Diario de León

El CGPJ aclara que preguntar al fiscal no significa que se prejuzgue a Garzón

La nieta de Juan Negrín reclama a Dívar que se abstenga de decidir sobre la suspensión del juez porque juró lealtad a Franco al iniciarse en la carrera judicial

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EFE | VALENCIA/MADRID

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La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, aseguró ayer que el hecho de que este órgano pregunte al Ministerio Fiscal si procede suspender cautelarmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no significa que se le esté «prejuzgando». Según ha dicho Bravo en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha acudido a una entrega de premios de la Fundación Manuel Broseta, «no hay un plazo específico» para que el Ministerio Fiscal se pronuncie al respecto, aunque cree que lo hará en «breve», y entonces el Consejo «valorará» su respuesta.

La portavoz ha insistido en que este traslado al Ministerio Público «no significa que se vaya a entrar en la cuestión de fondo de forma automática», ya que es un «trámite natural», efectuado tras dos resoluciones del Tribunal Supremo. «No se está ni prejuzgando ni adelantando nada», ha reiterado la portavoz.

Politización de la Justicia. Por otra parte, preguntada por una posible «politización de la justicia», ha dicho que el CGPJ «es un órgano político» y que sus acuerdos «conforman la política judicial de este país», lo cual no significa que los otros poderes -”Ejecutivo y Legislativo-” le «marquen el camino».

Mientras, Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la Segunda República Juan Negrín (1937-1945), pidió ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que se abstenga de decidir sobre la suspensión de Garzón porque en su día juró lealtad a Francisco Franco. En una carta dirigida a Dívar, Negrín considera que éste puede incurrir en falta de imparcialidad porque, cuando ingresó en la carrera judicial, tuvo que jurar lealtad al dictador y una de las causas por las que podría acordarse la suspensión de Garzón es precisamente por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

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