La Unión Europea pone los deberes ecológicos a España

La Comisión Europea (CE) ha aprobado una propuesta de directiva que incluye medidas sobre energía y cambio climático destinadas a reducir las emisiones contaminantes y a consolidar el sector de las energías limpias. El objetivo es recortar el CO 2 emitido a la atmósfera, especialmente por los llamados sectores «difusos» como transporte, vivienda y agricultura, que no están incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones. La Comisión ha distribuido los esfuerzos entre los países en función de su PIB por habitante, por lo que los más ricos tendrán que reducir sus emisiones hasta en un 20%, mientras que los que tienen una economía menos desarrollada podrán incrementarlas hasta un 20%. Las industrias que no participan en el sistema europeo de comercio de emisiones deberán reducirlas un 10% respecto a las del año 2005 en el conjunto de la UE. Habrá cambios como que el sector eléctrico deberá pagar por todos sus permisos de emisión desde el año 2013 a través de subastas, y no los obtendrá gratuitamente como hasta ahora. Otros sectores industriales y también la aviación entrarán progresivamente en el sistema de subastas, aunque se harán excepciones para aquellos vulnerables a la competencia internacional. 20-20-20 La CE quiere hacer realidad los compromisos que la UE asumió el pasado mes de marzo. En esa fecha, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron, para el horizonte del año 2020, reducir en un 20% el consumo, en un 20% las emisiones de CO 2 , y que el 20% de la energía que se consuma en la UE proceda de fuentes renovables. Es lo que se conoce como la estrategia 20-20-20. Además de los objetivos nacionales sobre emisiones y energías renovables, ha propuesto una revisión del sistema de comercio de emisiones contaminantes, que obligará a las industrias que participan en el mismo a recortar sus gases contaminantes en un 21% respecto al año 2005. Por lo que se refiere a España, deberá reducir las emisiones de CO 2 en un 10% en el año 2020, respecto a las de 2005, y que en esa misma fecha el 20% de su consumo energético proceda de fuentes renovables, más del doble de lo que representan en la actualidad (8,7%). En materia de renovables, los países a los que se les exige mayor esfuerzo son Suecia (49%), Letonia (42%), Finlandia (38%), Austria (34%), Portugal (31%) y Dinamarca (30%). A Francia se le ha asignado el 23% de cuota obligatoria, mientras que a Alemania se le exige el 18%, a Italia el 17 y a Reino Unido el 15. En cuanto a los recortes de emisiones en transportes y vivienda, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo asumen la mayor carga (20%), seguidos de Suecia (17%), Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Austria (16% cada uno). En cambio, los países más pobres (Bulgaria y Rumania) podrán aumentar sus emisiones un 20 y un 19%, respectivamente, para continuar con su desarrollo. Según afirmó Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, el coste de este paquete de medidas para luchar contra el cambio climático será del 0,5% del PIB de la UE en el año 2020, es decir, 3 euros semanales por persona, alertando, además, que en el caso de no actuar ascendería a unos 60 euros. Anunció, asimismo, que las industrias con alto consumo de energía obtendrán los derechos de emisión de manera gratuita para no ver dañada su competitividad internacional, y que si no se alcanza un acuerdo internacional contra el cambio climático a finales del año 2009, la UE se planteará exigir a los importadores que compren también derechos de emisión para que puedan competir en igualdad de condiciones. La CE también pretende regular la captura y almacenamiento de CO 2 para su posterior inyección en el subsuelo, una tecnología compleja y con unos costes todavía muy elevados, que ya ha demostrado que puede funcionar sin problemas y ayudar a recortar las emisiones. Por último, dio a conocer unas directrices que tratan de elevar la cuantía de las ayudas públicas que los Estados miembros pueden conceder a las empresas para el desarrollo de proyectos que permitan reducir las emisiones contaminantes. La aprobación de todas las medidas exigirá el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros.