Varios juristas denuncian que es «el peor golpe desde el 23-F»
Tres querellantes aseguran que el juez dictó resoluciones arbitrarias a sabiendas
El pseudosindicato Manos Limpias registró una querella en el Supremo en la que acusaba al juez de prevaricar -”dictar resoluciones arbitrarias o ilegales a sabiendas-”. Pese a que la Fiscalía del alto tribunal solicitó el archivo por no hallar indicios delito, la Sala de lo Penal, «sin valorar ni prejuzgar lo sucedido», entendió que la hipótesis de que Garzón prevaricara no era «ni absurda ni irracional», por tanto imputó al juez y abrió una investigación.
El magistrado Luciano Varela se hizo cargo de la instrucción y llamó a declarar a Garzón el pasado septiembre. Mientras la Fiscalía reiteró, sin éxito, la petición de archivo de la causa hasta en tres ocasiones, la Sala de lo Penal admitió la personación de otros dos querellantes: la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons, que justificó su presencia porque el juez menoscabó el honor de dirigentes fascistas de la época.
El pasado 4 de febrero y tras ocho meses de proceso, Varela consideró que había indicios suficientes para procesar a Garzón por prevaricación, pero se lavó las manos y dejó la decisión final a la Sala de lo Penal. Garzón contraatacó con un recurso en el que tachaba de «insostenibles» las acusaciones y pidió a la Sala que admitiera nuevas pruebas testificales para probar su inocencia.
Pero el Consejo General del Poder Judicial no esperó e inició los trámites para la suspensión cautelar del juez ante su previsible procesamiento. Se estaba a punto de consumar el «peor golpe desde el 23-F», según los juristas que firmaron esta semana un manifiesto a favor del casi procesado.