Educación y financiación, puntos clave en el Concordato entre el Estado y la Santa Sede

El Gobierno y la Santa Sede firmaron en 1979 el Concordato que vincula a los dos Estados por su carácter de tratado internacional y que regula acuerdos en materia económica, enseñanza, aspectos jurídicos y Fuerzas Armadas. Se trata de un convenio por el que se ordenan los asuntos eclesiásticos y las relaciones mutuas de la Iglesia católica con el Estado español y que ha sido revisado sucesivas veces hasta la actualidad, desde que se aprobó el primero en 1418. Acuerdo económico El Estado español se compromete a colaborar con la Iglesia en la consecución del adecuado sostenimiento económico. La Institución religiosa declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes que le permitan autofinanciarse. Actualidad En 2006 la Iglesia y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero suscribieron un pacto sobre financiación por el que se suprimió la dotación directa del Estado, una cantidad que recibía el clero vía presupuestos, en caso de no alcanzarse un mínimo a través de la «x» en la casilla de la Declaración de la Renta. Se modificó la asignación del IRPF que recibe la Iglesia del 0,52 por ciento al 0,70 por ciento. La Iglesia quedó sujeta al pago del IVA en la adquisición de bienes e inmuebles como venía reclamando Europa. La Conferencia Episcopal se comprometió a presentar al Gobierno una memoria económica anual en la que justifique el gasto de la asignación procedente del IRPF. Acuerdo sobre Enseñanza: El Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa. La Iglesia admite que debe coordinar su misión formativa con los principios de la libertad civil en materia religiosa y con los derechos de familias, alumnos y profesores. Actualidad La Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno socialista determina que la enseñanza de la religión católica será de oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos, al tiempo que será evaluable pero no computable. Se establece que la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que proponga el obispo. Determina que la situación económica de los profesores de religión católica en los distintos niveles educativos se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal. Acuerdo sobre asuntos jurídicos: El Estado reconoce a la Iglesia el derecho a ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. Acuerdo sobre las Fuerzas Armadas Se regula la «asistencia religioso-pastoral» a los miembros católicos del Ejército, que se desarrolla a través del Vicariato Castrense