero castellano y viceversa. Sin embargo, las diputaciones de León, Logroño y Santander no se adhirieron a esta mancomunidad en un primer momento y la institución como tal no llegó a materializarse nunca. El regionalismo castellano vallisoletano impulsaba el proceso de formalización y control de su región «castellano-leonesa» a través de medios de prensa como El Norte de Castilla o asociaciones como la Alianza Regional o el Instituto Regional de Castilla y León (que no contaron con apoyo en León), además de su notable influencia en el Gobierno central. El Norte de Castilla impulsaba de esta forma la autonomía de Castilla y León: « Castilla reclama su estatus de autonomía y ustedes son los representantes de Castilla. Y si es por un lugar simbólico para reunirse, la geografía de nuestra región está plagada de lugares históricos marcados por la petición de libertades: Villalar, Tordesillas, Toro, Medina del Campo¿ » Mientras, la provincia leonesa tanteaba varias posibilidades: unión con Asturias, con Zamora y Salamanca, con Castilla, o sola. Por ejemplo, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos en colaboración con la Diputación de León y el patrocinio de la Federación Astur-Leonesa de Cajas de Ahorros, realizó un estudio para analizar la viabilidad de una comunidad asturleonesa que concluía señalando sus importantes vinculaciones: continuidad poblacional, existencia de flujos económicos, recursos naturales, etc., que complementado con una planificación económica conjunta daría lugar a una unión integrada y coherente. El 2 de julio de 1977 se reúnen los parlamentarios socialistas de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora; el 10 de julio de 1977 harán lo propio en Monzón de Campos los de UCD de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora y Santander, para constituir comisiones de estudio con vistas a obtener una autonomía «castellano-leonesa». El 15 de junio de 1977 se producían las primeras elecciones democráticas. El 30 de julio se constituye la Junta de Parlamentarios de Castilla y León en la que los parlamentarios de León, Logroño y Santander manifestaron de forma clara sus muchas dudas. El 31 de octubre se constituye la asamblea de Parlamentarios de Castilla y León en la que los correspondientes a León, Logroño y Santander manifiestan de forma creciente su incomodidad. En el caso de León, como consecuencia de la cada vez más evidente asimilación castellana. El ministro de las Regiones, Clavero Arévalo, decidió esperar a la Constitución y no reconocer preautonomía ni a León, ni a Santander ni a Logroño. Después de las elecciones de 1977, el presidente de la Diputación leonesa, Emiliano Alonso Sánchez, hizo una llamada al protagonismo popular a la hora de configurar una autonomía leonesa, declarando que León «posee todas las condiciones necesarias para actuar con rango de protagonista, sin subordinaciones, en los planteamientos de regionalización», a pesar de haber participado en la construcción de la Mancomunidad de Diputaciones de Castilla y de León. Presidente también de AP, se declaraba partidario de la unión con Asturias o de la autonomía del Reino de León. Rodolfo Martín Villa, tras ser declarado líder de UCD en León declara: « No es la imposición artificial, aún cuando ésta pudiera proceder de una asamblea de parlamentarios, sino un amplio consenso básico, la mejor fórmula para entender y solucionar esta cuestión. Difícil de conseguir, pues León ocupa un lugar geográfico de encrucijada, con características bien diferenciadas de las provincias distintas que integran las regiones de Castilla, Asturias y Galicia» ( Diario de León, 19-7-1977) . Consenso entre partidos Baldomero Lozano, dirigente del PSOE leonés, había abandonado la asamblea de parlamentarios «castellano-leoneses» hacia finales de 1977 y manifestaba que era el pueblo leonés el que debía decidir. A favor de la autonomía de Castilla y León estaba únicamente el PCE y el independiente Cordero de Campillo, que aunque acérrimo defensor de la identidad leonesa, prefería la unión de León y Castilla a una autonomía leonesa debido al presunto escaso apoyo de Zamora y Salamanca. El 11 de octubre de 1977 se constituye el Grupo Autonómico Leonés, mientras que Ciudadanos Zamoranos se legaliza el 24 de noviembre de 1978. La Liga Comunista Revolucionaria, Partido Socialista Popular, los carlistas y la Izquierda Republicana eran también abiertos partidarios de la autonomía leonesa. En 1977, cuando se hace público en Valladolid y Burgos el primer proyecto de estatuto