¿Y para qué ha servido?

Diez días de huelga en plenas Navidades. Y no un paro cualquiera, un conflicto para quebrar la línea de flotación de uno de los servicios esenciales y de máxima prioridad para los ciudadanos: la recepción y el tratamiento de la basura.

Una huelga que llegó tras otra convocada en la semana del puente de la Inmaculada, que se cerró sin resultado alguno para los convocantes, los 188 trabajadores de la UTE que reivindican desde hace meses un convenio en el que no pierdan derechos respecto al que han tenido durante cuatro años.

Al menos en el paro anterior, Gersul medió para que las partes en conflicto se sentaran a hablar, aunque sin resultado. Infructuosos fueron igualmente los encuentros auspiciados por el Serla antes de esta nueva huelga.

A pesar de la larga duración de esta otra convocatoria, nadie dio un paso para solucionar con los trabajadores un paro que en su segunda fase logró bloquear el sistema provincial de recepción y tratamiento.

Los ayuntamientos, obsesionados con que la huelga no se visualizara en la calle, contaron con la alianza de Gersul con unos servicios mínimos que lograron minimizar los efectos en la primera mitad del conflicto, además de desmoralizar a los trabajadores deseosos de que el paro se notara.

La intervención judicial dio un giro al asunto y la suspensión de los mínimos de Gersul obligó a la Diputación a dictar unos nuevos, entre tanto, la basura ya había llegado a la calle sin remedio. «Un triunfo», dicen los trabajadores, que anuncian ahora batalla judicial. Y la empresa sin despeinarse, espera que Gersul le saque las castañas del fuego y ponga el dinero que exige la plantilla.