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La debilidad económica y poblacional relega a León a la cola del desarrollo a nivel nacional

La provincia tiene la tasa más baja de creación de empleo, y acrecienta su distancia en la convergencia

León

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Un repaso a los datos económicos, poblacionales y de empleo y desarrollo de la provincia dibuja un panorama desolador. Declive poblacional, debilidad económica, pérdida de competitividad e incremento en la diferencia que separa a León del resto de las provincias (incluso de las de la comunidad autónoma) en el índice de convergencia. Dificultades para crear riqueza, y muchas más para generar empleo. Estructura económica obsoleta, falta de infraestructuras, y una organización administrativa que entorpece la prestación de servicios a la población rural e invita a la emigración.

Un panorama, en fin, que obliga a tomar medidas urgentemente y a prestar especial atención a las políticas que salven los desequilibrios de desarrollo dentro de la comunidad, y que apuesten decididamente por la convergencia, en primer lugar entre los ciudadanos de Castilla y León. Un plan integral de actuación que ayer reclamaron en la capital el secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, y el responsable provincial del sindicato, Arturo Fernández. Ambos presentaron su Propuesta en materia de convergencia interior de Castilla y León, en la que reclaman mayor dotación económica, un plan de actuación a medio plazo y, sobre todo, que los fondos destinados a la convergencia se destinen únicamente a las provincias más retrasadas de la comunidad: León, Zamora, Salamanca y Ávila.

La propuesta recoge una serie de medidas que pongan remedio a retrasos que hacen que León sea la provincia con la tasa más baja del país en creación de empleo; o que en poco más de cuatro años haya perdido 45.000 trabajadores, que son contratados hoy fuera de la provincia. «Si el comportamiento de León en la crisis no ha sido tan malo como en otras zonas del país es porque realmente hay poco que perder», señalaba ayer Prieto; quien reclamó la implicación no sólo de los políticos, sino de todos los que participan en el diálogo social para poner en marcha medidas efectivas que actúen eficazmente en la convergencia.

Para ello, UGT considera claramente innecesaria la previsión de dotar al plan de convergencia autonómico de 300 millones durante tres años. El sindicato exige que sean 500 millones anuales de inversión, pero en un plazo de 12 años, que permita que las medidas tengan resultados.

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