El ministerio pregunta a la Junta por las denuncias que proliferan en León

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado información a la Junta Castilla y León sobre la cascada de denuncias que se han presentado durante los últimos días en torno al negocio eólico que se desarrolla en las montañas de Omaña y La Cepeda. La Dirección General del Medio Natural y Política Forestal fue informada de la situación por el naturalista cántabro Jesús Garzón, que se ha interesado personalmente por lo que considera «un desarrollo indiscriminado de parques eólicos, en una zona delicadísima, sin planificación alguna», afirmaba ayer durante su primera visita desde hace años a la montaña omañesa y cepedana donde ya operan varias redes.

Garzón asegura que el director general José Jiménez García-Herrera desconocía la situación e inmediatamente requirió información a la Junta, que todavía no ha dado las instrucciones oportunas al Seprona para paralizar el movimiento de maquinaria pesada y operarios en una zona donde está prohibido hasta entrada la época estival. Asimismo, Jiménez solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, que, a través del fiscal de apoyo Antonio Colmenarejo Frutos, se puso en contacto con el fiscal delegado de Medio Ambiente de León para recabar todo tipo de información sobre estas presuntas irregularidades sobre las que ya trabajaba la fiscalía leonesa.

En opinión del naturalista Jesús Garzón, «estas montañas se han convertido en un país sin ley y ésto último es la gota que ha colmado el vaso».

Por esta razón, se pretende que el Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, fiscalice todos los fondos que la Junta de Castilla y León ha destinado a estas zonas donde se desarrollan los parques eólicos y las subvenciones que se han repartido entre el sector. «No se puede invertir en nombre de la conservación y luego permitir esto», se lamentó Garzón. Esta queja no se ha tramitado para repetar la libertad de actuación de España durante su presidencia de turno en la UE, pero fuera de ese plazo lo más probable que se inste al alto tribunal a inspeccionar el destino de determinados fondos procedentes de Europa.

«Estas empresas que presumen de ser verdes, deberían dar ejemplo de verdad. Pero están fragmentando sus proyectos y así eluden la normativa ambiental y eléctrica, como ha reconocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia», indicó Garzón.

Los responsables de la Consejería de Economía y Empleo siguen sin manifestarse al respecto ni tampoco sobre la decisión de su titular, Tomás Villanueva, de no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia ya firme del TSJ de Castilla y León que desautoriza las concesiones de parques eólicos tramitadas por su departamento.