de autonomía «castellano-leonés» los parlamentarios leoneses no sólo no habían participado en su redacción sino que incluso se enteraron por él en la prensa según desvela Ríos Suárez en La Hora Leonesa el 7 de agosto de 1977. La Diputación de León afirmó en pleno celebrado el 12 de diciembre de 1977: « La Diputación y Ayuntamiento han permanecido totalmente marginados en la elaboración de propuesta regional alguna ». El 18 de marzo de 1978 se manifestaron más de 4.000 leoneses con el lema Por la autonomía y el referéndum de la región leonesa . Esta primera marcha consiguió que los parlamentarios leoneses no asistieran a la siguiente reunión de la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León. El 30 de junio de 1978 el Consejo de Ministros aprobó la preautonomía de Castilla y León, en la que fueron incluidas las provincias de Santander, Logroño y León a pesar de que sus representantes políticos se habían autoexcluido del proceso. En León, ni UCD, ni PSOE ni AP defendían la incorporación de León a ese consejo. Aunque en derecho y como rezaba el real decreto promulgado a este respecto, el régimen preautonómico no prejuzgaba su ubicación autonómica posterior, la futura organización territorial quedaba fuertemente condicionada. Riojanos, cántabros y leoneses se quedaron por tanto sin régimen preautonómico propio, pero a la espera de que la aprobación del texto constitucional y la aper­tura de una nueva legislatura les abriera otras vías por las que canalizar sus aspiraciones, como fue el caso de las antiguas provincias de Logroño y Santander. El 30 de junio de 1978 se constituye el Consejo General de Castilla y León. Su presidente, José Manuel García Verdugo envió una carta a todos los alcaldes de las provincias integrantes para advertirles sobre una campaña disgregadora: « En esta campaña que pretende la división de castellanos y leoneses parecen estar implicados claros enemigos de la Constitución y de la democracia, y representantes de intereses egoístas e insolidarios. Su gravedad es indudable, ya que provoca discrepancias y enemistades ». En Palencia, en 1979, dijo: « Estamos en Palencia porque debíamos estar en Palencia. Esto parece una redundancia y voy a tratar de explicarlo. Porque aquí comenzamos nuestra andadura preautonómica, porque ésta es una tierra corazón de Castilla y León y porque es la demostración y la síntesis de que no hay dos territorios ni dos regiones. Y si no, que me diga alguien, desde los historiadores o los políticos o los sociólogos, si Palencia es León o Palencia es Castilla, Palencia es la resultante de Castilla y León, como de alguna manera, pero paradigmáticamente, lo son el resto de las provincias. Con esto hemos querido un simbolismo y un mentis a todos los que nos introducen en la dialéctica de las dos regiones ». Para los promotores de la comunidad de Castilla y León, las provincias de León y Castilla se sienten castellanas aunque en León había tensiones centrífugas debido a su situación periférica y sus estrechos vínculos con Asturias y Galicia. Consideraban que no debía construirse una región bajo principios históricos ya que el verdadero hecho diferencial castellano no había que buscarlo en la historia sino en « la pobreza, la desatención, la incultura, que dan como resultado el estado agónico en el que nos debatimos » (Carlos Carrasco-Muñoz de la Vera, secretario del Instituto Regional). El PSOE se pronunció a favor de la autonomía uniprovincial de León el 23 de septiembre de 1978 « considerando que León es una región que históricamente ha sido y es sentida y querida por sus habitantes y que desde el punto de vista económico es viable y conveniente » ( La Hora Leonesa , 24-9-1978). En enero de 1979 se constituía el Bloque Radical del País Leonés que propugnaba una federación del País Leonés integrada por El Bierzo y León. El 1 de marzo de 1979 se producían las segundas elecciones democráticas. En 1979 aparecía un «manifiesto berciano» promovido por el Movimiento Regionalista Berciano que reclamaba la conversión del Bierzo en provincia como lo había sido en los años 1821-23, el cual se presentó a las elecciones bajo las siglas de Independientes del Bierzo. El 23 de abril se inscribía el Partido del Bierzo. El 23 de mayo de 1979 se crea la Comisión de Autonomías en la Diputación de León que elaboró una encuesta sobre la autonomía leonesa dirigida a todas las instituciones, entidades y corporaciones de peso en la provincia. Los resultados: 50,7% a favor de León solo, el 6,98% con Asturias, el 6,98% con