La Audiencia Nacional prohíbe al juez Garzón cerrar el «chivatazo»
Ordena que «agote al máximo la investigación» e insiste en que todo apunta a que los soplones fueron policías y asegura que se trata de un hecho «sin precedentes»
El juez Baltasar Garzón ha sido obligado a investigar a fondo el caso Faisán.
Duro varapalo a la intención de la Fiscalía y de Baltasar Garzón de dar carpetazo definitivo a la investigación del «chivatazo» a ETA sin sentar a nadie en el banquillo. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohíbe expresamente al juez cerrar en falso el caso y le ordena que «agote al máximo la investigación» porque -recuerdan los magistrados- la supuesta implicación de policías en la delación al aparato de extorsión etarra es «un hecho sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». Por ello, exigen a Garzón «transparencia» y un plus de «celo y diligencia en su investigación ( ) más allá de lo normal o lo usual» ante la «extrema gravedad» de los sucesos que tuvieron lugar en el bar Faisán de Irún aquella mañana del 4 de mayo del 2006.
La sección segunda, que resuelve los recursos planteados por las acusaciones populares en contra de la decisión de Garzón de no investigar más, asegura que lo que ocurrió allí fue «un delito de revelación de secretos y a su vez de colaboración con banda armada».
Los magistrados Enrique López, Julio de Diego y Ángel Hurtado no dudan en señalar sin tapujos que existe «otra dirección» en la investigación que debe seguir Garzón: «otro círculo de funcionarios», los que investigaban la red de recaudación de ETA y a los que el propio juez encomendó indagar a sus compañeros y superiores.
Este grupo, que lideraba el inspector jefe Carlos G., fue el que, tras meses de investigaciones, llegó a la conclusión de que el chivatazo había sido obra de los hasta ahora tres únicos imputados: el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el policía de Vitoria especialista en terrorismo islámico que supuestamente entregó a Joseba Elosúa, jefe de la red de recaudación etarra y propietario del bar Faisán, el móvil desde el que un desconocido le habría avisado de la inminente operación policial para no empañar el proceso de negociación recién abierto con ETA.
La Sala reprocha a la Fiscalía, al juez y a los propios policías que esa «nueva línea de investigación» no «haya sido tenida en cuenta» ni «valorada», por lo que acepta la petición, rechazada por Baltasar Garzón, de interrogar como testigo a Carlos G.
