La Europa del Este prohíbe mirar atrás

«Mi suegro, luchador contra la dictadura comunista y activo militante de Solidaridad, cobra el equivalente de unos 350 euros de pensión al mes; sus antiguos represores más de 1.200 euros. ¿A usted le parece normal?». Marek Magierowski, subdirector del diario polaco Rzeczpospolita, no espera contestación, sabe la respuesta. También Alexander Tacu, ex preso político rumano cuyo hijo, Malin, fue asesinado por la «Securitate» (policía política del régimen comunista de Bucarest) cuando sólo tenía 17 años. Alexander ha removido cielo y tierra pero no ha conseguido que se le haga justicia. Los regímenes democráticos surgidos en la Europa del este prefieren mirar hacia otro lado en vez de saldar cuentas con su pasado comunista. Diliana D. tiene 43 años. Es hija de un antiguo miembro del Partido Comunista Búlgaro, y eso le salvó de la cárcel en 1987, cuando fue detenida durante unos disturbios en la Universidad de Sofía. Pero recibió golpes por todo el cuerpo. «Me insultaron y me amenazaron con violarme», recuerda Diliana. Son historias menores, pequeños ejemplos de la brutal represión que ejercieron durante más de cuarenta años los regímenes comunistas en los países de Europa central y oriental. Después de la caída del Muro de Berlín, en 1989, iniciaron un proceso de transición a la democracia y la economía de mercado basado en el olvido. La mayoría de los responsables políticos y policiales de los regímenes soviéticos no fueron juzgados por sus atropellos y algunos siguen ocupando cargos institucionales relevantes. Dos décadas después del desmoronamiento del bloque soviético, muchas víctimas reclaman justicia y muy pocos verdugos han sido condenados. Pero muchos ciudadanos prefieren olvidar el pasado o no saben cómo saldar cuentas con la larga etapa dictatorial porque, como explican el ex presidente checo y escritor Václav Havel o el periodista polaco Adam Michnik, el sistema pudo sobrevivir no sólo por el terror, sino también gracias a muchas complicidades sociales, la indiferencia de parte de la población, e incluso la colaboración activa de bastantes ciudadanos. Havel y Michnik consideran oportuno conocer el pasado, pero sin caer en el revanchismo. «Olvidar el pasado es absurdo, pero no hay que caer en la trampa de anclarnos en él y de no mirar el futuro», apunta Karol Modzelewski. Diversos modelos Mientras en Polonia hubo un movimiento popular que puso contra las cuerdas al régimen y se hizo una transición pactada entre los sectores reformistas comunistas y la oposición, en Rumania un golpe de Estado promovido por la fracción prosoviética de la dictadura acabó con la vida del tirano Nicolae Ceausescu y de su esposa, Helena. En el resto de los países ex comunistas, el régimen acabó pacíficamente, aunque hubo golpes de palacio y presiones callejeras. Se celebraron elecciones y los antiguos jerarcas se integraron sin demasiados problemas en el nuevo sistema democrático; incluso ganaron después la batalla de las urnas. Hubo intentos de exigir responsabilidades, pero con escasos resultados: con el paso del tiempo víctimas y ex luchadores por la libertad han acabado en el olvido. Los alemanes han sido los más valientes, con medidas políticas y jurídicas para solucionar injusticias. El último líder comunista, Egon Krenz, fue condenado a seis años de prisión por su corresponsabilidad en la práctica policial de disparar a matar en la frontera, pero Erich Honecker, máximo dirigente del SED (Partido Comunista) de 1971 a 1989, pudo refugiarse en Chile, donde murió unos meses después sin que nadie le atormentara por su pasado. Lo mismo ocurrió con miles de altos funcionarios del régimen anterior y jefes y agentes de la Stasi, la Policía política comunista. En Polonia, el primer jefe de Gobierno no comunista, Tadeusz Mazowiecki, apostó desde un principio por la política del olvido aunque altos jerarcas comunistas seguían ocupando puestos importantes en el país y hasta llegaron a ganar después elecciones democráticas. En la década de los 90 hubo intentos de pedir responsabilidades a los ex comunistas y en 1997 una ley de depuración afectó a unos 30.000 altos cargos públicos. Otras iniciativas, alguna de naturaleza revanchista como la polémica Ley de Lustración impulsada por el anterior gobierno ultraconservador de los hermanos gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski, fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional. En la antigua Checoslovaquia y en Hungría tampoco hubo procesos de revisión. En Chequia se purgó a funcionarios del partido y de los antiguos aparatos del Estado, pero afectaron a muchos inocentes o sin implicaciones relevantes. En Eslovaquia, antiguos responsables comunistas tuvieron más suerte y han permanecieron en sus puestos hasta día de hoy. Checos y húngaros han impulsado comisiones de investigación para averiguar hechos luctuosos como la represión de la revolución democrática húngara en 1956 o la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, pero en términos generales las palabras y las buenas intenciones no se han traducido en hechos concretos. Casos terribles Los tres casos más terribles son los de Rumania, Albania y Bulgaria, donde gobernaron tiranos sin escrúpulos como Ceausescu, el albanés Enver Hoxa y el búlgaro Todor Zhivkov. Dos millones de personas murieron en Rumania, y Albania fue durante más de 40 años una inmensa cárcel parecida a Corea del Norte, donde la tortura y las eliminaciones físicas, a veces encubiertas como suicidios, eran prácticas comunes de la Policía política, la temible 'Segurimi'. Casi dos décadas después, el 'país de las águilas' ha abrazado la senda del capitalismo neoliberal y los antiguos comunistas se han reconvertido sin problemas. En Bulgaria, el Parlamento aprobó la apertura parcial de los archivos de los poderosos y sofisticados servicios secretos comunistas en diciembre de 2006 ante la indiferencia de una parte importante de la población, que duda de la eficacia de esta medida. Y algunos ex agentes de los servicios secretos han muerto en extrañas circunstancias. En Rumania, la apertura de los archivos de la 'Securitate' por orden del presidente del país, Traian Basescu, ha provocado un fuerte rechazo de la extrema derecha nacionalista y de los postcomunistas. El Partido Comunista tuvo cuatro millones de afiliados -sobre una población de 20 millones- y más del 2 por ciento de la ciudadanía colaboró con la 'Securitate', por lo que «es comprensible que haya una fuerte oposición a conocer el pasado, porque algunos tienen mucho que perder si se sabe la verdad», señala el historiador Marius Oprea, presidente del Instituto de Investigación sobre los Crímenes del Comunismo. Y, sin embargo, «los jóvenes quieren saber lo que hicieron sus padres», se sorprende Oprea.