Castilla-León, el 2,79% con Asturias y Cantabria, el 3,26% con Zamora y Salamanca, el 0,90% con Galicia y Asturias y el 0,93% con Galicia. Además, en la encuesta encargada por la Diputación, en las de Marcelino Elosúa, Prisciliano Cordero del Castillo y el periódico Ceranda , la opción autonómica leonesa (uniprovincial o con Zamora y Salamanca) era la predominante. En septiembre de 1979, Rodolfo Martín Villa, líder de la UCD, hacía un comunicado en el que se afirmaba que el partido «tomará una decisión que se está dibujando y perfilando sobre la base de León como Provincia Autónoma». «La autonomía de León para UCD no es, ni lo será nunca, una cuestión de partido, sino una cuestión leonesa» (Diario de León, 19-9-1979). Cuando el ex ministro Martín Villa fue nombrado presidente de la Comisión de Autonomías de la UCD en octubre de 1979, la decisión no fue bien acogida por los ucedistas vallisoletanos porque según ellos el exministro « juega ahora la baza de desglosar también de la región castellano-leonesa las provincias de Zamora y Salamanca para propiciar una autonomía que encuadre las tres provincias del reino de León ». El 15 de marzo de 1979 El País anunciaba que Martín Villa estaba entrando en contactos con miembros de la UCD de Salamanca y Zamora para llevar a cabo el proyecto de la autonomía leonesa. Para el diario nacional el incentivo de crear esta región estaría en el canon energético, es decir en las compensaciones monetarias que esperaban recibir estas tres provincias productoras de energía. El 3 de agosto de 1979 la Diputación de León había exigido la supresión del término León de la expresión «comunidad de Castilla-León». El segundo Congreso Provincial de AP aprueba por mayoría la autonomía uniprovincial leonesa el 21 de septiembre. El 25 de marzo de 1980, Rodolfo Martín Villa reúne a gente de su partido en Astorga para anunciarles la incorporación de la provincia de León al proceso autonómico «castellano-leonés». Días más tarde declara en la prensa: « Con el corazón en la mano hubiésemos preferido votar por León solo, pero han primado las razones de estado » ( Diario de León, 29-3-1980). El 30 de marzo de 1980 el PSOE hace también pública su apuesta por la inclusión de León en el ente «castellano-leonés». Sin embargo, « en esta misma época, importantes sectores del PSOE, encabezados por Álvarez de Paz, pretendían también la autonomía uniprovincial, o en su caso, la constitución de una región formada por los territorios de León, Zamora y Salamanca. La enérgica intervención del senador socialista vallisoletano Juan Antonio Arévalo forzó un cambio de postura de sus correligionarios, que aceptaron el hecho autonómico tal y como hoy se contempla ». Estaba a punto de terminar el plazo de seis meses establecido en el artículo 143 para que los ayuntamientos votaran la inclusión en el ente «castellano-leonés» sin que León hubiera iniciado ningún tipo de acción tendente a incorporarse en él. Sin embargo, entre el 16 y el 25 de abril de 1980, es decir, en sólo diez días, los ayuntamientos votaron favorablemente a la unión de León a Castilla. Según este margen tan estrecho y teniendo en cuenta que en los sondeos previos los políticos leoneses estaban claramente a favor de una autonomía leonesa y que años después se retractaron, es evidente que fue un proceso muy irregular. Luis Aznar, presidente provincial del CDS declaró al Diario de León el 30-9-1984: « Hoy día nadie niega que existió un fraude, político al menos, en las actuaciones de los parlamentarios y políticos que solicitaron la incorporación de nuestra provincia a la autonomía castellana » El 12 de abril de 1980 tuvo lugar la segunda manifestación leonesa en la que participaron cerca de 10.000 manifestantes. A pesar de ello, el mismo día, el PCE, UCD y PSOE ratificaron en la Diputación el acuerdo de integración en Castilla y León. El 15 de mayo de 1980 y bajo la dirección de José María Suárez, Alianza Popular, Grupo Autonómico Leonés, Partido del Bierzo y Partido Regionalista de País Leonés presentan un recurso por irregularidades en este proceso de votación relativos a 55 municipios ante la Audiencia Territorial de Valladolid que es desestimado el 28 de julio de 1982. La sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo. En junio de 1981 se presentaron varias enmiendas al texto base del estatuto de autonomía de Castilla y León para que se reconociese de forma expresa la diferenciación regional entre León y Castilla e introduciendo una fórmula que permitiera la segregación de la provincia de