La memoria entierra a Garzón

Garzón debería tener cuidado con este asunto, porque la leyes de amnistía eximen a los autores de los hechos y si busca alguna artimaña para poner en marcha una causa estaría rozando la prevaricación». Diciembre de 2006. La premonitoria advertencia no venía del colectivo de enemigos que en sus 22 años de profesión se ha granjeado Baltasar Garzón. Procedía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya al comienzo del proceso que ha colocado al magistrado al borde del banquillo alertaba en privado de las consecuencias de abrir una investigación por los crímenes franquismo.

Todo empezó cuando cinco asociaciones que reivindicaban la memoria histórica presentaron en la Audiencia Nacional denuncias por desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura. Las demandas llegaron a la mesa de Garzón un 14 de diciembre de 2006, ese día estaba de guardia. El juez las envió al Decanato, que procedió a su reparto a través de un programa informático «aleatorio y equitativo», en palabras del decano, Santiago Pedraz.

1397124194 En el sorteo salió Garzón . Cinco días después el magistrado abrió una investigación preliminar para indagar las denuncias. Durante el año siguiente ratificó mediante providencias la presentación de nuevas demandas. Provenían de otras asociaciones de la memoria histórica y de particulares. Llegaron a superar la veintena. Los colectivos justificaban que la vía penal era el camino más corto para desenterrar a las víctimas, pues la otra vía, la administrativa -"detallada en la Ley de la Memoria Histórica-" aún no había entrado en vigor.

La bola mediática crecía sin mesura y la Fiscalía no tardó en frenar en seco el atrevimiento de Garzón. En una dura respuesta, dejó claro que el juez no era competente para investigar las denuncias que incluyeran la calificación de delitos contra la humanidad. Y, además, avanzó el camino que el instructor acabaría por tomar en noviembre de 2008, cuando decidió inhibirse de la causa: «Las denuncias por detenciones ilegales son delitos comunes que deben ser investigados en los juzgados donde se cometieron los hechos», escribió en febrero de 2008 el fiscal jefe Javier Zaragoza. Pero Garzón hizo oídos sordos y siguió con las diligencias sin resolver sobre su competencia, ordenó a distintas instituciones el envío de listado de desaparecidos entre 1936 y 1939, «recabando para sí» el control de las exhumaciones que pudieran estar practicándose, según rebatió dos años después la Sala de lo Penal del Supremo para justificar la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias por presunta prevaricación.

Si hay un momento clave en la caída del magistrado fue el 16 de octubre de 2008. Pese a las presiones políticas y judiciales para que dejara la investigación, Garzón declaró la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de crímenes contra la humanidad.

Ordenó la exhumación de las fosas ya identificadas, entre ellas la de Federico García Lorca, y «salvó» los escollos legales implicando a altos cargos de la dictadura, entre ellos Franco, con el argumento de que el delito de detención ilegal no prescribe pese a las leyes de amnistía y por no haberse hallado el paradero de cada uno de los 114.000 desaparecidos registrados.

Al estar todos los acusados fallecidos, el juez anticipó en el auto la extinción de la responsabilidad penal de los autores, lo que presuponía que el caso pasaría de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales correspondientes. De todos modos, la Fiscalía recriminó al juez la vulneración de varios principios legales y las reglas de competencia. Y el 18 de noviembre Garzón, finalmente, se inhibió de la causa al declarar que los responsables de los delitos habían muerto. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisó poco después sus resoluciones y concluyó que el instructor hizo lo que debía. Tras soltar el sumario, los querellantes se frotaron las manos.