El Cóndor extiende sus alas

¿Perú se adhirió al «Plan Cóndor?», es la interrogante abierta en el país andino a raíz de la investigación judicial en Roma de la desaparición de 25 italianos entre principios de 1970 y finales de 1980, cuando proliferaron los gobernantes militares en Sudamérica. La jueza italiana Luisianna Figliolia encargada de las investigaciones preliminares del caso emitió recientemente órdenes de captura contra 140 personas entre dictadores, ministros y jefes de los servicios secretos y policía de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay. Entre los acusados figuran el ex gobernante de facto de Perú, Francisco Morales Bermúdez (1975-80) y su ex primer ministro Pedro Richter Prada, lo que puso en guardia a los propios implicados y al Gobierno central, que aseguraron que en el país andino nunca se aplicó el «Plan Cóndor». La llamada «Operación Condor» fue la acción acordada por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia para colaborar en la represión de sus opositores entre 1970 y 1990. Un informe de la CIA -en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano, Giancarlo Capaldo- señala que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros a finales de los ochenta, según citó el diario peruano La República esta semana. Además, el investigador norteamericano John Dinges, sostiene en su libro Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el cono sur, que este plan tuvo «luz verde» de EEUU y contó con la participación de Perú desde 1978. En este contexto, se habría producido hace 27 años en Perú el secuestro y expulsión del país de la fallecida ciudadana argentina, de ascendencia italiana, Noemí Gianotti de Molfino, junto a María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Federico Frías. En el libro Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército peruano, del periodista peruano Ricardo Uceda, un ex agente de inteligencia relata la historia de un operativo secreto que ejecutaron militares peruanos y argentinos para secuestrar en Lima a un grupo de montoneros. Estas personas, entre ellas Molfino, cuya desaparición es investigada en Italia, supuestamente preparaban un atentado contra el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla durante una visita oficial a Lima para la transición democrática en julio de 1980. En declaraciones este viernes a una emisora peruana, Richter Prada afirmó que la deportación se produjo «simple y llanamente porque ingresaron al país con pasaportes falsificados y nombres falsos y se aplicó la ley, razón por la cual fueron deportados a Bolivia, porque por allí ingresaron». La versión de Richter se contradice con las declaraciones del propio Morales Bermúdez, quien admitió el jueves que la detención y expulsión de los argentinos había sido parte de «un seguimiento de inteligencia para que no hubiera nada en el país». El ex dictador también aseguró que los montoneros fueron enviados a Bolivia porque no había referencias de que en esa nación existiese el Plan Cóndor, al insistir en que Perú «nunca» formó parte de dicho operativo. Para el ex ministro del Interior y analista político Fernando Rospigliosi el «secuestro» fue «un hecho» que «contó con la complicidad del Ejército peruano», aunque puso en duda la responsabilidad de Morales Bermúdez en «ese caso específico». Rospigliosi aseguró que en «Perú no hubo Plan Cóndor» porque en esos momentos aún no existían grupos subversivos, al coincidir también con presidente peruano, Alan García. «De acuerdo a todas las evidencias que tengo (...) estoy muy en capacidad de decir que no hubo una acción concertada de inteligencia de la dictadura argentina que tenía otro carácter social, fascistoide, ajeno a los objetivos que aquí tuvieron los militares en su Gobierno», detalló García al referirse al período de Morales Bermúdez. Los principales líderes políticos consideran que el ex militar golpista devolvió la democracia a Perú, ya que aceptó la conformación de una Asamblea Constituyente y las elecciones generales de 1980, en las que triunfó Fernando Belaúnde Terry. Pero sus detractores consideran que durante su régimen, que sucedió al del también presidente de facto, el izquierdista Juan Velasco Alvarado, hubo gran cantidad de muertos por la represión contra los que exigían el fin de la dictadura.