León. No fueron aceptadas. Los políticos de UCD que el 16 de abril de 1980 votaron a favor de la autonomía «castellano-leonesa», quieren en 1983 una autonomía leonesa. Afirman que « su participación en acciones equilibradoras ya no es imprescindible », « que se han producido autonomías uniprovinciales cuyo rodaje satisfactorio demuestra la viabilidad del modelo » y que « para León y para los leoneses, la preautonomía de Castilla y León se ha manifestado rotundamente ineficaz ». Estas declaraciones del portavoz de UCD del ayuntamiento de Ponferrada, que anteriormente había votado a favor de la integración en el ente «castellano-leonés», ilustran claramente lo que sucedió: « El sentimiento, la aspiración de todos los componentes de la Diputación, así como la mayoría de mujeres y hombres de El Bierzo, era el de optar por León solo, lo que así se manifestó en una primera encuesta realizada entre los ayuntamientos». El 13 de enero de 1983 la Diputación de León, con mayoría de UCD, presenta una moción que pedía dejar sin efecto la sesión del 16 de abril de 1980, proclama su deseo de salir del ente «castellano-leonés» y pide el inicio de un proceso de autonomía uniprovincial para León con 22 votos a favor de la UCD y AP, frente a 4 de PCE y PSOE. Por ello, Rodolfo Martín Villa presentó la dimisión de sus cargos. El 19 de enero de 1983 el Ayuntamiento de Ponferrada decide en pleno extraordinario la desvinculación de León del ente y en una segunda votación la solicitud de una autonomía uniprovincial leonesa. Esta iniciativa fue secundada en otros ayuntamientos. El 25 de octubre lo haría el de León. El 20 de enero de 1983 se reúne la Comisión Constitucional para tratar el estatuto de autonomía de Castilla y León y el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad en la que se pedía la exclusión de León. Se presentó igualmente una enmienda en el Senado. Estas propuestas fueron rechazadas en el Congreso y en el Senado. El 29 de enero de 1983 unas 20.000 personas salieron por tercera vez a la calle, encabezadas por el presidente de la Diputación y el alcalde de León. Allí defendieron la autonomía leonesa con la idea de « desvincular a León del ente de Castilla y León ». El 3 de junio de 1983, 59 senadores de AP presentaron al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad respecto al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, « en cuanto abarca la provincia de León y a las menciones que de tal provincia hace el Estatuto ». El 13 de octubre de 1983 el Tribunal Supremo juzga válido el acuerdo adoptado el 13 de enero de 1983 por la Diputación, favorable a separar León de Castilla. La gran manifestación El 4 de mayo de 1984, 35.000 manifestantes según la prensa, 90.000 según la Policía Municipal, se posicionaron en contra de la incorporación de León a la comunidad castellana y a favor de León solo. Esto muestra cómo el número de asistentes a manifestaciones aumentó constantemente. En ningún momento se produjo una movilización que defendiese la autonomía de Castilla y León, o cualquier otra opción que no fuese la leonesa. El Tribunal Constitucional desestima el 28 de septiembre de 1984 el recurso presentado, invalidando la decisión de la Diputación del 13 de enero de 1983 de segregarse del ente. En la actualidad, las principales fuerzas políticas leonesas dicen que el proceso autonómico está cerrado, a pesar de que, jurídicamente, no lo está. Es únicamente una cuestión de voluntad política que debería estar acorde con la voluntad de los ciudadanos representados. Por otra parte, el regionalismo vallisoletano consiguió en gran medida institucionalizar su concepto regional, logrando así los recursos necesarios para inculcar su unitaria concepción castellano-leonesa a través de estadísticos, geógrafos, cartógrafos, historiadores, prensa, televisión, publicidad y muy especialmente mediante la educación escolar con las asignaturas de Geografía e Historia. Todo ello contribuye a la ocultación de León, como muy bien explica el escritor Juan Pedro Aparicio en su excepcional Ensayo sobre las pugnas, heridas, capturas, expolios y desolaciones del viejo reino, en el que se apunta la Reivindicación leonesa de León: «Y es que a León, a base de no nombrarle, se le ha hecho desaparecer». ¿Y el futuro? Sin duda depende exclusivamente de los leoneses, de si tenemos voluntad o no en seguir siendo uno de los pueblos de España. Sin embargo, si queremos proyectar un futuro sólido es necesario comprender bien nuestro presente, el cual es consecuencia directa del pasado.